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Marlaska nombra 'número 3' al comisario que certificó el uso de fondos reservados en 'Kitchen'

El titular de Interior da rango de director general a José Antonio Rodríguez para que pueda seguir al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios y esquivar así el 'escollo' de su jubilación como policía / Es un puesto clave en el ministerio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado con motivo de una comparecencia. EP

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del comisario José Antonio Rodríguez González como director general de Coordinación y Estudios a fin de que pueda seguir ocupando un puesto clave en el Ministerio del Interior y del que depende la supervisión de los fondos reservados. De hecho, fue este funcionario policial el que ha certificado que se utilizaron estos recursos en la etapa de Fernández Díaz como ministro para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, una operación que la Audiencia Nacional investiga en una pieza separada -denominada Kitchen– del caso Villarejo.

La creación de una nueva dirección general es la opción que ha buscado Grande-Marlaska para poder seguir contando con los servicios de José Antonio Rodríguez, conocido con el apodo de Lenin y que causará baja este jueves en el Cuerpo Nacional al cumplir los 65 años (edad límite que fija la ley para servir en la Policía). El titular de Interior lo considera un pilar fundamental en su equipo y le da galones de número tres en la estructura orgánica del ministerio.

José Antonio Rodríguez está al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios -órgano de apoyo y asesoramiento del secretario de Estado de Seguridad para que éste pueda ejercer su función de supervisión de la Policía y la Guardia Civil y de colaboración con las policías autonómicas y locales- desde el verano de 2018, semanas después de que Pedro Sánchez confiara a Grande-Marlaska la cartera de Interior. Hasta entonces, ese puesto venía ocupándolo un oficial del Instituto Armado.

Afín al PSOE, como demuestra el hecho de que ha tenido responsabilidades en la Secretaría de Estado de Seguridad cada vez que esa formación ha gobernado el país, José Antonio Rodríguez venía ocupando el puesto para el que lo reclamó Grande-Marlaska por su perfil técnico, dado el conocimiento que atesora en materia de seguridad pública después de más de 42 años de carrera profesional. Despojado ya del uniforme, a partir de ahora es un cargo de libre designación.

Entre otras responsabilidades, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios es el encargado de redactar las instrucciones y los planes en materia de seguridad ciudadana, de elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad, de diseñar acciones formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de auxiliar al titular de la Secretaría de Estado en su función de responsable superior del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y de coordinador de las políticas de ciberseguridad.

El chófer de Bárcenas

También depende de este departamento la supervisión del uso de los fondos reservados que se asignan a Policía Nacional y Guardia Civil para pagar a colaboradores. El empleo de este dinero se ha puesto nuevamente bajo el foco a cuenta de la instrucción del caso Kitchen, tras confirmar Interior que se destinaron 48.000 euros -a razón de 2.000 euros al mes durante dos años- para remunerar al chófer de la familia Bárcenas Iglesias a cambio de que aportara información. En esta causa se investiga si el Estado, durante la etapa de Rajoy, puso en marcha un dispositivo policial para robarle a Bárcenas documentación comprometedora para altos cargos del PP.

Con cargo a esta partida, igualmente, se sufragó la compra de la pistola que se le dio al conductor -con un coste de unos 700 euros- y el ordenador que se entregó al ex número dos de Interior Francisco Martínez con la información extraída de dos teléfonos móviles de Bárcenas que el chófer facilitó al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, conocido como El gordo.

Ha sido con José Antonio Rodríguez al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios cuando el Ministerio del Interior ha aportado al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional copia de la orden que regula el uso de los fondos reservados, dictada en la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia y después de que el Consejo de Ministerios acordara su desclasificación al tratarse de información secreta y confidencial. En concreto, el documento se entregó al instructor en mayo de 2019.

Marlaska nombra director general a José Antonio Rodríguez para esquivar el ‘escollo’ de su jubilación como funcionario policial

El 13 de mayo de 1995 entró en vigor la Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, estableciendo un nuevo régimen jurídico para los fondos públicos destinados a garantizar la defensa y seguridad del Estado y revocando una norma promulgada en la recta final del franquismo (1968). Fue a raíz de una proposición no de ley fechada el 21 de julio de 1994. Desde entonces, sólo están autorizados a disponer de los mismos los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, quedando sujetos dichos fondos al control del Congreso de los Diputados (concretamente a través de la comisión parlamentaria de los créditos destinados a gastos reservados).

Fue un año después de que estallara el escándalo a raíz de que El Mundo desvelara -el 9 de marzo de 1994- que altos cargos del Ministerio del Interior percibían sobresueldos a cargo de los fondos reservados asignados al departamento para la lucha antiterrorista.

Pagos a ‘mossos’

Tras la instrucción llevada a cabo por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hoy inhabilitado, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid condenó en enero de 2002 a Rafael Vera (ex secretario de Estado para la Seguridad), José María Rodríguez Colorado (ex director general de la Policía) y Julián Sancristóbal (ex director de la Seguridad del Estado) a penas de entre siete y cuatro años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El fallo fue confirmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en octubre de 2004.

La macrocausa que instruye el juez García-Castellón también ha revelado la existencia de indicios que apuntan a que el Ministerio del Interior -también en la etapa de Mariano Rajoy- destinó fondos reservados a mossos para obtener información desde dentro de la Policía de la Generalitat del movimiento independentista. En este caso, ni el magistrado ni los fiscales Anticorrupción han apreciado motivos de momento para investigarlo.

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