Anticorrupción bloquea los intentos de los partidos por judicializar los contratos Covid

La Fiscalía Anticorrupción ha impedido los intentos de los partidos políticos por abrir una guerra judicial a cuenta de los contratos de emergencia por el Covid en los que veían posible trato de favor a empresas vinculadas con miembros del Gobierno.

Primero, el pasado junio, archivó la investigación por el contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive en la que trabajaba el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2020. La Consejería de Sanidad concedió un contrato de emergencia a esta compañía, propiedad de un amigo de la infancia de Ayuso, Daniel Alcázar, para la adquisición de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. El hermano de Ayuso habría recibido hasta 286.000 euros por sus gestiones en dicho contrato.

PSOE, Podemos y Más Madrid como partidos de la oposición presentaron denuncias contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables" de unos hechos que vieron podían ser constitutivos de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, descartó "conductas penalmente relevantes" en los hechos denunciados y archivó en junio las diligencias abiertas a raíz de las denuncias de febrero en las que, nada más presentarse, vio "falta de concreción".

El PP apuntó a Sánchez y Calviño en sus denuncias

El contrato del Gobierno regional con la empresa del hermano de Ayuso lo sacó precisamente a la luz el entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante una entrevista en Cadena Cope. Las palabras de Casado, que provocaron una guerra interna sin precedentes en la formación, dieron pie a la oposición para presentar sus denuncias. Apuntó a un problema de "ejemplaridad" y dijo que había pedido explicaciones a Ayuso y nos las había recibido. "Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi consejo de gobierno", afirmó en la entrevista que provocó la intensa crisis que acabó con él fuera del partido.

Un mes después, la presidenta madrileña anunció que llevaría a la Fiscalía los contratos de hasta siete empresas vinculadas al PSOE que podrían haberse visto beneficiadas por los contratos de emergencia del Gobierno central durante la pandemia. Uno de los contratos denunciados por el PP de Madrid, concretamente por el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, fue el de la concesión de crédito y un contrato público a la empresa BeeDigital (antes Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA) en la que el marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño, era director de Marketing.

El PP denunció que dicha empresa había obtenido dos avales a la financiación de empresas y autónomos gestionados por el ICO y por importe de 875.000 euros sin haberse comprobado si estaba al corriente de deuda con la Seguridad Social. También que recibió un contrato del Ministerio de Seguridad Social que se amplió a la acreditación de la compañía como agente digitalizador del programa 'Kit Digital' aprobado precisamente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este martes, Anticorrupción ha hecho público el decreto de archivo de las diligencias que ha llevado a cabo el fiscal Luis Pastor firmado por el fiscal jefe Anticorrupción Luzón. En éste se descarta cualquier intervención de la ministra Calviño e irregularidades en la concesión del contrato.

En julio, el máximo responsable de Anticorrupción también archivó las diligencias abiertas alrededor del contrato en el que el PP apuntó a que el Gobierno pudo beneficiar a una empresa porque los padres del presidente Pedro Sánchez tenían relación con ella.

Dicha compañía, Industrias Plásticas Playbol SL, recibió entre el 18 de febrero de 2020 y el 25 de mayo de 2021 quince ayudas por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en forma de reafianzamiento o avales, según se expuso en la denuncia del principal partido de la oposición.

Los padres de Sánchez vendieron en 2018 los activos, fondos de comercio y maquinaria de la empresa Playbol S.A. a la hoy denominada Industrias Plásticas Playbol S.L, que se subrogó en los contratos laborales de la empresa Playbol S.A. manteniendo ésta la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial, por cuyo arrendamiento percibiría anualmente 156.000 euros.

Tras pedir información a las entidades que concedieron los créditos, el fiscal jefe Anticorrupción archivó las diligencias con un decreto crítico con las intenciones de los denunciantes, en el que les situó próximos a la especulación y dijo que "nada aporta el denunciante acerca de la intervención del presidente".

Para el fiscal, lo que se expuso en la denuncia resultó "suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto de las que aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal".