España

Los expedientes acabados por infracciones en el primer estado de alarma suponen el 0,64% de las sanciones

El Gobierno cifraba en 7.408 los expedientes con resolución sancionadora o con pago anticipado a finales de octubre, cuatro meses después de que se levantara el confinamiento / Las sanciones impuestas por los cuerpos policiales ascendieron 1.142.127

Un guardia civil registra un vehículo en una carretera madrileña la pasada Semana Santa.

Un guardia civil registra un vehículo en una carretera madrileña la pasada Semana Santa. EP

El número de expedientes que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno habían terminado de tramitar por infringirse las prohibiciones vigentes durante el primer estado de alarma representaba en otoño tan sólo el 0,64 % del total de sanciones impuestas por los cuerpos policiales durante los 99 días que duraron las restricciones de movimientos acordados para frenar la propagación del coronavirus.

En respuesta a una pregunta registrada por el grupo del PP en el Congreso, el Gobierno cifró en 7.408 los expedientes con resolución sancionadora o con pago anticipado que se contabilizaban a finales del pasado mes de octubre, cuando ya habían transcurrido más de cuatro meses desde que se levantó el estado de alarma. La cifra es insignificante en comparación con el número de propuestas de sanción que habían llegado a formular la Guardia Civil y las policías nacional, local y autonómica por incumplimientos de las medidas restrictivas de circulación que estuvieron vigentes durante la primavera: 1.142.127.

Por provincias, Valencia (842) fue la que más expedientes acabados acumulaba en dichas fechas. Le seguían Las Palmas de Gran Canaria (777), Santa Cruz de Tenerife (609), Granada (384), Cáceres (341), Córdoba (279), A Coruña (239), Alicante (229), Badajoz (214) y Murcia (201). En el otro extremo se situaron Castellón (cero), Málaga, (1), Jaén (4), Sevilla (5) y La Rioja (8).

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Como ya informó El Independiente, la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio -dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- cifró en 199.917 las sanciones que llegaron a tramitarse, casi una sexta parte de las que se impusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio (1,14 millones). De los expedientes que se iniciaron sólo se terminó el 3,52 %, según se desprende de la respuesta parlamentaria.

El Gobierno cifraba a finales de octubre en 7.408 los expedientes finalizados, frente a 1.142.127 sanciones que impusieron los cuerpos policiales

En cuanto a la cuantía de las sanciones propuestas inicialmente, el importe ascendía a 144.069.676 euros, lo que arrojaba una media de 720,6 euros por propuesta. De la cantidad total, las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía (39.418.196 euros) representaban el 27,3 %, por delante de Canarias (26,4 millones), la Comunidad Valenciana (15,25 millones) y Castilla y León (13,83 millones).

Incumplir el confinamiento domiciliario, las limitaciones de movimientos o no usar mascarillas en aquellos espacios en los que es obligatorio se considera desobediencia, lo que la Ley de protección de la seguridad ciudadana -más conocida como Ley mordaza– tipifica como infracción grave en su artículo 36.6: «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

Propuestas de sanción de los cuerpos policiales por incumplimientos de las medidas acordadas en el primer estado de alarma.

En un informe emitido el pasado 2 de abril, la Abogacía del Estado ya dejó entrever que sería difícil que prosperase la avalancha de sanciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales y autonómicas estaban imponiendo a ciudadanos que no respetaban las medidas previstas en el decreto por el que se decretó el estado de alarma. Los servicios jurídicos del Estado mantuvieron que «el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas» no podía ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia, sólo cuando la persona fuera conminada por un agente de la autoridad a cumplirlas «y el particular desatienda dicho requerimiento».

El pasado 14 de abril, justo un mes después de que entrara en vigor el estado de alarma con el que el Gobierno frenó la expansión del coronavirus, el Ministerio del Interior emitió un documento orientativo con los criterios de graduación de las propuestas de sanción a fin de que las delegaciones del Gobierno pudieran homogeneizar su actuación en la tramitación de los expedientes ante casos similares.

De esta forma, para un desplazamiento no autorizado sin la existencia de circunstancias concurrentes se proponía una sanción de 601 euros, la mínima prevista. Esa cuantía se duplicaba en el caso de que se constatara una persistencia en la vulneración de la restricción establecida.

La realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales se penalizaría con 2.000 euros, si bien ello dependería de la reiteración. Algo mayor era el castigo en el caso de que se detectara la presencia de menores o personas con discapacidad en el interior de un vehículo sin causa justificada: 1.500 euros.

Cuadro de sanciones

En el caso de los desplazamientos no autorizados a las segundas residencias, se proponía una sanción de 1.500 euros, al igual que si el infractor trataba de forma deliberada de evitar o dificultar su identificación. Si el acta se levantaba por la organización o participación en actividades en común como festejos y celebraciones, la propuesta era de 10.400 euros. Es el mismo importe que en el caso de que el infractor -sin llegar a constituir infracción penal- tuviera una actitud violenta o amenazante hacia el agente de la autoridad interviniente.

Desde que terminó el primer estado de alarma (21 de junio) y hasta el pasado 20 de octubre, los expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado tramitados por las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno por no respetarse las prohibiciones ascendían a 50.735, siete veces más que en el periodo anterior. Valencia (6.739), Islas Baleares (2.292), Valladolid (2.153), Albacete (2.145), Sevilla (2.057) y Cuenca (2.023) fueron las provincias con más sanciones, según datos del Gobierno.

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