Una de las acusaciones particulares en la pieza separada en la que se investigan los encargos que le hizo el BBVA a José Manuel Villarejo cuando éste se encontraba en activo en la Policía Nacional ha pedido al juez que imponga una fianza de dos millones a la entidad financiera; al ex presidente Francisco González y al actual jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse si en el futuro son condenados. El juzgado no ha resuelto todavía.

La petición la formalizó el abogado barcelonés afincado en Girona Felipe Izquierdo Téllez en un escrito fechado el pasado 9 de noviembre, semanas después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional aceptara su personación en el caso como víctima de los delitos que se investigan. El letrado había presentado una querella tras tener conocimiento de que el banco "dio órdenes de 'espiarle' con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente, de Francisco González" por su posición crítica en las juntas generales del banco con la gestión de la anterior cúpula directiva.

Multiplicando los 42 años de ejercicio profesional por una cuota mensual de 2.000 euros, Felipe Izquierdo cifra en 1.512.000 euros el importe de la fianza por la que -en su opinión- tendrían que responder "de manera conjunta y solidaria" los tres querellados: FG, Gortari y el propio BBVA. Esa cantidad se eleva hasta los 2.010.960 euros al sumarle el tercio que prevé la Ley de Enjuicimiento Criminal en su artículo 589.

En opinión de este abogado, la cuantía es "moderada y proporcionada" atendiendo a los ingresos de Francisco González (5,14 millones de euros en 2018, según señala) y Joaquín Gortari, así como al hecho de que la reparación del supuesto daño "ya no es posible" al haber trascendido.

"Ese gratuito, repudiable y execrable destrozo de la persona no se va a reparar jamás. Son 42 años de intachable ejercicio de la profesión (alta el 19 de abril 1977), sin mácula alguna, destruidos por personas sin escrúpulos, vulnerando la intimidad, revelando datos de todo tipo de carácter personal, amparándose en su dinero y sus cargos de poder, que tan deshonradamente han ejercido….¡y pensar que deciden sobre los ahorros de cientos de miles de personas!", razona en su escrito.

La petición la ha realizado un abogado tras conocer que también fue espiado por Villarejo a encargo del banco

Para fundamentar su petición, Felipe Izquierdo expone que Gortari "reconoció expresamente" ante el Comité de Disciplina Corporativo de BBVA que por iniciativa de "su jefe" -en alusión a FG- "recabó información privada, no accesible a través de fuentes públicas, de datos de carácter personal" suyos relativos a ideología personal, vida personal, trayectoria profesional e información financiera. "Esa información ha sido difundida, entre otros, al Banco Central Europeo, a Garrigues abogados, a PwC, a directivos de BBVA, a todas las partes intervinientes en las presentes diligencias previas… amén de haber sido reveladas públicamente por un diario de difusión nacional en sendos artículos que constan en las actuaciones", añade.

El querellante recuerda que, por recabar dichas informaciones, el BBVA pagó "sumas millonarias" al grupo empresarial controlado por el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, al tiempo que invoca una sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó el pasado 20 de julio consagrando el derecho a la intimidad como un "derecho fundamental".

En su escrito, el denunciante solicita al juez que cite a declarar como investigado a Gortari puesto que fue él, según expone, quien "reconoció expresamente ante el Comité de Disciplina Corporativo de BBVA que a instancias del Sr. Francisco González ("su jefe") recabó información privada, no accesible a través de fuentes públicas, de datos de carácter personal de Don Felipe Izquierdo Téllez".

Macrocausa

Los hechos denunciados por este abogado se investigan en la pieza número 9 del caso Tándem, una en las que se ha desgajado el sumario de esta macrocausa que tiene a Villarejo como principal imputado. La instrucción trata de determinar la responsabilidades penales por los servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al antiguo agente encubierto desde 2004, a raíz de que la constructora Sacyr intentara sin éxito lanzar una OPA para tomar el control del BBVA y desplazar a FG de la Presidencia.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros ex directivos del banco, como el ex director de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex responsable de riesgos Antonio Béjar. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.