Sentencia del procés

España

ERC transmite al Gobierno que no apoyará la reforma del delito de sedición

Los republicanos se abrirían a respaldarlo si va acompañado de la derogación de la Ley mordaza o las nuevas penas de la ley del "sí es sí"

Rufián charla con Sánchez en el Congreso en presencia de Calvo

Rufián charla con Sánchez en el Congreso en presencia de Calvo EFE

ERC no apoyará la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que el Gobierno ya tiene ultimada y los republicanos independentistas conocen, o no, al menos, en los actuales términos ni, tampoco, en las actuales circunstancias. La complicada negociación del nuevo gobierno catalán no allana precisamente el terreno para avanzar en una solución sobre los líderes independentistas condenados por el procés. Apoyar esa reforma sería, a ojos de un independentismo muy exacerbado, admitir que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los condenados por el Tribunal Supremo, cometieron un delito de sedición que ellos niegan.

Ahora bien, existe la posibilidad de que ERC se acabara sumando a esa reforma si junto con el delito de sedición, se abordan otras pendientes que apoyan sin ambages. «Una reforma en solitario es complicada, pero si incluye el fin de la ley mordaza o el consentimiento sexual podríamos apoyar parlamentariamente un proyecto mucho más amplio de modificaciones en el Código Penal», admiten fuentes parlamentarias republicanas.

ERC partió de la máxima de solicitar la amnistía desde que el ‘procés’ se judicializó y continúan en ese punto, aunque eso no significa oponerse a la reforma del Código Penal para rebajar las penas para el delito de sedición o directamente eliminarlo.


«¿Qué van a hacer, no salir de la cárcel cuando les abran la puerta?»

«No es una propuesta de ERC, sino que la impulsó Carmen Calvo y Jaume Asens también la publicitó mucho. Estamos de acuerdo en que eliminar el delito de sedición moderniza el Estado, elimina un delito que no existe en ningún país mínimamente democrático de nuestro entorno, eso es cierto, pero no resuelve el tema de los exiliados ni el conflicto político ni las miles de personas que aún tienen querellas y denuncias. Por eso nuestra propuesta es la amnistía, es poner el contador a cero, sentarnos y hablar», trasladan desde el partido.

En el caso del indulto, las mismas fuentes consideran que es un asunto que cada uno de 12 los condenados -para los que particulares como el abogado Francesc Jufresa solicitaron la medida de gracia- deberán decidir si aceptan o rechazan. Fuentes próximas a los mismos reconocen que los presos han manifestado que aunque ellos no lo hayan pedido, no lo rechazarán si se les concede. «¿Qué van a hacer, no salir de la cárcel cuándo les abran la puerta?», trasladan.

Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa han rechazado enviar al Supremo las alegaciones que pidió su Sala Segunda , instando a los condenados a pronunciarse sobre la medida de gracia. Si la hubieran solicitado ellos, habría supuesto la asunción de la culpabilidad de los hechos por los que fueron condenados. Además, una respuesta a este requerimiento les podría comprometer de cara a los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional o los que presenten ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

 En pocos días, el TS emitirá su informe sobre los indultos

«No se harán alegaciones porque escuchar a unos y otros no es uno de los procedimientos que esté contemplado en la ley del indulto», trasladan fuentes de la defensa de Junqueras. En el mismo punto se sitúan los condenados de Junts, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, según trasladan fuentes de su defensa. 

En pocos días, el TS emitirá su informe sobre los indultos, en el que previsiblemente los rechazará de plano. La decisión de la Sala Segunda obligará al Gobierno a dar un paso al frente y manifestar si concederá o no el indulto a los políticos independentistas, aunque alargue la decisión. La decisión de los jueces no vincula al Ejecutivo, que con los informes del Supremo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía en la mano, tendrá la última palabra.

ERC ha dejado pasar la campaña de las elecciones autonómicas madrileñas antes de volver a la carga con la cuestión de los indultos. Explican que «sectores no precisamente muy hiperventilados del independentismo entienden que es el momento de que el Gobierno decida sobre ellos». Los de Pere Aragonès empiezan a sentir la presión y esa misma presión se la han ido trasladando a los miembros del Gobierno.

Especialmente llamativo fue el encuentro que mantuvieron la semana pasada el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que de este modo estrenaba su condición de jefa de la delegación morada del Gobierno de coalición. Hablaron de colaboración en lo que queda de legislatura y, también, de los presos.

«Compartimos muchos diagnósticos e incluso soluciones. Ya ha llegado el momento de tomar decisiones» y de desbloquear medidas que están «paralizadas», afirmó Rufián al término de ese encuentro en una comparecencia conjunta. Díaz defendió por su parte, que «cualquier conflicto sólo se resuelve desde el el entendimiento mutuo, tejiendo y dialogando. Lo contrario es la antipolítica».

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