España

El PP estudia movilizar a la calle por la sedición, pero sin "foto de Colón" con Vox

"No vamos a dejar que nadie nos marque la agenda", dicen en Génova, ni tampoco ven utilidad en ir a una moción de censura por creer que "carece de sentido" por ahora

Alberto Núñez Feijóo durante su intervención ayer ante el comité ejecutivo de su partido Europa Press

El primer partido de la oposición no descarta movilizar a la calle en contra de la derogación del delito de sedición, compromiso alcanzado por el Gobierno con ERC no sólo para asegurarse su apoyo a los Presupuestos Generales del próximo año sino para mantener en el futuro la llamada «mayoría de la investidura». Sin embargo, eso no pasa por sumarse «a las manifestaciones de otros partidos», en alusión a la convocada ya por Vox el domingo próximo.

El líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere evitar una nueva «foto de Colón», aquella manifestación del 10 de febrero de 2019 contra los indultos a los condenados por el procés en la que Pablo Casado salió de la mano de Albert Rivera y de Santiago Abascal y que durante años le sirvió al PSOE para identificar a los populares con la extrema derecha de Vox y hablar del «trifachito».

Tampoco quieren secundar la estrategia del partido de Santiago Abascal ni del de Inés Arrimadas para presentar una moción de censura, como ambas formaciones le han exhortado en los últimos días. Fuentes populares afirman que «no vamos a dejar que nadie nos marque la agenda» ni tampoco ven utilidad alguna en usar un instrumento parlamentario que creen que «carece de sentido» por ahora.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la presentación de una iniciativa parlamentaria para mantener tanto el delito de sedición en sus actuales términos como penalizar los referendos ilegales, propuesta a la que se acogía Pedro Sánchez hasta no hace mucho tiempo, en concreto, hasta que dependió de ERC y de Bildu.

Trámite de urgencia

Todavía dudan en Génova si hacerlo vía enmienda a la totalidad a la proposición de ley que los Grupos Socialista y de Unidas Podemos presentaron el pasado viernes ante el registro de la Cámara o con una propoisición de ley propia, aunque esta segunda posibilidad la consideran más farragosa parlamentariamente hablando. En todo caso, deberán tomar una decisión más pronto que tarde, puesto que el Gobierno y sus socios han decidido dar trámite de urgencia a la reforma del Código Penal que no necesitará de informes del Consejo de Estado ni de otros órganos consultivos dado que no se trata de un proyecto de ley.

A los intentos por parar una reforma para la que el Gobierno disfruta de mayoría absoluta se une el compromiso de Núñez Feijóo de revertir la derogación de la sedición en caso de que llegue a la Moncloa tras las próximas elecciones generales. No han querido ir más allá, acaso porque el líder del PP apeló ayer mismo a la «moderación» y a la «centralidad» y no quiere dejarse arrastrar por tácticas ajenas.

Otro de los ejes de su estrategia pasa por apelar a aquellos barones socialistas críticos con la reforma del Código Penal, pero cuyos diputados tendrán que votarla en el Congreso y en el Senado. Fuentes populares defienden que presidentes autonómicos como el castellano-manchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán deben «dejar de darse golpes de pecho» si luego los suyos refrendan la derogación de la sedición para pasar a ser considerados «desórdenes públicos agravados».

Cierre de filas

Pero lo cierto es que la estrategia de apelar al contrario suele saldarse con un cierre de filas en torno a las siglas, por mucho que estén en contra de esta nueva cesión al independentismo. Lo mismo ocurrió en tiempos de José María Aznar cuando los socialistas quisieron forzar una votación secreta por la participación de España en al guerra de Irak, a pesar de la existencia en el PP y en el Gobierno de muchos críticos con el grado de implicación de Aznar con George Bush.

Pero, en general, se ha optado por la prudencia. Los populares celebraron este lunes ejecutiva nacional sin un gran debate interno más allá de las intervenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de los presidentes regionales de Navarra y Castilla-La Mancha, Ana Beltrán y Paco Núñez, respectivamente.

La baronesa madrileña ha insistido en que la manifestación de este domingo a favor de la sanidad pública era en muy buena parte «política». Pero los populares son conscientes del desgaste electoral que pueden suponerles los problemas de la atención primaria, llamada a la huelga a partir del día 21, sumándose así al personal de las urgencias extrahospitalarias.

Son tan conscientes que la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, convocó ayer a consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos populares para dar una respuesta unitaria a la enorme movilización de la izquierda exigiendo al Ministerio de Carolina Darias una reunión urgente del Consejo Interterritorial «para incorporar inmediatamente» más médicos de familia en la próxima convocatoria MIR.

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