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Prisiones salva la semana más fría de Bildu y PNV con Sánchez

Los dos aliados se han desmarcado de iniciativas del Gobierno, han cuestionado al presidente y elevan la demanda de interlocución para reeditar su apoyo. La cesión de la competencia de prisiones, reaviva la sintonía.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua pasa por delante de Pedro Sánchez. EFE

Es un presidente con parte de su traje tejido en Euskadi. Desde hace dos años y medio su estancia en el Gobierno y en La Moncloa la debe, al menos en parte, al respaldo de las dos formaciones de ámbito exclusivamente vasco: PNV y EH Bildu. Desde la moción de censura que le aupó en junio de 2018 hasta la actualidad, los once parlamentarios que suman ambas formaciones le han apoyado con mayor o menor agrado. Lo hicieron con claridad al comienzo, con dudas durante el inicio de la pandemia y, más recientemente, con discrepancias evidentes e incluso votos en contra. La alianza vasca de Sánchez se enfría, los hilvanes del traje presidencial empiezan a aflorar, aunque por ahora sin que permitan presagiar una ruptura.

Esta semana el distanciamiento con el Gobierno de los dos aspirantes que en Euskadi se han disputado la condición de ‘socios preferentes’ del Ejecutivo ha dado varios pasos hacia el desencuentro y uno hacia el acercamiento. Se ha visibilizado con claridad. La semana comenzó con las llamadas al líder del Ejecutivo a que desista de su propósito de no prorrogar el Estado de Alarma, continuó negando al Gobierno el voto favorable a la Ley de protección de la infancia y termina con un acuerdo de calado: la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi, además de tres materias menores más.

El acuerdo anunciado ayer es en realidad un compromiso lejano, con apoyo amortizado y cuya demora en el cumplimiento comenzaba a inquietar en las filas del PNV. Ayer, desde el Gobierno vasco no se ocultaba su satisfacción por haber logrado una de las aspiraciones más ansiadas por el Ejecutivo de Urkullu en la era postETA, la gestión de las prisiones vascas. El anuncio estuvo plagado de grandes palabras para subrayar ante la sociedad vasca su relevancia: ‘paso de gigante, ‘hito’. ‘día histórico’. Pero por si acaso, el Ejecutivo de Urkullu no olvidó recordar al Gobierno de Sánchez que en realidad no es más que “darnos algo que nos debían desde hacía 40 años” y que no cejarán en la exigencia de las más de una veintena de materias por transferir que aún restan hasta lograr el desarrollo completo del Estatuto de Gernika.  El compromiso data de hace ya dos años y medio, cuando se acordó el calendario de transferencias aún incompleto.

La inminente convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias –el próximo 10 de mayo- ha logrado amortiguar las cada vez más habituales discrepancias del PNV con el Gobierno y que esta semana han vuelto a visualizar una progresiva debilidad de la sintonía con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Prórroga del Estado de Alarma

En la balanza del enfriamiento aparecen aspectos como la toma de decisiones unilateral del presidente del Gobierno de medidas con gran impacto en comunidades como el País Vasco. Sin duda el anuncio de no prorrogar el Estado de Alarma hecho por Sánchez ha abierto una grieta significativa en la relación entre los nacionalistas y el Ejecutivo. Urkullu y los portavoces del PNV denuncian que no plantear una alternativa deja al Gobierno vasco en un cierto desamparo jurídico para la toma de decisiones en un momento en el que la pandemia sitúa a Euskadi a la cabeza del país en cuanto a su incidencia.

También cuestionan la improvisación y falta de previsión con la que actúa el Gobierno. En un año de pandemia no se ha impulsado ninguna modificación de la ley sanitaria que pudiera suplir ese vacío normativo si finalmente no se prorroga el Estado de Alarma a partir del 9 de mayo, la víspera de la Comisión Mixta de Transferencias en la que se debe firmar la cesión de prisiones al País Vasco. La situación ha precipitado que el lehendakari plantee ya la necesidad de acordar un decreto provisional que refuerce el marco normativo en Euskadi hasta la aprobación de la ‘Ley antipandemia’ que ya tramita el Parlamento vasco pero que no estaría en vigor antes de finales de junio o comienzos de julio.   

De la negociación que ayer permitió cerrar el traspaso de cuatro materias –Prisiones, Transporte, identificación ISSN y el Distrito Marítimo de Ondarroa- se cayó la relativa a la gestión de Ingreso Mínimo Vital pactado con el PNV. En el partido de Ortuzar insisten en que el acuerdo para gestionar esta ayuda y hacerla compatible con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se está retrasando y complicando más de lo deseable. Incluso el Gobierno vasco lo subrayó ayer.

La desconfianza en Sánchez parece haberse instalado en las filas ‘jeltzales’. Ya no dudan en cuestionar los anuncios del presidente, los cambios de posición o los movimientos estratégicos que debilitan la fortaleza de su Gobierno y con él la solidez de la legislatura. Una de las reclamaciones de los nacionalistas que sigue sin encontrar respuesta es la concreción que se seguirá en el reparto de los fondos europeos. La recuperación económica del Gobierno PNV-PSE se sustenta en una parte importante en los proyectos estratégicos que con esos recursos aspira a financiar y que por ahora desconoce hasta que punto se ajustarán al filtro de ayudas. Al menos, esta semana Euskadi ha visto con buenos ojos que el sector de la automoción figura como uno de los ejes de recuperación que desea priorizar con sus fondos económicos el Gobierno.  

Votos en contra y abstenciones

El último desencuentro se produjo el pasado jueves. El PNV no dudó en votar en contra de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia asegurando que escondía una “invasión de competencias”, una “imposición” de textos normativos y una ineficacia en sus objetivos por “uniformizar”. La formación aseguró que se veía “obligada” a votar en contra “con harto dolor del corazón”.

En la izquierda abertzale no fueron tan lejos. Pese a denunciar también una imposición competencial optaron por quedarse en la abstención. En la coalición EH Bildu también tienen subrayado en rojo un incumplimiento de Sánchez: la derogación de la reforma laboral firmada en mayo del año pasado. Fue presentada como el primer gran acuerdo de la coalición con Sánchez. Otegi llegó a tildarlo de “histórico”. Casi un año después, de aquel acuerdo a cambio de cinco votos para prorrogar el Estado de Alarma apenas queda nada. El compromiso se matizó sólo horas después, se rebajó posteriormente a sólo los elementos “más lesivos” de la ley y aún hoy continúa en la bandeja de promesas incumplidas.

Al igual que el PNV, también en la bancada de los cinco diputados de Bildu se ha puesto en cuestión la decisión unilateral de Sánchez de no prorrogar el Estado de Alarma a partir del 9 de mayo. La coalición le ha exigido que lo reconsidere, que lo negocie con las comunidades autónomas para que dispongan de una “paraguas jurídico” suficiente para afrontar esta fase de la pandemia. La coalición incluso ha planteado la posibilidad de acordar un Estado de Alarma parcelado y limitado únicamente a las Comunidades Autónomas que lo requieran.

La sintonía de los de Otegi con el Ejecutivo se ha fraguado, en gran medida, vía Pablo Iglesias. Con el líder de Unidas Podemos fuera del Gobierno la interlocución podría verse afectada. EH Bildu ha secundado en gran medida el camino marcado por Unidas Podemos en Madrid. Es ahí donde también ha compartido otro punto de fricción con Sánchez, la Ley del Vivienda por no incorporar una limitación del alquiler.

Dejarle caer, una «irresponsabilidad»

Sin duda, el mayor logro de la coalición es el cambio en la política carcelaria que se aplica a los presos de ETA. Cada viernes, el Gobierno ha acercado entre cuatro y seis presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Este viernes, seis más. Desde que en el verano de 2018 comenzó el desmantelamiento de la política de dispersión de los presos de la banda puesto en marcha por Felipe González en 1989, ya han sido acercados 178 miembros de ETA, 80 de ellos con delitos de sangre. La izquierda abertzale ha reconocido el paso dado que considera un logro de sus movilizaciones. Pese a ello continúa calificándolo de “insuficiente” y ha iniciado ya una campaña para acelerar su puesta en libertad.  

Lo que por el momento mantiene sin riesgo de ruptura el apoyo del nacionalismo vasco a Sánchez es el rechazo que PP y Vox suscitan como alternativa en ambas opciones nacionalistas. El líder de EH Bildu afirmó en marzo pasado que sería “muy irresponsable” dejar caer ahora al Ejecutivo cuando la única alternativa para relevarle es “la ultraderecha”. De igual manera, en el PNV, pese a haber limado asperezas con el PP, no contemplan por el momento precipitar ningún relevó en Moncloa, “sería irresponsable”, aseguró recientemente el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

La marcha de Iglesias ha sido acogida con alivio por el PNV que veía en él un elemento desestabilizador del Gobierno. Ortuzar llegó a recomendar a Sánchez que precipitara una crisis en el Ejecutivo para romper definitivamente las discrepancias internas. La nueva composición del Ejecutivo puede contribuir a aliviar desencuentros y tensiones.

Pero el cambio en el ala morada de Moncloa puede tensar desde el otro lado de los aliados, el izquierdo. A Sánchez no le basta con contentar al PNV, también debe hacerlo con Bildu. En ese juego de equilibrios, el frente catalán de discrepancias que se acentúa con ERC puede tener consecuencias con su ‘aliado vasco’ de la izquierda. Otegi ya se lo advirtió, “la paciencia de Bildu no es un cheque en blanco que vaya a durar siempre”.

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