El presidente del Senado, el socialista Ander Gil, durante la sesión de control al Gobierno de este 25 de octubre de 2022 en la Cámara alta.
El (guadianesco) debate de la reforma de la sedición volvía a aflorar en los últimos días. ERC amagaba con ligarlo a su acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, opción que descartaba el Gobierno. Cuando se confirmó que no habría enmienda de totalidad, los republicanos ni mentaban esa demanda en el comunicado en el que comunicaban su decisión. Pero Pedro Sánchez sí agradeció el gesto de sus socios subrayando, desde Bruselas, que modificar el Código Penal, homologarlo al del resto de países europeos, era un "compromiso de investidura". Un compromiso "personal" suyo. Pero insistía en que no había mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. "No hay novedad", rubricaba este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, remarcando que la "prioridad" del Gabinete está volcada ahora mismo en las cuentas del año próximo.
El hipotético cambio de la sedición figuraba como un debate pendiente, que debería solventarse si fuera posible antes del fin de 2022, entre Ejecutivo y Govern en el acuerdo alcanzado el pasado 27 de julio en la reunión de la mesa de diálogo celebrada en la Moncloa. Pero en lo que sí se materializó el consenso entre las dos partes fue en otros puntos. En concreto, este: la ampliación del uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Por ahora, sin embargo, nada se ha avanzado. El PSOE mantiene "echado el freno de mano", como reconocen en la dirección del grupo en la Cámara alta. No hay "urgencia ninguna" para dar salida a este compromiso, abundan fuentes del Ejecutivo.
Hoy se emplean las lenguas cooficiales en el debate de las mociones en pleno. Se podría extender a la discusión de las leyes, no al control al Gobierno
Gobierno y Govern sellaron dos acuerdos tras su última reunión, la que puso fin al momento de mayor tensión entre ambos a cuenta del caso Pegasus. Uno, "para la protección y el impulso de la lengua catalana" [aquí en PDF], y otro, para "superar la judicialización y reforzar las garantías" [PDF]. El primero era el más preciso, el que contenía el apoyo explícito del Gobierno a la ley que aprobó el Parlament —con los votos de ERC, Junts, PSC y comunes— como respuesta a la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas. En ese texto figuraban otros aspectos relativos a la promoción del catalán, tanto en España como en instituciones internacionales.
El punto 4.a del documento sellado por los dos gobiernos explicitaba el compromiso para "promover, durante la presente legislatura, las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado. En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara alta". De momento, no se ha avanzado nada en esta línea.
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Abrir en una nueva pestaña Una reforma del reglamento del Senado de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, amplió el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara alta. Así, actualmente está amparado el uso oral y escrito de estas en el debate en pleno de las mociones, en las intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la primera intervención del presidente del Senado ante el plenario, en la publicación de iniciativas cuando sean presentadas, además de en castellano, en cualquiera de los otros idiomas del Estado y en la presentación de escritos en el registro de la Cámara por parte de los senadores. También se permite usarlas en los escritos que ciudadanos e instituciones dirijan al Senado.
La idea inicial de los socialistas es que las lenguas cooficiales pudieran usarse también en el debate de las proposiciones de ley o en comisión, no en las sesiones de control al Gobierno, porque restaría agilidad al debate. Pero no hay una posición fijada aún, como confirman a El Independiente desde la dirección del grupo, que comanda la catalana Eva Granados.
Junts pide ir mucho más allá
El PSOE sí tiene decidido que la reforma que eventualmente se promueva se impulse a partir de la que registró Junts en diciembre de 2020 [aquí en PDF]. Los independentistas pedían una ampliación total del uso del catalán, el euskera y el gallego. Es decir, que los senadores pudieran utilizar las lenguas cooficiales "en los plenos, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria". Es decir, que cuando se aborde este debate, el PSOE registrará sus enmiendas a esta propuesta de reforma de Junts.
El momento para rebajar la sedición es ahora, porque en 2023 será más complicado por las elecciones del 28-M y las generales
Pero por ahora no hay plazos ni intercambios de escritos con otros grupos. De momento, cuentan en la cúpula del Grupo Socialista, está "echado el freno de mano". "No tenemos orden del Gobierno para agilizar esta discusión. Tampoco está fijada la posición y habrá que verlo. Desde luego, ERC está más suave que antes desde que Junts salió del Govern", señalan. "Urgencia no tenemos ninguna. Si ERC no tiene prisa por esto, nosotros tampoco", explican en el Ejecutivo a este diario.
La ruptura de los antiguos socios del Govern no facilita las conversaciones, continúan en la dirección del Grupo Socialista, porque ambos partidos están compitiendo por la hegemonía del independentismo. Tampoco ayuda el punto en el que se halla la legislatura, en su tramo final. En el partido y en el Ejecutivo se asume que a partir de 2023, con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vista, y con las generales de fin de año que las sucederán, todo se hará más cuesta arriba. Por eso una reforma de alto voltaje como la de la sedición, que presumiblemente será utilizada por el PP, difícilmente arranque el año que viene. En algunas federaciones, de hecho, advierten de que abrir el melón de la modificación del Código Penal puede dañar las expectativas electorales del partido. No en vano, los dos ejecutivos se comprometieron en julio a estudiar el cambio de la sedición antes de que acabara 2022. Es decir, con distancia suficiente de las urnas. En suma, quedan apenas dos meses teóricos para tramitarlo.
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Ampliar el uso de las lenguas no es un cambio tan sensible, pero lo cierto es que no ha avanzado. En julio, en ese acuerdo de la mesa de diálogo, el Gobierno se comprometió asimismo a solicitar a la presidencia del Parlamento Europeo "la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución". Para ello, el Ejecutivo presentaría la petición a la Mesa de la Eurocámara, "junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable", y trabajaría para "conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso", 2022.
En Bruselas, tras la carta oficial del Gobierno, se ha establecido "algún contacto informal". Tendrá que decidir el Bureau de la Eurocámara
El Ejecutivo ya remitió, como informó oficialmente el Ministerio de Política Territorial en septiembre, la carta formal a la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, para instarle a que "el catalán, el gallego y el euskera, además del castellano, puedan ser lengua de uso en los plenos de la Eurocámara". Ahora queda la negociación por delante. Fuentes de la delegación socialista española en Bruselas apuntaron a este periódico que se ha entablado "algún contacto, pero de manera informal". El cambio de estatus de las lenguas cooficiales "tardará", admiten, aunque no precisan "cuánto". El órgano que debe decidir es el Bureau del Parlamento Europeo, que conforman Metsola y los vicepresidentes de la Mesa.
Desde la Moncloa se señalaba este martes que sí se ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos de la mesa de diálogo, puesto que el Gobierno ha cursado la demanda a la Eurocámara y sí ha protegido la ley catalana que responde a la sentencia del 25% de castellano en las aulas: de hecho, no la recurrió ante el TC, como sí hicieron PP, Cs y Vox, impugnaciones que ya fueron admitidas a trámite el mes pasado. Y, por parte del Govern, "se ha renunciado a la unilateralidad", compromiso que también se indicaba en uno de los acuerdos firmados en julio. Está por ver ahora si se dan más pasos en el Senado y, sobre todo, si se remueve antes de fin de año el gran escollo: la rebaja de la sedición.
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