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Moncloa retoma el plan de intentar aguantar sin elecciones hasta enero de 2024

España preside la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y Sánchez quiere usarlo de trampolín electoral

Pedro Sánchez rodeado de militancia en el congreso socialista Europa Press

Después del baño de masas con el que ha concluido el 40 congreso socialista, Pedro Sánchez se siente con las manos libres para abordar lo que queda de legislatura, una carrera no exenta de obstáculos en la que tiene que forzar el pulso a los sondeos. Y, para ello, necesita Presupuestos y tiempo. Los Presupuestos para poder completar lo que resta de legislatura y tiempo para que se vean los efectos de la recuperación económica si la inflación no compromete el crecimiento esperado.

Por eso Moncloa vuelve a hacer cálculos del escenario político y electoral, siempre sujeto a las variables del momento. Se afianza la idea no sólo de agotar la legislatura, sino de alargarla todo lo que permita la ley y una lectura flexible de la misma, lo que colocaría las próximas elecciones generales en el mes de diciembre de 2023 e, incluso, en enero de 2024, como señalan fuentes gubernamentales a El Independiente.

Rajoy ya consultó e 2015 la posibilidad de alargar la legislatura  

La cobertura legal existe desde la época de Mariano Rajoy, cuando consultó a los servicios jurídicos de Moncloa y a la abogacía del Estado, al final de sus primeros cuatro años en el poder, respecto a cuándo se considera que echa a andar la legislatura.

Entonces se debatía internamente entre convocar a los españoles a las urnas en diciembre de 2015 o ya pasarlas a enero del año siguiente. Y en una interpretación algo forzada de la ley, pero factible, se determinó que no quedaba claro si lo que marcaba el arranque de la legislatura era la fecha electoral, la constitución de la Cámaras o la investidura del nuevo presidente y la formación de gobierno.

Finalmente Rajoy no hizo uso de este interpretación flexible de la ley, pero agotó la que tenía a mano al convocar elecciones en la última fecha posible, el 20 de diciembre de 2015. Que en abril del año siguiente se tuvieran que repetir las elecciones fue otro accidente del camino.

En Moncloa aducen una circunstancia sobrevenida que pondrá a España en el escaparate europeo. A nuestro país le corresponderá presidir la UE en el segundo semestre de 2023, justo cuando deberían ser convocadas y celebradas las próximas legislativas. Y eso condiciona toda la agenda política y electoral. Primero, porque todos los esfuerzos estarán puestos en que esa responsabilidad salga bien, segundo porque se puede usar como arma electoral si se sabe optimizar. Pedro Sánchez tendrá la ocasión de marcar la agenda comunitaria de ese semestre, prerrogativa que tienen siempre los países a los que toca, por turno, asumir la presidencia.

España preside la UE en el segundo semestre de 2023 y quiere usarlo de trampolín electoral

“Cada Estado lo dedica para resolver un problema concreto. España definirá qué es lo quiere, qué medalla se quiere colgar”, dicen de forma gráfica fuentes gubernamentales. En fin, que la presidencia de turno de la Unión servirá para relanzar la campaña del presidente del Gobierno.

La otra opción electoral posible pasaría por hacer coincidir las generales con las locales y autonómicas del cuarto domingo de mayo de 2023. Quizá sería lo más sensato para economizar esfuerzos electorales, pero temen que esa coincidencia “desmovilice al electorado de la izquierda” arrastrado por fenómenos como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid con un incremento de las opciones de Pablo Casado impulsado por sus barones territoriales.

No es un buen escenario, sobre todo, para Unidas Podemos, con poco poder municipal y autonómico a la que le cuesta incluso completar las listas. Sin representación en Galicia ni el País Vasco y a la baja en Madrid, Andalucía y Cataluña, esa triple concurrencia resultaría fatal para las aspiraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Según el artículo 42.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) los decretos de convocatoria “se expiden el día vigésimo quinto anterior a la expiración del mandato de las respectivas cámaras”. Y esos decretos deben señalar las fechas de las elecciones, a celebrar entre en 54 y 60 días posteriores a la convocatoria. El debate se sustancia en qué se entiende por “mandato”, esto es, si alude a la fecha de las elecciones, a la constitución de las Cámaras o a la investidura del nuevo presidente del Gobierno y es ahí donde surgen distintas escuelas de pensamiento entre los expertos.

Hay tres fechas posibles del arranque del “mandato”

Es decir, las opciones van desde el 10 de noviembre de 2019, cuando fueron los ciudadanos convocados a las urnas; el 3 de diciembre, que se constituyeron Congreso y Senado, o, ya, el 7 de enero de 2020, cuando Pedro Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno en segunda votación. Y aunque hasta ahora siempre se ha considerado que la legislatura arrancaba con las elecciones, no sería la primera vez que el inquilino de la Moncloa cambia los usos y costumbres.

Por su parte, la Constitución también tiene algo que decir sobre las convocatorias electorales. Y si bien acota los plazos por un lado, los alarga por otro. El artículo 68.4 establece que el Congreso “es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara”. Bien es cierto que los parlamentarios no asumen su condición de tales hasta que cogen su acta y prometen acatar la Constitución en el primer pleno de las respectivas Cámaras. Además, el apartado 6 del mismo artículo reza que las elecciones “tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato» y sobre esa palabra, «mandato» orbitan las dudas.

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