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El delito fiscal sigue siendo la vía de investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos

Los fiscales españoles y el fiscal suizo Yves Bertossa vieron los avances de sus investigaciones alrededor del rey emérito en Madrid | La Fiscalía reivindica desde hace años la introducción del delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal español

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una comparecencia pública.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una comparecencia pública. EUROPA PRESS

La investigación alrededor del rey emérito que la Fiscalía española comenzó en junio del año pasado continúa centrada en la posible comisión de delitos fiscales por parte del exjefe del Estado al no haber declarado a Hacienda grandes cantidades de dinero disfrutados los años posteriores a su abdicación en 2014.

El pasado jueves, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo y el fiscal jefe Anticorrupción que se encargan de la investigación, seguida al detalle por la fiscal general Dolores Delgado, se reunieron en Madrid con el fiscal suizo Yves Bertossa. Éste inició en 2018 una investigación por presunto blanqueo a la examante de Don Juan Carlos, Corinna Larsen, así como a Dante Canonica y Arturo Fasana, expertos en la constitución de sociedades opacas que habrían estado detrás de la creación de Lucum y Zagatka, a través de las que el emérito recibió cantidades millonarias que no declaró a Hacienda.

La primera, precisamente, sirvió al padre de Felipe VI para cobrar 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) a través de una cuenta en el banco suizo Mirabaud que le fueron donados en 2008 por el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd. Después, ese dinero fue transferido casi de manera íntegra a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.

Durante una conversación con el comisario José Manuel Villarejo en 2012 que fue grabada por éste, la empresaria alemana afirmó que dicha cantidad se correspondía con el cobro de una comisión que el exjefe de Estado se llevó por mediar para que una unión de empresas españolas fuera la adjudicataria de las obras de ampliación del AVE a la Meca. La conversación dio pie a la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional rápidamente archivada por la inviolabilidad que protegía al rey Juan Carlos cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, continuó en la Fiscalía Anticorrupción por la parte que no afectaba a éste y paralelamente el fiscal Bertossa siguió investigando los mismos hechos por el posible blanqueo de capitales en el que habrían incurrido Larsen, Fasana y Canonica en Suiza. En junio del año pasado, la fiscal general del Estado anunció que un equipo de fiscales de «la más alta cualificación y experiencia» se ocuparían de la investigación alrededor del movimiento de fondos del emérito tras el cobro del rey saudí, destacando la «trascendencia institucional de esta investigación».

Regalo entre reyes

Pero, para esa fecha, la Fiscalía Anticorrupción ya había indicado al fiscal suizo Bertossa que no veía indicios de que el dinero se correspondiera con una comisión ilegal por mediar en ningún contrato porque procedía directamente del gobierno saudí.

El fiscal suizo compartiría también ya esa conclusión y esta parte de la investigación en España está prácticamente cerrada. La inviolabilidad protegía al emérito en aquel momento y el dinero fue un regalo entre reyes, como fuentes próximas a Don Juan Carlos defendieron cuando se iniciaron las pesquisas. No habría manera de continuar investigando por esta vía.

Aquella operación sacó a la luz, sin embargo, los nombres de las sociedades Lucum y Zagatka y quién estaba detrás de ellas, lo que ha sido clave para continuar con las pesquisas que ahora se centran en posibles delitos fiscales alrededor del emérito, puesto que le habrían servido para disfrutar de cantidades millonarias que no declaró.

El primo Álvaro de Orleans

Por medio de Zagatka, constituida en Liechtenstein en 2003 para reconocer a Juan Carlos I su labor para la democracia española (según sus estatutos) que tenía a su primo lejano Álvaro de Orleans como primer beneficiario y al emérito como tercero, se pagaron vuelos privados del exjefe de Estado hasta 2018 por un valor superior a los ocho millones de euros. Unos pagos en especie con un valor muy superior al que Hacienda exige que se tribute como IRPF y que el emérito no declaró.

Recientemente, la defensa del emérito presentó una regularización fiscal, pagando más de cuatro millones de euros, para adelantarse a una investigación de Hacienda por no haber declarado esos fondos recibidos de su primo. La Fiscalía suiza envió recientemente a los fiscales españoles, según adelantó El País, las cuentas de la fundación Zagatka que están siendo analizadas para ver si la regularización del emérito es completa y veraz.

El fiscal Bertossa ya tomó declaración a Orleans en 2018 y este año lo hicieron también los fiscales del Tribunal Supremo. El primo lejano de Don Juan Carlos sostiene, según adelantó El Español, que el dinero de Zagatka con el que pagó los viajes es suyo y no descarta pedir a Don Juan Carlos que se lo devuelva. Trataría así de evitar las sospechas de que ejerció como testaferro del exjefe del Estado.

Orleans y dicha fundación son uno de los elementos en común de las fiscalías española y suiza para avanzar en la investigación que se centra en ver si el emérito pudo cometer delito fiscal a partir de 2014, después de su abdicación, y si pudo haber operaciones de blanqueo para evitar declarar el dinero recibido a Hacienda.

El enriquecimiento ilícito en España

En la Fiscalía llevan años reivindicando la necesidad de introducir en el Código Penal español el delito de enriquecimiento ilícito para investigar el incremento de un patrimonio injustificado mientras se ejerce un cargo público.

En base a este -en caso de haber existido en España- habría sido más sencillo organizar una investigación alrededor del emérito partiendo de la donación millonaria saudí y los pagos en especie (en forma de viajes o costeo de gastos personales) que recibió Juan Carlos I tanto por parte de su primo Orleans como del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause a través de una cuenta bancaria de su ayudante de campo el coronel Nicolás Murga. El rey pagó a Hacienda en diciembre de 2020 casi 700.000 euros también para evitar una investigación por no haber declarado los regalos que le hizo llegar el empresario.

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