Defensa se niega a detallar cuántos móviles se han revisado en busca de 'Pegasus'

El Ministerio de Defensa ha eludido revelar cuántos móviles en total han revisado los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN) para tratar de averiguar si fueron infectados con el programa espía Pegasus con el argumento de que toda la actividad que desarrolla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -al que está adscrito el citado organismo- tiene expresamente la clasificación legal de secreta.

La secretaría general técnica de la Subsecretaría de Defensa ha inadmitido la solicitud de información con la que este redactor trataba de conocer cuántos terminales ha revisado el CCN, tras reconocer el propio Gobierno que los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa (Margarita Robles) e Interior (Fernando Grande-Marlaska) también fueron hackeados con el malware comercializado por el grupo israelí NSO Group. De forma expresa se hacía constar en la petición que no se requería la identidad de los titulares de los móviles, tan sólo el número y en cuántos se había encontrado rastro de la utilización irregular del citado software.

"No es posible facilitar información alguna s0bre las cuestiones planteadas, habida cuenta de la clasificación legal expresa como secreto de todo lo relativo a sus actividades, medios estructura interna, procedimientos, personal, relación de puestos de trabajo, etc. y dado que el régimen jurídico propio que resulta aplicable a dicho CCN no contempla un derecho de acceso a la citada información por parte del interesado", justifica.

En este sentido, Defensa sostiene que el CNI se rige por su régimen jurídico específico de acceso a la información, constituido por la Ley sobre secretos oficiales. Se trata de la norma franquista que, desde el año 2000, el PNV intenta en las Cortes que se modifique a fin de que se establezcan plazos y la información pueda desclasificarse a partir de un determinado número de años, como ocurre en la mayoría de países del entorno.

Denuncia en la Audiencia Nacional

El celo demostrado por el Ministerio de Defensa contrasta con la actitud mostrada el pasado 2 de mayo por el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que compareció en rueda de prensa junto a la portavoz del Gobierno (Isabel Rodríguez) para anunciar que el Ejecutivo había puesto en conocimiento de la justicia que los móviles de Sánchez y Robles habían sido infectados con Pegasus.

Bolaños citó en varias ocasiones que la decisión de denunciar los hechos en la Audiencia Nacional se sustentaba en "dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional", llegando a detallar extremos tan concretos como las fechas de las intrusiones detectadas: mayo de 2021 en el caso de Pedro Sánchez y junio de 2021 en relación con el terminal de la ministra de Defensa.

El ministro Bolaños desveló detalles en rueda de prensa, como los móviles infectados, el volumen de datos robado y las fechas

"La intervención legal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley", declaró aquella mañana Bolaños en el Palacio de la Moncloa.

El titular de Presidencia, al frente de la Secretaría General de la Presidencia cuando tuvieron lugar los hechos, fue más allá y llegó a precisar el volumen de información que los piratas habían extraído de los terminales: 2,73 megas del teléfono del jefe del Ejecutivo y nueve megas en el caso de Robles. No hubo alusión alguna a los límites previstos en la Ley de secretos oficiales en dicha comparecencia informativa, en la que Bolaños anunció también que se estaban revisando los teléfonos del resto de integrantes del gabinete. Esas pesquisas permitieron conocer un intento de intrusión en el móvil del ministro Luis Plana (Agricultura, Pesca y Alimentación) que no llegó a consumarse.

También se hizo el ofrecimiento a diputados, senadores y presidentes de gobiernos autonómicos con la intención de disipar dudas tras la alarma generada. Los cargos socialistas se mostraron dispuestos a entregar sus móviles para que los chequearan los técnicos del CCN -organismo responsable de garantizar la seguridad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector público- pero no así los del PP.

Interpelación en el Congreso

La difusión de esos detalles contrastaba también con la actitud que había mostrado el Gobierno cuando los grupos de la oposición le habían preguntado en sede parlamentaria por hechos similares. De ello puede dar fe el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha intentado conocer los pormenores de la investigación llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional tras conocerse en agosto de 2020 que a los entonces ministros Juan Carlos Campo (Justicia) y Arancha González Laya (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) les habrían hackeado los móviles.

En una respuesta ofrecida a Iñarritu el pasado 4 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez invocó para denegarle la información solicitada el artículo 5.1 de la Ley reguladora del CNI, que dice textualmente: "Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados acuerdos".

Vedado el conocimiento de manera genérico, el detalle de la información relacionada con las actividades de los Servicios de Inteligencia y su supervisión parlamentaria se ciñe a la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, cuya constitución se desbloqueó a finales del pasado mes de abril después de tres años al rebajar la presidenta del Congreso de los Diputados la mayoría necesaria de tres quinto (210 votos) a mayoría simple (176). Ello ha posibilitado la entrada en dicho órgano de EH Bildu y la CUP.