España

La desescalada salta por los aires en pleno pico turístico por el caos jurídico y autonómico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

La explosión de contagios derivada de la quinta ola del coronavirus ha echado definitivamente por tierra la que parecía que sería la desescalada definitiva, al menos a ojos de un Pedro Sánchez que no vio propicio extender las medidas extraordinarias para controlar la pandemia más allá del 9 de mayo y que aceleró el fin de la mascarilla en exteriores amparándose en el buen ritmo del plan de vacunación. Las autonomías se quejan una vez más de la ausencia de la «cogobernanza» prometida por el Gobierno tras el fin del estado de alarma, y el caos jurídico vuelve a adueñarse de las regiones que intentan frenar el incremento de positivos desempolvando medidas como el toque de queda o el cierre perimetral de municipios.

A pesar de que hace unos días planeó sobre el Ministerio de Sanidad la posibilidad de unificar criterios y obligar por ejemplo al cierre del ocio nocturno en todas las comunidades autónomas, a día de hoy la ministra del ramo, Carolina Darias, descarta actuaciones en este sentido porque las autonomías cuentan con un «amplio elenco» de herramientas para hacer frente por sí solas a la nueva ola, más virulenta en cuanto al número de contagios, pero no en cuanto a muertes y a presión hospitalaria. De hecho, aunque en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud se debatió sobre la situación epidemiológica actual y algunas comunidades autónomas aprovecharon el foro para exigir al Gobierno que «actúe» ante la nueva explosión de contagios, entre los puntos del día no estaba el de la consulta o aprobación de ningún borrador o guía con actuaciones comunes, como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

Mientras tanto, la pandemia avanza y, con ella, vuelve a reinar el caos y la inseguridad en las comunidades autónomas por los fallos contradictorios de los Tribunales Superiores de Justicia sobre medidas como el toque de queda u otras restricciones que afectan a derechos fundamentales, ya sin el escudo del estado de alarma. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, abrió el camino: la justicia avaló su petición de imponer toques de queda en hasta 32 municipios y limitar las reuniones sociales a diez personas. El problema vino porque la ‘vía valenciana’ no es plausible en otros territorios: el TSJ de Canarias falló en sentido contrario y rechazó la propuesta de imponer un toque de queda en las islas con la incidencia más disparada entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana.

Mientras tanto, la Justicia sí ha avalado la limitación de la movilidad nocturna entre las 00:30h y las 06:00h de la mañana en Cataluña, la región con peores datos de esta quinta ola, que ha decretado ya el toque de queda nocturno para Barcelona y otros 157 municipios. Cantabria, por su parte, espera el aval de los tribunales para instaurar también el toque de queda en 53 municipios y limitar las reuniones a un máximo de seis personas. Otras comunidades, como Castilla y León y Murcia, no descartan tampoco tener que recurrir a las limitaciones nocturnas en los próximos días para frenar la oleada de contagios.

Precisamente, la región presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco fue la primera en poner encima de la mesa el retorno al toque de queda previa autorización judicial, aunque los servicios jurídicos de la Junta han desaconsejado, al menos de momento, solicitar autorización a los tribunales para imponer a sus ciudadanos medidas duras contra el Covid. Las diferencias en cuanto a criterios de gestión de cara a la quinta ola no entiende siquiera de colores políticos: las comunidades del PP, por ejemplo, también se dividen en esta cuestión y mientras Ayuso, Feijóo y Moreno descartan el retorno al toque de queda u otras limitaciones ‘duras’ en sus respectivas comunidades -Madrid, Galicia y Andalucía-, ni López Miras ni Mañueco ven estas medidas con malos ojos para Murcia o Castilla y León. «El toque de queda está encima de la mesa si sigue el incremento exponencial de contagios», avanzaba el presidente murciano.

Pero el embrollo normativo va más allá del toque de queda. En los últimos días, otras regiones han implantado de forma imprevista sus particulares medidas para tratar de revertir la curva de casos positivos. El heterogéneo mapa de limitaciones en función del territorio sume de nuevo a los ciudadanos en la confusión cuando ya ha comenzado una campaña de verano de nuevo marcada por el Covid, las restricciones y la desorganización.

Por ejemplo, Asturias ha cerrado el interior del ocio nocturno y ha limitado el horario de la hostelería y las reuniones sociales; Aragón ha endurecido el control sobre bares y restaurantes, que pueden abrir sólo hasta las 23:00h; Baleares mantiene el horario máximo de cierre del ocio nocturno a las 02:00h; Castilla-La Mancha lo mantiene fijo a las tres de la madrugada, igual que la Comunidad de Madrid, que rechaza endurecer restricciones. Galicia exige la presentación de PCR negativa para acceder a pubs y discotecas; Andalucía y Extremadura descartan por el momento medidas adicionales, aunque esta última sí ha cerrado perimetralmente dos municipios con una elevada incidencia; y se han prohibido los botellones en País Vasco, donde el ocio nocturno sigue cerrado. Además, el lehendakari informó este miércoles de que quedan prohibidas las aglomeraciones y las reuniones de grupos de personas no convivientes entre las 00:00h y las 06:00h de la mañana en espacios de uso público.

El turismo contiene la respiración

La imprevisión a la hora de atajar la quinta ola del virus amenaza con llevarse por delante un año más al denostado sector turístico español, que contiene la respiración ante el goteo de nuevas restricciones que van dictando los ejecutivos autonómicos y mira con resignación una curva de contagios que no para de crecer: la incidencia volvió a dispararse ayer hasta los 469,50 casos a nivel nacional, con los contagios especialmente disparados en Cataluña, donde alcanzan ya una tasa de 1.068 positivos por cada 100.000 habitantes. Le sigue, de lejos, Castilla y León (779); Navarra (700) y Cantabria (527). Los contagios entre los jóvenes, el sector poblacional que comienza ahora a recibir las primeras pautas de la vacuna, sigue disparado y la media nacional alcanza ya los 1.252 casos de incidencia en la franja de los 12 a los 19 años, que sube hasta los 1.508 en el caso de los jóvenes de entre 20 y 29 años.

Aunque esta vez, y a diferencia de olas anteriores, el incremento de contagios no lleva aparejado una subida en el número de fallecidos y hospitalizados, la explosión de casos en España tiene consecuencias directas para el turismo. Ayer mismo, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) empeoraba sus estimaciones y pronosticaba que la actividad turística caería este 2021 un 47,5% frente a las cifras registradas en 2019, todo ello pese a que el plan de vacunación continúa según lo previsto.

La de este miércoles no fue una buena jornada para el turismo español, sobre todo después de que Reino Unido sacase de su ‘lista verde’ a Baleares, lo que implica otro importante revés en las aspiraciones del archipiélago de salvar la temporada estival. Además, Alemania ya ha situado a todo el país en zona de riesgo por Covid, y Francia mantiene la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a España por el auge de los contagios.

El estado de alarma, anulado

Mientras la desescalada salta por los aires de forma desigual entre los territorios, este miércoles se produjo otro hito judicial que enrevesa más, si cabe, el embrollo jurídico por las restricciones derivadas de la pandemia: el Tribunal Constitucional asestó un varapalo sin precedentes al Gobierno y anuló el confinamiento domiciliario impuesto en el primer estado de alarma, al considerar que tal limitación de derechos sólo cabía dentro de la aplicación de un estado de excepción.

El malestar no tardó en dejarse notar en las filas del Gobierno, con rueda de prensa urgente incluida de la recién designada ministra de Justicia, Pilar Llop. «El confinamiento permitió salvar cientos de miles de vidas», zanjó la ex presidenta del Senado en una breve alocución desde Moncloa.

Mientras tanto, la oposición se frotaba las manos. La decisión del Constitucional ha dado un balón de oxígeno a Vox, el partido que presentó recurso ante el Alto Tribunal hace más de un año al entender que el estado de alarma suponía una «inaceptable degradación democrática» y que la grave situación derivada de la pandemia sólo podía combatirse con «los mecanismos constitucionales, y no al margen de los mismos». Pero el PP también ha salido airoso de tal sentencia, sobre todo porque fortifica la propuesta con la que los populares han insistido en los últimos meses al jefe del Ejecutivo para prescindir de la «anormalidad democrática» del estado de alarma: la aprobación de una ‘Ley de Pandemias’, con la que dar también cobertura legal a las comunidades autónomas y evitar el desconcierto en el que vuelven a sumirse las regiones en la quinta ola.

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