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Transparencia dicta en seis meses 218 resoluciones contra el Gobierno, la mayoría por silencio

Los ministerios de Sanidad e Interior y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, los organismos que más solicitudes dejaron sin contestar en el plazo que fija la ley / Los viajes en Falcon de Sánchez, entre los asuntos de los que elude informar

De izquierda a derecha, Carolina Darias, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Calvo y Nadia Calviño.

De izquierda a derecha, Carolina Darias, Félix Bolaños, Grande-Marlaska, Carmen Calvo y Nadia Calviño. CV

El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el silencio administrativo en 131 de las resoluciones con las que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado la razón a la ciudadanía durante el primer semestre de 2021, lo que representa un incremento del 65,82 % en relación con el mismo periodo del año anterior al inicio de la pandemia. Los ministerios de Sanidad e Interior y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno lideran con diferencia el ranking.

De acuerdo con los datos actualizados este martes, el CTBG dictó 218 resoluciones estimatorias contra la Administración General del Estado de enero a junio, lo que arroja una media de 1,2 al día. La cifra es ligeramente superior a las 200 contabilizadas en los seis primeros meses de 2019, el más homogéneo para analizar la evolución al haber estado suspendidos los plazos en 2020 para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público durante 78 días (del 14 de marzo al 1 de junio).

Si se desglosan los motivos por los que se había denegado la información al solicitante, el más frecuente es el silencio negativo, opción por la que la Administración deja correr el plazo que fija la Ley de transparencia -un mes, prorrogable por idéntico periodo en caso de peticiones voluminosas o complejas- sin dar respuesta a la petición. En términos relativos, esta causa estaba en el origen del 60 % de las reclamaciones amparadas por Transparencia durante los primeros seis meses del año.

Hubo otras 36 reclamaciones resueltas durante el primer semestre de 2021 que se formularon en su momento por haber optado la Administración por el silencio, si bien en esos casos fueron desestimadas por el Consejo de Transparencia.

Con 31 reclamaciones en contra, fue Sanidad el ministerio que más recurrió al silencio en las resoluciones estimatorias dictadas hasta junio. El departamento que dirige Carolina Darias eludió responder cuando la ciudadanía le preguntó por los criterios de reparto de las vacunas contra la covid-19, la compra de mascarillas a una empresa china y el lote defectuoso repuesto, los informes y estudios para confinar a los niños durante el estado de alarma, las actas de la Comisión de Salud, la identidad de los expertos de la Dirección General de Salud y de la Estrategia de Vacunación y los umbrales para evaluar la situación de coronavirus en cada comunidad autónoma y municipio/provincia, entre otras cuestiones concretas. Todas fueron objeto de reclamación ante el CTBG, que dio la razón a quienes las promovieron al no apreciar que concurriera límite alguno en el derecho de acceso.

El segundo lugar lo ocupa la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, a cuyo frente se hallaba hasta este lunes Félix Bolaños. El hoy ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática eludió dar respuesta a peticiones de información tales como los test de coronavirus realizados a los ministros, el coste de las campañas ‘Este virus lo paramos todos’ y ‘España puede’, los gastos de cáterin en La Moncloa durante 2020, las alertas y comunicaciones al presidente del Gobierno sobre el coronavirus y el número de viajes realizados por Pedro Sánchez en helicóptero Súper Puma y en avión Falcon.

La polémica envuelve los desplazamientos del jefe del Ejecutivo desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018, después de conocerse que utilizó un Falcon 900 del Ejército del Aire para dirigirse a Castellón a fin de asistir a un concierto del grupo The Killers en el marco del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2018. El Gobierno ha eludido en reiteradas ocasiones facilitar la información que se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia invocando que es materia clasificada.

El silencio de la Presidencia del Gobierno contrasta con la posición de los tribunales, que ha avalado el derecho del ciudadano a conocer incluso los medios de transporte oficiales utilizados por Pedro Sánchez en sus viajes privados por España. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo no han apreciado las causas de inadmisión y los límites al derecho de acceso de la información que invocó la Abogacía del Estado cuando formuló recurso.

Interior fue el tercer departamento ministerial con más resoluciones en contra tras la interposición de reclamaciones por silencio administrativo: 17. El departamento en el que sigue Grande-Marlaska eludió contestar a solicitudes de información relativas -entre otras- a detenciones por infracción de la Ley de extranjería en las comisarías vascas, la formación en idiomas a altos cargos, los funcionarios policiales liberados por labores sindicales, el encargo de suministros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, el expediente de la serie de televisión Antidisturbios y los menores extranjeros no acompañados por mes y comunidad autónoma desde agosto de 2019.

Los viajes en Falcon de Sánchez y el gasto en cáterin de La Moncloa, entre los asuntos de los que el Gobierno se ha negado a informar

Presidencia (9); Asuntos Económicos y Transformación Digital (7); Cultura y Deportes (5); Trabajo y Economía Social y Transición Ecológica y el Reto Demográfico (4); Defensa, Inclusión Social e Igualdad, con tres cada una, les siguen por número de resoluciones estimatorias fechadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 que tuvieron su origen en solicitudes de acceso a la información no atendidas por el Gobierno en el plazo legalmente establecido.

Cuando compareció ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados el pasado 10 de junio para presentar las memorias correspondientes a 2019 y 2020, el presidente del CTBG ya llamó la atención sobre el abuso del silencio administrativo ante las demandas de información a organismos públicos. En concreto, José Luis Rodríguez Álvarez cifró en el 47,06 % las resoluciones estimatorias por peticiones desestimadas el año pasado en el ámbito de la Administración General del Estado por esta fórmula. La tasa es aún mayor (70,3 %) en el caso de las comunidades con las que tiene convenio.

En cuanto a las reclamaciones desestimadas por el Consejo de Transparencia en el primer semestre, éstas ascendieron también a 131, una menos que de enero a junio de 2019. Las inadmitidas sumaron otras 71 y se archivaron 24, según los datos que difunde en su web la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia en las administraciones públicas.

En los seis primeros meses del año, la Administración General del Estado ha recibido concretamente 6.479 solicitudes de información, cifra que representa el 56,58 % de todas las registradas en 2020 (11.451) y el 86,40 % de las presentadas durante los doce meses de 2019 (7.449). Ello da una idea del incremento sostenido en demandas de información al amparo de la Ley de transparencia, en vigor desde hace siete años y medio.

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