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El juez del 'caso Villarejo' imputa al actual jefe de Auditoría interna del BBVA

Joaquín Gortari habría reconocido que, a instancias de su entonces "jefe”, recabó información privada de un abogado que hoy ejerce la acusación particular en la causa / El ahora investigado fue director de gabinete de Francisco González durante ocho años

Joaquín Gortari, director de Auditoría del BBVA.

Joaquín Gortari, director de Auditoría del BBVA. BBVA.COM

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo ha llamado como imputado al actual director de Auditoría interna del BBVA, Joaquín Gortari, al entender que el avance de la investigación ha permitido reunir indicios de su presunta participación en hechos constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En un auto fechado el pasado 24 de junio, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central 6 estima parcialmente el recurso de reforma que había interpuesto Felipe Izquierdo Téllez al considerar que ahora sí resulta «útil» y «necesario» oír a Gortari como investigado. Izquierdo Téllez ejerce la acusación particular en esta pieza separada de la macrocausa tras conocer que, por encargo del banco, lo había espiado Villarejo cuando aún se encontraba en activo en la Policía Nacional.

Esta acusación sostiene que Gortari «reconoció expresamente» ante el Comité de Disciplina Corporativo de BBVA que por iniciativa de «su jefe» -en alusión a Francisco González, ex presidente de la entidad y ya imputado en el caso- «recabó información privada, no accesible a través de fuentes públicas, de datos de carácter personal» suyos relativos a ideología personal, vida personal, trayectoria profesional e información financiera. «Esa información ha sido difundida, entre otros, al Banco Central Europeo, a Garrigues abogados, a PwC, a directivos de BBVA, a todas las partes intervinientes en las presentes diligencias previas… amén de haber sido reveladas públicamente por un diario de difusión nacional en sendos artículos que constan en las actuaciones», exponía.

El querellante recordaba que, por recabar dichas informaciones, el BBVA pagó «sumas millonarias» al grupo empresarial controlado por el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, al tiempo que invocaba una sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó el 20 de julio de 2020 consagrando el derecho a la intimidad como un «derecho fundamental».

En su resolución, el juez García-Castellón considera que las razones expuestas por Felipe Izquierdo «justifican» el llamamiento a la causa de Gortari, dado el carácter delictivo de los hechos relatados. A lo que no ha accedido el instructor es a fijar la fianza de 2.010.960 euros que aquél solicitaba que se le impusiera «de manera conjunta y solidaria» a Francisco González, Joaquín Gortari y el propio BBVA.

Nacido en Pamplona en 1964, Gortari inició su carrera profesional en el sector financiero en 1990, cuando se incorporó a la red de distribución minorista del Banco Exterior de España. Procedente de Argentaria, ha ocupado diversas responsabilidades en la estructura del BBVA, entre otras las de director financiero del banco en Estados Unidos (2004-2008) y del área de Tecnología y Operaciones (2008-2010).

Director de gabinete de FG

Entre otros cargos, el último imputado por el juez en esta pieza separada del caso Villarejo fue también director del gabinete de Presidencia del BBVA en la etapa en la que el primer ejecutivo era Francisco González (FG), antes de convertirse en el director de Auditoría (2018). 

La instrucción trata de determinar la responsabilidades penales por los servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al antiguo agente encubierto desde 2004, a raíz de que la constructora Sacyr intentara sin éxito lanzar una OPA para tomar el control del BBVA y desplazar a FG de la Presidencia. El banco ha reconocido que, entre los años 2004 y 2017, pagó 10.284.689,24 euros al grupo empresarial controlado por Villarejo.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como persona jurídica como de Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros ex directivos del banco, como el ex director de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex responsable de riesgos Antonio Béjar. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

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