El pacto de rentas, de la gran medida contra la inflación a quedarse sin hoja de ruta

El Ministerio de Asuntos Económicos ya no tiene tan claro aquello del pacto de rentas. En un encuentro de los máximos responsables de la secretaría de Estado de Economía y los medios de comunicación, fuentes de dicho departamento alejaron la posibilidad de alcanzarlo. En su lugar, prefirieron incidir en que animarán a los agentes sociales a llegar a pactar la subida salarial de los próximos años, en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El AENC es un acuerdo al que llegan cada tantos años los sindicatos y organizaciones de empresarios más representativos del país, y que, entre otras cosas, fija cuál debería ser la subida salarial de los siguientes ejercicios. Después, los negociadores de convenios colectivos que deban renovarse, utilizarán esas cifras de referencia.

Pero si bien hace unos meses desde el Gobierno se esforzaban en hacer ver que una cosa era el AENC y otra el pacto de rentas que desde el Ejecutivo querían impulsar para frenar la inflación, ahora la línea es muy difusa. Preguntados sobre cuáles eran los pasos a seguir dentro del tan mencionado pacto, dichas fuentes se limitaron a recalcar que animarán a sindicatos y empresarios a llegar a un acuerdo sobre la subida salarial.

Pero, ¿dónde queda ese gran acuerdo de país que anunció Pedro Sánchez en el Congreso en marzo? ¿Dónde están esos nuevos Pactos de la Moncloa, necesarios para evitar que la inflación se retroalimente y entre en una espiral sin fin? Muchas son las dudas sobre la mesa. ¿Podrá controlarse una espiral inflacionista sin este acuerdo? Y, de producirse, ¿entrarán las pensiones, los sueldos de los funcionarios y los beneficios empresariales, como los economistas -e incluso el Banco de España- ven imprescindible? ¿Habrá más límites al mercado del alquiler y sus precios? ¿Y el salario mínimo, también deberá contenerse?

Nada de eso. La postura del Gobierno es que por ahora estudiarán de cerca lo que está sucediendo con los márgenes de las empresas y con los salarios, los dos principales ingredientes que, si crecen demasiado, llevarían a que la inflación entre en bucle. Por ahora, hasta ahí. No hay ninguna nueva reunión prevista, después de las dos de marzo y julio en las que el Ejecutivo no trasladó ninguna propuesta a los agentes sociales.

Tampoco ahora habrá ninguna propuesta, ni ningún posicionamiento. Se les animará a que acuerden el AENC, a pesar de las difíciles circunstancias -porque la disparada inflación hace complicado que se pongan de acuerdo, con los sindicatos queriendo que los trabajadores recuperen todo el poder adquisitivo perdido por la subida de los precios, y los empresarios mantienen que no pueden aceptar eso, primero porque las compañías están sufriendo también el encarecimiento y porque aumentar tanto los sueldos provocaría más inflación-.

No se les aconsejará cuál debería ser la cifra acordada, ni habrá ninguna sugerencia de ningún tipo por parte del Gobierno. La contribución del Ejecutivo al pacto de rentas, ahora AENC puro y duro, serán las medidas que ya está tomando, como la rebaja del IVA de la luz y del gas, el tope al gas, la suspensión de algunos impuestos de la electricidad, las rebajas a los abonos de transporte público, los cheques a las familias más desfavorecidas y el refuerzo al ingreso mínimo vital.

Medidas con las que esperan que a los agentes sociales les sea más fácil llegar a un acuerdo salarial, es decir, renovar el AENC -una negociación que ahora mismo está parada-, pero nada más allá. La situación podría cambiar si en su trabajo con el Banco de España para determinar cuánto están aumentando los márgenes empresariales llegasen a la conclusión de que esto está pasando y contribuyendo a generar más inflación -inflación de segunda ronda-, pero es un extremo que por ahora en Economía no perciben, en base a sus análisis preliminares de otros indicadores como el deflactor del PIB.

Antecedentes: lo anunció Sánchez en el Congreso en marzo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 2 de marzo en el Congreso de los Diputados que impulsaría un gran pacto de rentas con los sindicatos y los empresarios con el objetivo de evitar caer en una espiral de inflación. "El plan nacional de respuesta al impacto de la guerra va a tener los siguientes ejes. El primero: creo que tenemos que impulsar un gran pacto de rentas", aseguró.

"Todos somos conscientes de que uno de los mayores riesgos económicos de la guerra es el precio de la energía, de diversas materias primas y la traslación al coste de la vida. Por eso me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un gran pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza desde la perspectiva de los costes salariales como de la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas", explicó.

Unos días después, el 7 de marzo, convocó una reunión que presidió él mismo para empezar a abordar el tema. Pero durante los meses siguientes los agentes sociales no tuvieron ninguna noticia de cuáles son las intenciones del Ejecutivo al respecto. "El concepto pacto rentas ni está ni se le espera", declaró el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a finales de abril.

Tuvieron una segunda reunión en julio, en la que volvieron a empezar. El Gobierno tampoco propuso líneas de actuación, temas que deberían entrar en el acuerdo ni cifras orientativas. En una rueda de prensa a las nueve de la noche, la vicepresidenta Nadia Calviño se limitó a afirmar que venía "esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación".

También apuntó que el salario mínimo debería ser parte del pacto, sin concretar cómo. No volvieron a concertar ninguna otra reunión, ni se la espera a día de hoy, por lo que comunican desde ese Ministerio.

El SMI se queda fuera: llegará al 60% del salario medio

La subida del salario mínimo que el Gobierno prevé acometer en enero no se verá limitada por la inflación ni por el pacto de rentas. Las mismas fuentes de Economía dejan claro -ahora sí, en sintonía con Yolanda Díaz- que cumplirán su compromiso de que el SMI llegue al 60% del salario medio en enero.

Con o sin inflación y con o sin crisis en otoño, seguirán los pasos ya previstos. Primero, un grupo de expertos determinará cuál es el salario medio en España; después Trabajo convocará a una mesa de negociación a UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, aunque sea una mera formalidad, buscando que acepten la subida propuesta y que la firmen, y por último se aprobará en Consejo de Ministros el incremento. A partir del 1 de enero será una realidad y así se cumplirá con la Carta Social Europea, que apunta que el salario mínimo de los países debe situarse en el 60% del salario medio.

Por ejemplo, si el grupo de catedráticos determina que el salario medio en España es de 1.750 euros al mes en 14 pagas, el salario mínimo deberá situarse en los 1.050 euros al mes en 14 pagas. Pero eso no estará claro hasta que estos no estudien la situación de los sueldos en el país, algo sobre lo que no hay datos oficiales que consultar.

De la misma manera, en el Ministerio confirman que las pensiones también quedarán fuera de este hipotético pacto de rentas que ahora parece que no será. Desde todos los departamentos del Gobierno descartan la posibilidad de que las pensiones más altas vayan a quedarse fuera de la revalorización conforme al IPC que deberá llevarse a cabo en enero.

No importa la suma que eso implique, no importa que la inflación este año pueda alcanzar el 8% de media, y tampoco que lo pida el Banco de España: el Gobierno se ha comprometido con los pensionistas y piensa cumplir con todos ellos. De alguna manera tendrá que compensar el gasto, pero eso es tarea del Ejecutivo del futuro.