España

Marlaska convierte un puesto técnico en político para premiar al comisario 'Lenin'

El Gobierno sostiene que parte de las funciones que realiza José Antonio Rodríguez son de "cariz político" para justificar su nombramiento como director general sin ser ya funcionario / El ministerio eleva el rango y le confiere nuevas atribuciones

El comisario José Antonio Rodríguez, junto a la ex secretaria de Estado de Seguridad (Ana Botella).

José Antonio Rodríguez, junto a la ex secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella. M. INTERIOR

El Ministerio del Interior convierte en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico para posibilitar la continuidad de José Antonio Rodríguez González, un comisario conocido con el apodo de 'Lenin' que se jubila esta semana como policía pero que seguirá ejerciendo la misma responsabilidad ya despojado de su condición de funcionario. Grande-Marlaska no sólo eleva su rango para convertirlo en el número tres del departamento, sino que también le confiere atribuciones que hasta ahora dependían de la propia Secretaría de Estado de Seguridad.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se nombra director general de Coordinación y Estudios a José Antonio Rodríguez, un veterano mando policial que venía realizando estas funciones desde que Pedro Sánchez le confió a Grande-Marlaska la cartera de Interior en junio de 2018. Hasta su llegada, el puesto lo había ocupado un coronel de la Guardia Civil, siendo sus inmediatos antecesores Juan Hernández Mosquera y Diego Pérez de los Cobos.

Para sortear el 'escollo' de la jubilación y poder seguir contando con sus servicios, el ministro ha tenido que llevar a cabo una modificación de la estructura orgánica básica de Interior a fin de exceptuar de la condición de funcionario al titular de la nueva dirección general, como exige la Ley de régimen jurídico del sector público en su artículo 66.2 cuando se quiere poner al frente de un órgano directivo de este nivel a una persona que no sea funcionario de carrera. Y José Antonio Rodríguez deja de serlo al alcanzar este jueves la edad máxima (65 años) con la que se puede servir en el Cuerpo Nacional de Policía.

No es la única novedad. Si el Gabinete de Coordinación y Estudios tenía hasta ahora nivel orgánico de subdirección general, Grande-Marlaska considera que el "notable incremento" de funciones que viene soportando y la "relevancia" que ha adquirido en los últimos años como consecuencia de las responsabilidades que ha asumido hace "necesario" que goce de rango de dirección general. Interior asegura que la aplicación de este real decreto "no supondrá incremento de gasto público".

"A lo largo de los últimos años, las funciones del Gabinete de Coordinación y Estudios no han dejado de crecer de manera exponencial -incluyendo, entre ellas, los ámbitos de protección de las infraestructuras críticas, la coordinación en materia de capacidades de ciberseguridad del Ministerio del Interior, o la coordinación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista- y, sin dejar de constituir el principal órgano de apoyo a la persona titular de la Secretaria de Estado de Seguridad, ha desbordado ese marco, asumiendo gradualmente como propias un considerable número de competencias que, al mismo tiempo, han obligado a ampliar y redimensionar su estructura para adecuarla a dicha realidad", justifica Interior.

El Gobierno dice que parte de las funciones que ya desempeña José Antonio Rodríguez son de "cariz político" y exceden a un técnico

El departamento que dirige José Antonio Rodríguez se concibió como el órgano de apoyo y asesoramiento al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad para que éste pueda ejercer su función de coordinación de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las policías autonómicas y las policías locales. Entre sus competencias se encuentran también las de redactar las instrucciones y los planes en materia de seguridad ciudadana, elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad, diseñar acciones formativas comunes para los miembros de los cuerpos policiales y supervisar el uso de los fondos reservados que se asignan a Policía Nacional y Guardia Civil para el pago a confidentes y colaboradores. 

Fruto de las nuevas responsabilidades, el ministerio que dirige Grande-Marlaska sugiere que al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios no puede estar ya un mando policial de corte exclusivamente técnico -como en las últimas décadas- sino alguien con un "conocimiento transversal" en una variedad de materias y experiencia en diversos "ámbitos competenciales", perfil que "no siempre es posible alcanzar" si la designación se limita exclusivamente a la Función Pública. José Antonio Rodríguez no sólo detalla en su currículo una carrera policial de casi 43 años, los últimos 15 con la categoría de comisario; también exhibe su condición de licenciado en Ciencias Políticas (especialidad en Ciencia de la Administración) por la Universidad Complutense de Madrid.

"Cualidades específicas"

"Un elevado número de funciones asumidas actualmente por el Gabinete de Coordinación y Estudios entrañan por su propia naturaleza un evidente cariz político, más allá del carácter exclusivamente técnico-profesional que inicialmente se le confirió, y demandan de la persona titular del órgano unas cualidades específicas que, en ocasiones, pueden no encontrar adecuada respuesta en la capacitación eminentemente técnica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que históricamente ha estado asociado el puesto", expone el preámbulo del real decreto para justificar que esta dirección general sea ocupada por una persona no funcionaria.

A la luz de estos argumentos, el cargo de 'Lenin' deja de tener una consideración estrictamente técnico para el actual equipo de Interior, que reconoce que parte de las funciones que lleva a cabo son de "cariz político". Sin citarlo, el ministerio quizá aluda a las relaciones que el titular del Gabinete de Coordinación y Estudios ha de mantener con las policías autonómicas (Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra), uno de los méritos que Grande-Marlaska atribuye al comisario ahora promocionado.

Cuando el ministro decidió desplazar al coronel Juan Hernández Mosquera y designar a José Antonio Rodríguez, la decisión generó una polvareda en algunos sectores de la Guardia Civil no sólo porque se les apartaba de un puesto de gran relevancia en la estructura ministerial sino también por la vinculación con el PSOE del elegido, al que consideraban abiertamente como un "comisario político". "Podemos aventurar, por nuestra experiencia profesional, que el hecho de que el Gabinete de Coordinación esté dirigido por un ‘comisario político’ no será bueno para nadie, tampoco para los propios altos cargos del Ministerio, pues más allá de la afinidad política se requiere una capacitación técnica adecuada para ocupar tan importante cargo", advirtió entonces la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).

Vinculación con el PSOE

La primera responsabilidad de José Antonio Rodríguez en la Secretaría de Estado de Seguridad fue la de jefe del Servicio de Análisis y Estudios, puesto al que llegó en 1994 -en la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro y de Margarita Robles como número dos de Interior- y donde se mantuvo hasta la victoria de José María Aznar en las elecciones generales de marzo de 1996.

En junio de 2004, recuperada la Presidencia del Gobierno por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Camacho lo reclamó como asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad. Y en septiembre de 2006 fue nombrado director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), donde se mantuvo hasta que ganó Mariano Rajoy en 2011 y se marchó como consejero de Interior a la Embajada de España en Pekín.

José Antonio Rodríguez inicia una nueva etapa como director general y con más competencias de las que tenía atribuidas hasta ahora. El real decreto que ha allanado el camino para su nombramiento también le adscribe la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, área con nivel orgánico de subdirección general que dependía de la Secretaría de Estado y que se encarga de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil.

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