Iberdrola acusa al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, de impulsar la investigación penal contra la compañía «sólo en un sentido», contra ella y no contra el denunciante de la causa y extrabajador de la energética José Antonio Del Olmo, perjudicando su reputación.

Un día después de conocerse que Estados Unidos ha impedido a la compañía hacer la mayor inversión de su historia, la compra de la eléctrica PNM Resources al estar el presidente Ignacio Sánchez Galán investigado, los representantes legales consideran directamente que la operación se ha visto frustrada por «el devenir de las presentes diligencias previas».

«Sobre dicho particular hay que tener en cuenta que esta adquisición de PNM Resources está valorada en 8.000 millones de dólares y que, finalmente, se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes Diligencias Previas. La decisión de los Comisionados, que han rechazado la operación de adquisición, ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal; prueba de ello es que, en el momento de emitir su voto, cuatro de los cinco Comisionados mencionaron expresamente la investigación penal desarrollada en España como motivo para rechazar la operación, haciendo duras manifestaciones contra la Compañía. A estos perjuicios se unen la irremediable la caída en Bolsa de las acciones de Iberdrola», se puede leer en el comunicado entregado al Juzgado al que ha tenido acceso El Independiente.

Reprochan que se les expulsara del procedimiento

La energética afea que el instructor de la Audiencia Nacional no haya impulsado diligencias de investigación contra Del Olmo a pesar de que se declaró competente para abordar la querella contra él por falsedad en documento privado. También reprochan que en julio sobreseyera la investigación contra él y les expulsara del procedimiento como acusación, lo que consideran les deja en una situación negativa, que les hace perder reputación y llegar a situaciones muy perjudiciales para la compañía como la mencionada sobre PNM.

«Un actuar como el anterior pone de manifiesto que las últimas decisiones
judiciales reflejan cómo la presente investigación penal se impulsa sólo en un
sentido, obviando la necesidad lógica y jurídica de avanzar en la determinación
de la punibilidad de la conducta del autor del documento, presuntamente falso, el también investigado Don José Antonio Del Olmo», se afirma también en el escrito.

Recuerdan que ‘los daños causados por error judicial darán derecho a una indemnización del Estado

«Mediante el presente escrito venimos a solicitar que se adopten las medidas necesarias, entre ellas la práctica de las diligencias de investigación solicitadas, ello con el objeto de confirmar si, tal y como sostenemos, el documento elaborado y aportado por Don José Antonio Del Olmo es falso, para con ello poder determinar qué consecuencias tendría para el desenlace de la presente causa dicha circunstancia. […] Llegados a este punto, conviene traer a colación que le corresponde a la Administración de Justicia, y especialmente a sus Órganos judiciales, evitar los perjuicios que su actuación puede generar. Y no sólo evitando las dilaciones indebidas, sino también los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad (Auto 405/2021, de 8 de julio, de la Sección 4ª de la Audiencia Nacional). El artículo 121 de la Constitución española, desarrollado por los arts. 292 a 297 LOPJ, es claro al determinar que ‘los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley’, reclama la compañía.