El choque por las restricciones en Semana Santa resucita la polémica de la 'madrileñofobia'

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Hace meses que la polémica sobre la 'madrileñofobia' se encuentra en el centro del debate político, eminentemente por la resistencia que en no pocas ocasiones ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a seguir las instrucciones del Gobierno o las directrices de la mayoría de comunidades autónomas para contener el virus. Desde el ejecutivo de la baronesa por excelencia del PP aducen lo "injusto" de ese "señalamiento" que, a su juicio, ha existido contra los madrileños durante la pandemia, y que se ha materializado en las reticencias que han mostrado algunas comunidades autónomas a la llegada de viajeros procedentes de Madrid, una de las regiones más afectadas por la crisis del coronavirus.

El debate estalló al inicio del pasado verano, cuando varios presidentes autonómicos -entre ellos algunos del PP, como Alberto Núñez Feijóo- pidieron restringir la movilidad en las comunidades más golpeadas por la pandemia para evitar rebrotes importados de zonas de riesgo en aquellos territorios que ya habían logrado mantener el virus a raya, con el foco puesto en Madrid. La desconfianza sobre la llegada de madrileños, entre otras cosas por las políticas comparativamente laxas en la Comunidad de Madrid, se extendió en el tiempo, y se reactivó en momentos puntuales como durante los dos puentes de noviembre -por la negativa de Díaz Ayuso a cerrar perimetralmente la región más allá de días puntuales- o durante las fiestas de Navidad. Ahora, el debate sobre esa presunta 'madrileñofobia' vuelve a estar en el foco por la presión que han ejercido algunas comunidades autónomas sobre Madrid para que se cierre perimetralmente de cara a Semana Santa y la negativa que, de entrada, ha manifestado Isabel Díaz Ayuso a hacerlo.

"La perimetración evita la salida de ciudadanos a aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta que otras, y aquellas regiones que tienen mucha población [en referencia a Madrid] pueden afectar a otras y les pueden complicar los datos. Esto tiene su coste en vidas", defendía la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, este mismo miércoles. No es la primera vez que el ejecutivo castellanomanchego pone el foco en la que considera su "sexta provincia", al criticar que las decisiones que se toman en la Puerta del Sol "las terminamos pagando el resto", vinculando veladamente los datos de la citada comunidad autónoma con la permisividad de los madrileños. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegó a denunciar incluso un "éxodo sanitario" desde Madrid no sólo a su territorio, sino al Levante y a Extremadura. Ayuso no dudó en cargar contra el dirigente socialista por tratar a los madrileños como "apestados".

La presión no sólo viene de Castilla-La Mancha. También la Comunidad Valenciana ha señalado a Madrid por su intención no sólo de no cerrar perimetralmente la región en Semana Santa, sino de estar preparando una relajación generalizada de las medidas frente a la dureza que han exhibido otras comunidades autónomas, con la repercusión que ello puede tener para el "interés general". El president valenciano, Ximo Puig, teme que la negativa de la Comunidad de Madrid a cerrar su fronteras en estas fechas tan señaladas pueda traducirse en desplazamientos masivos de madrileños hacia la costa, incluso aunque la Comunidad Valenciana decrete su propio cierre perimetral.

Ayer mismo, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, exigió "responsabilidad" a la Comunidad de Madrid, y pidió a la líder regional evitar poner "en riesgo" la vida de la gente ante la amenaza de una cuarta ola del coronavirus. Y Ximo Puig dio un paso más allá y pactó el cierre en bloque con Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña como posición de fuerza frente a la negativa inicial de la Comunidad de Madrid a hacer lo mismo. "No puede haber alguna comunidad que ponga en riesgo el esfuerzo que se ha hecho por los valencianos", defendía Puig.

También deslizó una crítica velada el presidente de Asturias, Adrián Barbón quien, en una entrevista para Onda Cero, defendió que su región está dispuesta a "pactar restricciones, no a flexibilizarlas" pese a que haya comunidades autónomas, en un órdago velado a Madrid, que no quieren acordar medidas de seguridad "y prefieren que abra todo y que, si la gente se contagia, que se contagie", aseveró.

Mientras tanto, fuentes del ejecutivo madrileño consultadas por El Independiente lamentan que se ponga de nuevo "en la diana" a la Comunidad de Madrid cuando "nosotros siempre hemos respetado la estrategia contra el Covid" del resto de regiones. La propia presidenta ha lamentado en repetidas ocasiones la estigmatización a la que, a su juicio, se ha sometido a los madrileños por parte de algunas autonomías pero también por el Gobierno central, en referencia al momento en que el Ejecutivo decidió intervenir en Madrid decretando un estado de alarma en la región, tratándola "como apestada, fomentando la madrileñofobia", llegó a calificar Díaz Ayuso, un episodio que no han olvidado en la Puerta del Sol.

Ayuso mantiene su criterio: "La región no cierra"

La Comisión de Salud del Ministerio de Sanidad elaborará este jueves una propuesta de actuación conjunta de cara a Semana Santa que se debatirá en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud del próximo 10 de marzo una cita que se prevé, en principio, tensa por la resistencia de Madrid a confinar a la población esa semana, siempre y cuando los datos avalen esa postura. La región que preside Isabel Díaz Ayuso no es la única que se ha negado en primera instancia al cierre perimetral. Canarias ha descartado ya el cierre, mientras que Extremadura también ha planteado no cerrar fronteras, si bien es cierto que ésta última región apuesta por un plan nacional y consensuado entre el Gobierno y todos los territorios.

A pesar de la presión autonómica y gubernamental, Díaz Ayuso ya evidenció este miércoles que, al menos de momento, "la región no cierra" siempre y cuando la situación sea "buena". A su juicio, "abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas" y considera "positivo" que "los ciudadanos puedan ir a su segunda vivienda o turistas venir a Madrid a mover la maltrecha economía, siempre que se cumplan las normas". A cambio, y con la intención velada precisamente de llegar a Semana Santa con una situación epidemiológica boyante, Ayuso se ha comprometido a mantener el toque de queda a las 23:00 horas al menos durante dos semanas, desautorizando a su vicepresidente, Ignacio Aguado, que llegó a manifestar que la intención del ejecutivo era "levantar" el toque de queda "en los próximos días". Aunque ha registrado una caída exponencial en las últimas semanas, la Comunidad de Madrid mantiene una de las incidencias más altas del país, con 261,32 casos por cada 100.000 habitantes.

En la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles, la mayor parte de las comunidades autónomas apostó por pactar unas medidas comunes para toda España que incluya el cierre perimetral de las comunidades autónomas, una medida que apoyan incluso presidentes autonómicos del PP. Así, Galicia expresó ayer su apoyo a la "perimetración", aunque con "cautela" por que aún quedan cuatro semanas para las fiestas, misma argumentación que dio Andalucía. Por su parte, Murcia y Castilla y León hicieron hincapié en la necesidad de que las medidas sean las mismas "para toda España", en contra del criterio que, a priori, defiende Díaz Ayuso.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid explican que recibieron con sorpresa la petición de "consenso" en el Consejo Interterritorial en torno a unas medidas comunes para Semana Santa, porque "cuando Madrid ha propuesto una iniciativa, siempre ha habido una negativa de entrada". Piden, además, que "se escuche la voz de todos" para "consensuar ese documento". Y advierten a la ministra Darias que no puede ir a la próxima y vital reunión del miércoles "con las conclusiones ya tomadas".