La exabogada de Podemos Mónica Carmona, que ha declarado este martes como testigo ante el juez de Madrid José María Escribano, ha ratificado los términos de la denuncia en la que afirmó que la exportavoz de Podemos y ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo un supuesto uso personal de trabajadores del partido para su beneficio personal.

En concreto la letrada, que fue responsable de Cumplimiento Normativo de la formación, denunció la supuesta "contratación para servicios personales por parte de Irene Montero a trabajadores del partido" por llevar presuntamente como cuidadora de su hija a la jefa de Gabinete de la portavocía de Podemos Teresa Arévalo al menos en un viaje de campaña a Alicante en octubre de 2019.

El titular del Juzgado número 46 de Madrid decidió abrir una investigación por supuesta administración desleal al tesorero y la gerente de Podemos Daniel de Frutos y Rocío Esther Val por estos hechos, así como a Arévalo.

Ésta, cuando fue a declarar como investigada, sostuvo que nunca ejerció como niñera de los hijos de Montero y el exlíder del partido morado Pablo Iglesias, que acompañó a la exportavoz Montero porque era la jefa del Gabinete de portavocía del partido y que en algún momento puntual pudo coger a la niña como pudo hacerlo cualquier otro compañero. De Frutos y Val mantuvieron la misma argumentación cuando acudieron ante el juez.

Carmona no entrega nueva documentación

Este martes, el instructor tomó declaración a Carmona, que se ratificó en su denuncia. Repitió que denunció tales hechos porque trabajadores del partido se dirigieron a ella para contarle los hechos. No ha querido dar los nombres de las personas que le alertaron.

Ha afirmado que, como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos no pudo investigar tales hechos y por tanto no tiene documentación en la que fundamentar la denuncia porque fue cesada junto al abogado José Manuel Calvente por denunciar irregularidades internas.

La denuncia de ambos ha llevado a que el partido esté investigado por presunto desvío de fondos electorales en la campaña de abril de 2019 en el caso Neurona, así como por presunta administración desleal por el uso dado a los fondos de la caja de solidaridad del partido que supuestamente deberían ir destinados a proyectos sociales pero el juez Juan José Escalonilla investiga si efectivamente fue así o acabaron en manos de una sociedad en la que figuran trabajadores del partido, como interesó investigar la Fiscalía y la exsenadora Celia Cánovas.