España | Tribunales AUDIENCIA NACIONAL

Bárcenas no acredita ninguna de sus confesiones sobre la 'caja B' del PP

El extesorero del Partido Popular afirma que las empresas que hacían donativos a la formación buscaban "acceso a las autoridades licitadoras" de contratos públicos a nivel estatal

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas declara ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. EFE.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez que Santiago Pedraz que investiga si adjudicaciones públicas a distintas empresas durante el Gobierno de José María Aznar se concedieron como premio a donaciones realizadas por éstas previamente al Partido Popular con cargo a su caja B o contabilidad irregular.

Ha reiterado que un grupo de empresarios que hicieron donaciones al partido fueron beneficiados con un trato preferente por parte de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente de los distintos gobiernos del PP. Ha explicado que lo que buscaban dichos empresarios -que según su versión le entregaron dinero a él mismo o a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta- era tener un «canal de acceso a las administraciones licitadoras» para conocer los proyectos futuros a nivel estatal y partir con ventaja en éstos respecto a la competencia. Un sistema de presunto tráfico de influencias por el que la abogada del Estado presente en su declaración ha hecho distintas preguntas para que ahondara en la explicación sobre éste.

El extesorero popular no ha entregado ningún soporte documental que acredite su declaración ni tampoco ha mencionado a empresarios donantes beneficiados más allá de Rafael Palencia (Degremont), Juan Miguel Villar Mir (de OHL) o Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), a quienes ya se ha referido en anteriores declaraciones y las acusaciones mencionan también en sus escritos.

La declaración de Bárcenas llega cinco meses después de enviar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que aseguraba que la formación de la que fue tesorero se financió de manera ilegal entre 1982 y 2009 a partir de donaciones al partido y que algunas de éstas eran «finalistas». Es decir, que los empresarios las hacían con el fin de ser beneficiadas con contratos futuros.

En dicho escrito, presentado justo antes de que arrancara el juicio por la reforma de la sede del PP supuestamente sufragada con dinero de la ‘caja B’ del partido -que ya finalizó y está pendiente de sentencia-, Bárcenas se ofrecía a colaborar con la Justicia en la instrucción del juez Pedraz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. En ésta se investigan 23 contratos adjudicados durante el gobierno de José María Aznar. También se ofreció a colaborar en la investigación del caso Púnica del Juzgado Central de Instrucción 6 en el que se investiga la supuesta financiación del PP madrileño. En esta causa ya declaró, afirmó que un empresario entregó un sobre con dinero en efectivo a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y éste lo negó.

Cambia de abogado

El extesorero de la formación conservadora, que ha acudido a declarar por su propio pie puesto que disfrutaba de un permiso de la cárcel de Soto del Real, donde cumple condena por la sentencia firme del caso Gürtel, ha afirmado que «las empresas que tenían relación con Génova eran las que tenían actividad de contratación a nivel estatal» y que «todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular» hasta el 2009 conocieron y permitieron estas irregularidades.

Se ha referido directamente al exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, quien según el extesorero llamó la atención al director general de carreteras del momento por hablar con el extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta. Según Bárcenas, Cascos le habría dicho que aquellas gestiones las llevaba directamente él. Durante el juicio por la reforma de la sede del PP ya apuntó a Cascos como quien ideó el sistema de financiación irregular a la contabilidad paralela del partido con el fin de que quienes pasaron de cargos orgánicos del partido a ministerios «no perdieran dinero» y se les entregaran sobresueldos.

Bárcenas ha defendido que no puede sustentar con documentos estas actuaciones irregulares (por las que él también podría ser acusado de cohecho) porque la documentación para hacerlo le fue requisada durante la operación Kitchen. Se refiere al operativo policial que, según se investiga en la Audiencia Nacional, se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 teniendo su «núcleo central» en el Ministerio del Interior y que buscaba robarle la documentación comprometedora que tuviera el extesorero sobre la caja B de la formación para que no llegara a manos del juez Pablo Ruz que comenzó a investigar el caso Gürtel.

«La documentación que hubiera la debe tener Gómez Gordo», ha dicho Bárcenas, en referencia al comisario investigado en la Audiencia Nacional como miembro del operativo descrito y que durante una etapa fue el asesor de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal enfrentada al extesorero durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

Bárcenas ha acudido a la declaración acompañado de la abogada Marta Giménez-Cassina, que también defiende a su esposa Rosalía Iglesias y no con Gustavo Galán, su anterior letrado. Precisamente Galán defiende al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero que irá a juicio en septiembre por la causa Gürtel de dicho municipio y ha reconocido sobornos de la trama. La línea de los defendidos de Galán en las distintas piezas de la trama de corrupción ha sido la de «tirar de la manta» y reconocer los hechos delictivos para tratar de llegar a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y ver reducidas sus peticiones de penas. Parece que Bárcenas ha decidido cambiar de estrategia.

Te puede interesar

Comentar ()