España

El Gobierno también se plantea una rebaja de penas por malversación de fondos públicos

Serviría de "pista de aterrizaje" para el regreso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont

Pedro Sánchez en el programa Al Rojo Vivo

Pedro Sánchez en el programa Al Rojo Vivo Atresmedia

Siendo la derogación del delito de sedición el eje central del acuerdo al que ha llegado el Gobierno con la Generalitat al objeto de garantizarse el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, no será el único capítulo del Código Penal sujeto a modificación. El presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha adelantado el que va a ser el siguiente paso en el proceso de dar satisfacción al independentismo, esto es, la reforma del delito de malversación de fondos públicos.

Lo más probable es que Unidas Podemos u otros grupos parlamentarios lo propongan vía enmienda a la proposición de ley que han presentado junto al PSOE, una proposición que les permite evitar que el texto pase por los órganos consultivos como el Consejo de Estado. Asens cree el delito de malversación es «un cajón de sastre que permite interpretaciones torpes como la que hizo el Supremo», que condenó a los cabecillas del procés también por este delito a penas de inhabilitación, según ha indicado en una entrevista en Rac1.

Podemos incorporará vía enmienda una reforma de la malversación

Creen en Unidas Podemos que a los condenados por el Supremo «se les aplicó de forma sesgada, con una aplicación voluntarista y artificiosa». De este modo, los implicados en la declaración unilateral de independencia no sólo no habrían cometido un delito de sedición sino de «desordenes» sino que, tampoco, habrían malversado fondos públicos para poner en marcha iniciativas como el referéndum ilegal del 1-O o para financiar su campaña internacional a favor de la independencia. De hecho, ya el nuevo Tribunal de Cuentas cambió ostensiblemente de criterio al quitar presión sobre las posibles responsabilidades económicas o patrimoniales al permitir que fuera la Generalitat la que avalara con dinero público las fianzas impuestas a 34 altos cargos y funcionarios implicados en el procés.

Asens no hace otra cosa más que avanzar el que será el siguiente paso del Ejecutivo dentro del acuerdo al que llegó en julio con la Generalitat para «desjudicializar el conflicto político», aunque no ha concretado detalle alguno sobre esta rebaja de penas. ERC exigió además una salida a sus decenas de cargos imputados por haber participado de una u otra forma en la intentona independentista de 2017.

Pero no sólo, porque además, Asens entiende que con la rebaja del delito de malversación «los fiscales tendrán muy difícil acusar a Puigdemont de sedición porque ahora desaparece, y también de malversación si se reforma». Lo que podría servir, ha argumentado, a modo de «pista de aterrizaje evidente para su regreso» desde su retiro en la localidad belga de Waterloo.

Otra cosa es que Carles Puigdemont se acoja a unas medidas que, sin duda, le hacen más fácil su regreso a España, hasta el punto de que no debería pasar siquiera por prisión preventiva. Sin embargo, en su pugna con ERC no es de descartar que prefiera seguir siendo el president en el «exilio».

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