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Una juez da cinco días al sindicato Jupol para que aporte la contabilidad de tres años

Un juzgado investiga si el anterior secretario general, el ya defenestrado José María García, cargó compras personales a la organización | La actual dirección admitió la existencia de "gastos no justificados" para forzar la salida del antiguo líder

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero (izquierda), en una reciente concentración.

El actual secretario general de Jupol, Aarón Rivero (izquierda), en una reciente concentración. JUPOL

Una juez de Madrid ha dado un plazo de cinco días al sindicato Justicia Policial (Jupol) para que le aporte la contabilidad de tres años en el marco del procedimiento en el que investiga si el anterior secretario general, el defenestrado José María García, cargó a la organización gastos personales como la compra de ropa y medicamentos y la tasa de la ITV de una autocaravana.

En una providencia notificada a las partes el pasado viernes, a la que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid requiere «nuevamente» el registro contable de Jupol -tanto en formato físico como digital- desde el 9 de julio de 2018 al 3 de junio de 2021. Este periodo abarca desde prácticamente el inicio del sindicato y el nombramiento de García como secretario general (abril de 2018) hasta que los afiliados acordaron su destitución hace 13 meses.

El procedimiento penal que instruye la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta tiene su origen en la denuncia que el 17 de mayo de 2021 presentó el policía Alejandro León (conocido en el Cuerpo Nacional como ‘Jandro Lion’) para poner en conocimiento de la justicia que el comité ejecutivo nacional de Jupol había revisado los pagos realizados por José María García -entre ellos Aarón Rivero, entonces secretario de Organización y hoy secretario general- y había descubierto «gastos no autorizados», según le había transmitido telefónicamente un responsable provincial de la organización. 

El denunciante exponía que el antiguo líder habría cargado al sindicato la compra de medicamentos (24 euros), consumiciones de bebidas alcohólicas «a altas horas de la noche por un valor de 24 euros cada copa», un par de zapatos (150 euros), la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de una autocaravana, una impresora 3D pagada en Murcia «y que no se sabe dónde ha terminado», una «comilona» de diez personas (1.000 euros) en Almería y el alquiler de un vehículo «de alta gama» Citröen DS Crossback, con un coste mensual que «se aproxima a 930 euros».

El «código ético» de Jupol

No realizar «gastos superfluos» con los fondos del sindicato y «moderar los costes de transporte y alojamiento» es uno de los compromisos que detalla el código ético de Jupol. Durante el mandato de José María García, esta organización policial recibió al menos 228.400 euros en ayudas del Ministerio del Interior para subvencionar su representación y participación en el pleno y las comisiones del Consejo de Policía.

«Se hace constar que en el año 2019 el sindicato no mostró las cuentas, sólo una serie de ‘porcentajes’ en una proyección sin detallar en una asamblea, haciendo saber que los gastos por desplazamiento de la ejecutiva fueron entonces de 195.000 euros. Nunca fueron detallados ni mostrados con transparencia», añadía en el escrito Alejandro León, que ya compareció en sede judicial para ratificarse.

Copia de la denuncia contra el sindicato Jupol y José María García de la que conoce el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid.

La denuncia se presentaba justo cinco días después de que la entonces comisión transitoria de Jupol -constituida después de que cinco de los seis miembros que integraban el comité ejecutivo nacional se rebelaran contra García y forzaran la celebración de una asamblea extraordinaria para reprobar al secretario general y elegir una nueva dirección- reconociera abiertamente en un comunicado que una de las causas por la que se había producido esta crisis había sido el hallazgo de «gastos no justificados», alejados -decía- del «espíritu de eficiencia, transparencia y responsabilidad que ha caracterizado al resto de los miembros de la junta directiva de esta organización sindical».

Fue precisamente el intento del secretario general de imponer una nueva dirección relegando a Aarón Rivero de la Secretaría de Organización y creando nuevas secretarías -en vísperas de que la Dirección General de la Policía confirmara la sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo que le había propuesto por la comisión de sendas faltas- lo que motivó que el resto de los miembros del comité ejecutivo se alzaran y forzaran su salida, contando para ello con el respaldo de Jusapol. Jupol salió de la asociación que se constituyó en 2017 para reivindicar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos autonómicos.

La actual dirección de Jupol admitió la existencia de «gastos no justificados» para forzar la salida del ex secretario general

Frente a la versión esgrimida por la comisión transitoria, José María García calificó de «burda justificación» la acusación de que imputó gastos indebidos al presupuesto de la organización con la intención de «levantar fácilmente suspicacias». «Ni lo han acreditado mínimamente, a pesar de haber sido requeridos ante el Comité de Garantías, ni podrán hacerlo porque no es cierto y así se acreditará», mantuvo García en la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional con la que intentó abortar el «golpe de estado» con el que -en su opinión- sus compañeros le habían apartado de la dirección.

El pasado 21 de octubre, la asamblea general extraordinaria eligió a Aarón Rivero como nuevo secretario general de Jupol con el respaldo directo del 6,76 % de la masa social, ya que sólo votaron 2.653 de los 24.106 afiliados que tenían derecho al estar al corriente en el pago de las cuotas. La candidatura de Rivero fue la única que llegó a proclamarse: cinco precandidatos no lograron reunir los avales exigidos por la comisión organizadora (el 2 % en cada provincia), lo que motivó su impugnación en los tribunales. La Audiencia Nacional avaló sin unanimidad el proceso electoral, si bien el fallo no es firme al haberse recurrido al Tribunal Supremo y no haberse pronunciado aún este órgano.

Elecciones a mitad de 2023

El impulso al procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid se produce cuando queda menos de un año para que se celebren elecciones al Consejo de Policía, a las que Jupol concurrirá con el objetivo de mantenerse como sindicato mayoritario. En los comicios desarrollados en junio de 2019, esta organización obtuvo 8 de los 14 vocales, desplazando al Sindicato Unificado de Policía (SUP) como primera fuerza.

En las elecciones que se celebren dentro de un año, Jupol no sólo competirá con las cuatro restantes asociaciones representativas -el SUP, la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP)- y los otros dos sindicatos que concurrieron a la última cita sin obtener vocal: la Alternativa Sindical de Policía (ASP) y la Agrupación Reformista de Policías (ARP). También lo hará una nueva sigla (Eya) liderada por el ex presidente de Jusapol Natán Espinosa y que reúne a muchos de los afiliados desencantados con la gestión llevada a cabo por la dirección de Jupol.

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