Se prometió independencia, transparencia y regeneración para cerrar etapas y romper definitivamente con la teoría que subyace en el subconsciente de muchos ciudadanos: que la televisión pública no es más que una proyección de los partidos políticos. Pero el nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española es de nuevo el reflejo de un "intercambio de cromos" entre los políticos, en que la independencia informativa vuelve a quedar en entredicho. El pacto que anunciaron ayer las dos principales fuerzas del país ha disgustado por igual a las principales asociaciones de prensa y a los propios trabajadores del ente público por el marcado perfil ideológico de algunos de los vocales que formarán parte de la Administración de RTVE los próximos seis años.

El acuerdo se anunció a primera hora de la mañana del jueves. El PP informaba por sus canales oficiales que había logrado un pacto con el PSOE para renovar el Consejo de RTVE tras dos años y medio en funciones, aunque no incluía en su comunicado que en ese equipo negociador también había estado presente Unidas Podemos y el PNV. El reparto ya estaba hecho. De los 10 nuevos vocales, cuatro habían sido propuestos por los socialistas: Elena Sánchez Caballero; Ramón Colom Esmatges; Concepción Carmen Cascajosa y el nuevo presidente, José Manuel Pérez Tornero. El PP se quedaba con tres nombres: Carmen Sastre; Jenaro Castro y María Consuelo Aparicio. Podemos lograba dos asientos en el nuevo Consejo de RTVE, con dos perfiles polémicos: Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem; y el PNV proponía el restante, Juan José Baños, que llegó a desempeñar cargos en el Gobierno Vasco.

Más allá del corte progresista o conservador o de la ideología que puedan profesar "en su fuero interno" cada uno de los nuevos vocales, el problema que observa, por ejemplo, el presidente de la Academia Española de Radio, Jorge Álvarez, es que muchos de los elegidos "la exteriorizan" y no de la forma más ortodoxa, lo que alimenta la imagen de un Consejo de Administración inoperante por el simple hecho de que sus miembros se encuentran en las antípodas ideológicas. "A la hora de programar contenido todas las disputas ideológicas se pondrán encima de la mesa y se harán feroces, lo que afectará definitivamente a la propia administración y organización del ente", lamenta Álvarez.

Sin ir más lejos, uno de los nombres más polémicos es el de José Manuel Martín Medem, director de 'Mundo Obrero', el periódico oficial del Partido Comunista. Este periodista, propuesto por Podemos, es además columnista en 'La Última Hora', un digital entendido también como altavoz de la formación morada, entre otras cosas porque está dirigido por la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. En el citado medio, Medem ha publicado polémicos artículos de opinión en los que tildaba a Alfredo Pérez Rubalcaba de "monaguillo conspirador" y señalaba al periodista de Antena 3, Vicente Vallés, por exponer las contradicciones de Podemos en la investigación del 'Caso Dina'.

Otro perfil controvertido es el de Roberto Lakidain, también propuesto por Podemos, un periodista vinculado a CCOO partidario de aplicar "censura preventiva" a Vox, al considerar que entrevistar a Santiago Abascal en la cadena pública implicaba "blanquear" a la "ultraderecha". No se queda atrás en lo que a polémica se refiere el nombre de Carmen Sastre, una petición del PP, que lleva años liderando una campaña en redes sociales contra el ente público, acusando bajo el hashtag 'Diario de una cesada' a RTVE y a sus profesionales de manipulación y presunta censura.

"Los partidos han preferido seguir manejando el Consejo de Administración mediante la colocación de perfiles políticamente afines (...) y han perdido una magnífica ocasión para hacer las cosas bien y cerrar la constante polémica que ha rodeado siempre a RTVE", lamenta en este caso Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). "Existe la fuerte sospecha de que ha habido un reparto de asientos entre los partidos políticos", coincide en conversación con El Independiente Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que sugiere que el acuerdo entre las fuerzas políticas para renovar la cúpula de la Corporación forma parte de un "intercambio de cromos" global que atañe también al inminente pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Afinidad en vez de "capacidad"

Más allá del perfil ideológico o de la trayectoria de los vocales designados, lo que más lamentan los expertos consultados es que los mandos políticos no hayan respetado el concurso público que se inició hace más de dos años para que el Consejo de RTVE quedase por primera vez completamente despolitizado, gracias a la creación de un comité de expertos encargado de valorar los perfiles de los candidatos en base a la evaluación de un proyecto individual sobre el ente público, así como por sus propios méritos o por su trayectoria.

En 2018, el mencionado comité publicó una lista de 22 nombres que habían logrado superar el 'corte' respecto a los 95 candidatos que presentaron sus proyectos para acceder a la cúpula de RTVE. A priori, lo esperable era que las Cortes eligiesen a los vocales para el nuevo Consejo de Administración de entre los finalistas, pero lo cierto es que ni Gobierno ni PP han querido tener en cuenta el resultado del concurso público: de los diez consejeros pactados, sólo tres cuentan con un aprobado. "Ha sido un procedimiento lleno de lagunas, viciado desde el momento en que los partidos descartaron la preselección del comité y optaron por valorar a todos los candidatos, independientemente de la puntuación obtenida, con el objetivo de incluir a los que consideraban más próximos", resume el presidente de la FAPE. "Se han quedado fuera personas que podían ser más válidas", apostilla Caño.

Ha sido un proceso lleno de lagunas, vicidado por la intención de los partidos de incluir en el Consejo a los que consideraban más próximos

"Por suerte", coinciden ambos profesionales, el elegido nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, la figura menos cuestionada de todas las que se han planteado, se encuentra en la lista de los profesionales que sí superó el 'corte' del comité, en la que ocupó el cuarto puesto con una nota global de 75,5 puntos sobre 100. Sin embargo, hay casos tan peculiares como el de Jenaro Castro, ex director de Informe Semanal propuesto por el PP, que sacó un 0 de nota en su prueba para la Corporación "por no ajustarse a ningún aspecto susceptible de ser considerado proyecto".

La decisión de PP y PSOE de desoír el criterio de los expertos también ha sido rotundamente condenada por el Consejo de Informativos de TVE que, en un comunicado, expresó ayer su más "profunda decepción" con cómo ha "culminado" el proceso de selección. "Durante los últimos tres años, este Consejo de Informativos ha venido defendiendo la modalidad de concurso público para resolver la gobernabilidad de la radiotelevisión pública (...). Lamentablemente, el concurso fue desactivado y los partidos han optado, una vez más, por un método basado en la cuota política y no en el mérito, capacidad, trayectoria y proyecto de cada uno de ellos", lamentaban.

"¿De qué sirve un servicio público si no tiene público?"

"Menos sectarismo, menos apología y más rigor, objetividad, neutralidad e independencia de los poderes públicos". Esto es lo que, según Unión Sindical Obrera (USO), desea una ciudadanía que ha dejado de ver y escuchar a una RTVE que se encuentra en el peor momento de su historia, y cada vez más copada por el "sectarismo". El sindicato hacía estas declaraciones a finales del pasado año, tras conocer los "lamentables" resultados de la pública en la segunda ola del Estudio General de Medios.

Y es que, a pesar de que un ente público no debería "depender" de las audiencias, tampoco puede ignorar y prescindir de lo que el sindicato considera "un indicativo básico" para valorar la calidad del organismo: "¿De qué sirve un servicio público si no tiene público?", preguntaba retóricamente a través de su cuenta de Twitter.

Un 6,4% de share. Esta es, sin ir más lejos, la cuota media que alcanzó La 1 el día de las elecciones catalanas. Una cifra que reflejaba el mínimo histórico de la cadena desde que se miden las audiencias. El peor dato desde que hay datos y en una jornada electoral, una cobertura que tradicionalmente suponía una fortaleza para la pública. Sin embargo, no se trata de un resultado aislado, mera casualidad o mala fortuna, sino de un hecho que viene a confirmar la mala racha de una corporación que en 2019 registraba el dato de audiencia anual más bajo de sus seis décadas de historia, un 9,4% de media y repetía exactamente igual en 2020.

La última ocasión en que la primera pudo presumir de posicionarse como la cadena más vista del año fue en 2011, cuando obtuvo un 14,5% y repitió como líder por tercer año consecutivo, desde entonces, y a pesar de que las buenas cifras se mantuvieron en enero y febrero de 2012, La 1 no ha vuelto a copar lo más alto del podio televisivo en España. Una sangría que también se ha visto reflejada en RNE, que sufría una caída del 20,2% en la segunda revisión de audiencias de 2020, dejándose 240.000 oyentes por el camino respecto de la primera ola del EGM.

Además, a los malos resultados se le añade un flujo constante de polémicas en torno a la corporación, sus programas y acciones que no permite a la pública hacer el lavado de cara que tanto ansían. Una externalización de la producción que mantiene en pie de guerra a sus trabajadores, el posicionamiento político de algunos de sus presentadores más conocidos o descalabros como el ocurrido hace a penas dos semanas con el rótulo de la princesa Leonor son tan solo algunos de los ejemplos de la guerra interna y externa que tendrá que afrontar con intención de ganar el renovado Consejo para evitar la extinción hacia la que se encamina a paso rápido el ente.