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La guerra política por los contratos del Covid arranca en los tribunales

Un juez investiga los contratos del Ayuntamiento de Madrid por los que dos empresarios se llevaron comisiones millonarias, Anticorrupción otro que afecta al hermano de Ayuso y tres cargos del Gobierno han declarado por una querella de Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Europa Press

Las posibles irregularidades cometidas en los contratos millonarios de emergencia por los que distintas administraciones públicas compraron material sanitario contra el Covid han llegado ya a los tribunales y enfrentan a unos partidos políticos contra otros.

El caso más avanzado es el que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño quienes, según investiga el juez Adolfo Carretero, se llevaron comisiones de casi seis millones de euros gracias, presuntamente, a inflar el precio de tres contratos de suministro de mascarillas, guantes y test rápidos que ofrecieron al Ayuntamiento de la capital española. Intervinieron como mediadores de la compañía malasia Leno, a la que el consistorio pagó 11,9 millones de euros -en los que habrían escondido su comisión- por el material que llegó desde China y que, según ha destacado el juez en uno de sus autos, además era defectuoso.

La Fiscalía Anticorrupción lleva desde el año pasado investigando las gestiones de ambos empresarios y presentó una querella en la que vio clara su estafa. A partir de ésta, el juez abrió una causa en la que ya han declarado los dos investigados y lo hará la responsable del Ayuntamiento que gestionó las compras, Elena Collado, el próximo 9 de mayo.

La conexión entre Medina y el primo del alcalde

El mismo día también pasará por el Juzgado como testigo María Díaz de la Cebosa, la directora de la universidad privada The College for International Studies (CIS) amiga del imputado Medina que, según declaró él mismo en sede judicial, le puso en contacto con el primo del alcalde José Luis Martínez Almeida, el abogado Carlos Martínez Almeida, para que pudiera ofrecer el material al Ayuntamiento.

El partido de la oposición en el consistorio, Más Madrid, así como el partido político Podemos, personados ambos como acusaciones populares en la causa, han solicitado la comparecencia de Carlos Martínez Almeida. El primero pide que lo haga como testigo «entendiendo que en el momento actual no existe base suficiente para imputar al mismo la comisión de ningún delito», mientras que el segundo solicita que lo haga como investigado. El PSOE también es otra de las acusaciones populares.

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento madrileño no ven casual que la empresa presentada por Medina y Luceño fuera la que se llevara los contratos. Destacan el clientelismo del Partido Popular con las altas esferas madrileñas y piden al alcalde que asuma responsabilidades por no supervisar las operaciones y se hayan podido burlar casi seis millones de euros públicos.

A la vez que avanzaban las pesquisas en el Juzgado se celebró un pleno bronco en el consistorio en el que los grupos de la oposición pidieron responsabilidades al alcalde

Esta semana, a la vez que avanzaban las pesquisas en el Juzgado, se celebró un pleno bronco en el consistorio en el que los grupos de la oposición le pidieron responsabilidades. La apertura de la investigación judicial en abona una guerra política contra el alcalde popular.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le reprochó que «conoce desde hace un año y medio el caso» y no lo trasladó al Ayuntamiento, sino que «más bien al contrario, lo ocultaron literal y explícitamente en una petición de mi grupo». Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, también acusó a Martínez Almeida de acordarse del Ayuntamiento «cuando beneficia a los suyos».

Denuncias en Anticorrupción

La intención de que se aclaren extremos de los contratos de emergencia concedidos por la Comunidad de Madrid y el Gobierno central también abonan el enfrentamiento entre partidos políticos.

La Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación alrededor del contrato de provisión de material sanitario que concedió la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive con la que colabora el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por el que éste cobró más de 50.000 euros por sus gestiones, según explicó la política. Los detalles de dicha adjudicación fueron desvelados por el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, justo antes de que su partido le retirara todos los apoyos y tuviera que abandonar la formación. Los partidos de la oposición en la Asamblea Regional PSOE, Más Madrid y Podemos lo denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de dicha denuncia, se abrieron unas diligencias de investigación.

Posteriormente, el Partido Popular madrileño que lidera Ayuso contraatacó presentando en Anticorrupción una denuncia en la que recogió contratos del Gobierno central para realizar compras que superan los 326 millones de euros por los que los fiscales han abierto también unas diligencias de investigación. Entre las empresas adjudicatarias o beneficiarias de subvenciones que se recogieron en el escrito del PP figuran Playbol, cuyo administrador era el padre del presidente del Gobierno Pedro Sánchez o Beedigital, en la que el marido de la ministra Nadia Calviño era responsable de Marketing. También se recogieron contratos para la adquisición de material sanitario adjudicados por el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos a una empresa de yesos.

Querella de Vox contra altos cargos del Gobierno

Precisamente algunos de los contratos recogidos en la denuncia del PP ya figuraban en una querella que presentó Vox contra tres altos funcionarios de los ministerios de Sanidad y Hacienda en la que denunció que el Gobierno central pagó precios muy elevados a empresas sin solvencia en su sector al principio de la pandemia del coronavirus, viendo irregularidades en éstos.

Dicha querella, admitida en el Juzgado 26 de Madrid, se dirigió contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa); la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y el responsable de Compras del Ministerio de Hacienda. Los tres han declarado ya como querellados en el Juzgado.

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