"No puede ser una sorpresa para nadie, es un capítulo más en toda una serie de decisiones que se han venido tomando en los últimos años. El pacto con Bildu está encaminado a poner en la calle a los presos etarras, blanqueando y legitimando el terrorismo acaecido durante los años de la democracia. Es un escándalo y una auténtica vergüenza que mancha la dignidad y la historia del PSOE". No es la opinión de ningún líder de la ultraderecha sino la de un histórico militante socialista y defensor de los valores de la socialdemocracia: Francisco Vázquez. "Me produce muchísima pena y tristeza", confiesa.

Al ex alcalde de La Coruña y antiguo embajador de España cerca de la Santa Sede no le ha sorprendido que el Gobierno de Pedro Sánchez haya mantenido interlocución con el entorno abertzale para que los presos de ETA reciban tratamiento "especial" en las cárceles -según se ha conocido esta semana por el informe que la Guardia Civil entregó al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los ongi etorri- mientras varios centenares de asesinatos cometidos por la banda terrorista continúan aún sin esclarecerse.

"El ministro del Interior queda totalmente desacreditado, por esto y por otras muchas cosas. Él tiene el agravante de que, como magistrado, es un servidor cualificado de la ley y del Estado de derecho. Se está prestando e intentando justificar una actuación vergonzante", sostiene Vázquez, que considera que Grande-Marlaska ha tenido ya "varios motivos" para haber dimitido desde que se encuentra al frente del departamento. "Además, es una persona que, cuando intenta justificar actuaciones como ésta, suele mentir", censura.

La negociación para mejorar las condiciones de los presos etarras es "un capítulo más" de la política que sigue el Gobierno, insiste el ex regidor coruñés en declaraciones a este diario antes de intervenir el pasado jueves en el foro 'España a debate', organizado por el Ayuntamiento sevillano de Tomares.

En su opinión, la autorización del Ejecutivo al máximo responsable de Prisiones para establecer un "trato de favor a los terroristas de ETA" es un hito más en la hoja de ruta que comenzó a seguirse cuando, en agosto de 2019, la socialista María Chivite pudo ser elegida presidenta de Navarra al abstenerse cinco de los siete diputados de EH-Bildu. En enero de 2020, la formación abertzale fue decisiva con su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

Traspaso de las cárceles vascas

Desde que el líder socialista ocupa La Moncloa, el Gobierno ha adoptado dos decisiones de gran relevancia en materia penitenciaria. Una ha sido el traslado a cárceles de Euskadi o de sus inmediaciones de decenas de reclusos que cumplían condena por delitos de terrorismo, poniéndose fin a la política de dispersión. La otra se materializó el pasado mes de octubre con el traspaso de la gestión de las prisiones vascas al Ejecutivo de Íñigo Urkullu.

Francisco Vázquez no tiene dudas de que el próximo paso será la "excarcelación" de presos etarras por la vía de los permisos penitenciarios una vez que se han transferido las competencias al Gobierno autonómico. "En mi época, estos eran nuestros enemigos en el sentido de que nos pegaban un tiro en la nuca", señala el ex alcalde, que recuerda que el pasado 6 de febrero se cumplireron 26 años del asesinato del histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi Fernando Múgica a manos de un pistolero de ETA. "No es porque asesinaran a socialistas, porque también acabaron con la vida de representantes del PP, guardias civiles, militares, policías, niños... El problema es que se está legitimando una acción criminalmente acaecida durante la democracia", critica.

Como algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, Vázquez lamenta el trato que está brindando el Gobierno cuando dirigentes de formaciones abertzales "han formado parte de comandos criminales y ni han condenado la violencia ni han renegado de su pasado terrorista". Esta actitud la contrapone con la que décadas atrás mantuvieron militantes de ETA como Mario Onaindía (ya fallecido), Teo Uriarte o Jon Juaristi, que se desmarcaron abiertamente de esa etapa y se integraron en formaciones como Euskadiko Ezkerra o el propio PSOE.

Pedro Sánchez pasará a la historia como una persona preocupada sólo por mantener el poder"

"Pedro Sánchez pasará a la historia como una persona preocupada únicamente por el mantenimiento del poder, dispuesto a todo con tal de seguir. Prueba de ello son los pactos y alianzas que ha suscrito y las actuaciones que ha llevado a cabo", mantiene Vázquez, que "suspendió" su militancia en el Partido Socialista en 2014 en desacuerdo con la política seguida en materia de memoria histórica por el partido en el que ingresó en 1975. "El PSOE actual que encabeza Sánchez ha renegado de su propio pasado. Fue uno de los partidos clave de la Constitución, pero, por acceder al poder, no ha dudado en aliarse con todas las formaciones contrarias al proceso constitucional, al modelo de Estado y a la propia Transición", lamenta.

De otro lado, el antiguo embajador considera que la forma en que el Ejecutivo logró convalidar el decreto de la reforma laboral -por una diferencia de un voto y tras la equivocación de un diputado del PP, que votó a favor cuando quería hacerlo en contra- "indica el final de la etapa brillante de la Transición". "Ha desaparecido la política del diálogo y el consenso. Hoy las leyes no se aprueban, se imponen. Se ponen en marcha por un solo voto, aunque afecten a la convivencia y provoquen la división de los españoles", comenta.

"Arbitrariedad" de la presidenta del Congreso

En su opinión, el recurso que PP y Vox han anunciado que interpondrán ante el Tribunal Constitucional puede tener recorrido por la "arbitrariedad absoluta" de la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet. Ello es un ejemplo -dice- de cómo en los últimos años el Gobierno "está ocupando el Estado" con los nombramientos de cargos institucionales.

En relación con la investigación sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia, Vázquez considera "execrables y condenables" todos los casos que se hayan producido y aboga por que los culpables sean "castigados", si bien cree que se está buscando "abrir una causa general contra la Iglesia". En este sentido, cree que debe ser la "autoridad judicial" la que actúe y que la institución religiosa tiene que poner en conocimiento de la Justicia todos los casos de que se tenga conocimiento. "No ha sido contundente", sostiene.

Francisco Vázquez fue embajador cerca de la Santa Sede entre febrero de 2006 y abril de 2011. Fue el último cargo público que desempeñó tras haber ocupado la alcaldía de La Coruña durante 23 años (1983-2006) y haber sido diputado en Cortes durante más de dos décadas (1977-1981 y 1982-2000). A sus 75 años, ejerce de conferenciante, escribe artículos y tiene apariciones en espacios radiofónicos y televisivos. Hace unos meses publicó el libro 1.001 historias romanas de la Batalla de Lepanto y ahora trabaja en otra obra sobre la participación de gallegos en la Segunda Guerra Mundial.