España

Activada la vía del requerimiento de incompetencia, paso previo para acudir al TC

El Gobierno, seguro de que rentabilizará el choque con Castilla y León haya o no plan antiabortista

Un "win-win", así ven en el Ejecutivo su estrategia de desgaste de la Junta: creen que les saldrá bien tanto si logran frenar las medidas contra las mujeres como si finalmente trasciende el hipotético acuerdo de PP y Vox | La dirección regional del partido no descarta que pueda haber anticipo electoral, incluso haciendo coincidir las autonómicas con las generales

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de enero de 2023, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy la ley de servicios sociales. Esta ley mandata a las comunidades autónomas acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, un catálogo común de servicios y prestaciones básicos para todo el territorio nacional. El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior". Se trata del paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz del Gobierno y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 17 de enero de 2023, en la Moncloa. EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Los socialistas se han lanzado a la yugular de Alfonso Fernández Mañueco y de Alberto Núñez Feijóo seguros de su estrategia. Convencidos de que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar sea cual sea el desenlace. Haya al final un protocolo antiabortista, como inicialmente anunció el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, o se paralice por la presión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El PSOE no va a ceder la pieza que el PP le ha entregado. No lo hará ni por razones políticas, con unas elecciones municipales y autonómicas a cuatro meses vista, ni por convicciones jurídicas, ya que entienden que la Junta se «extralimita» en sus competencias si aprueba «requisitos adicionales» para las embarazadas que coartan su derecho a abortar.

El Gobierno ha activado, hasta el momento, dos canales distintos, aunque complementarios, para intentar acorralar a la Junta de Castilla y León y hacer que desista. El domingo le envió un requerimiento oficial para que se abstuviera de aplicar el protocolo antiabortista que, teóricamente, según adelantó el pasado viernes el consejero de Sanidad (del PP), iba a entrar en vigor el lunes 16 de enero. Requerimiento por la vía administrativa que aún no ha sido contestado por el Ejecutivo regional y que la Moncloa podría impugnar ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

El segundo camino es el que abrió este martes el Consejo de Ministros, el que en última instancia le llevaría al Tribunal Constitucional. El Gobierno, con arreglo al artículo 62 de la ley orgánica 2/1979, acordó requerir de incompetencia a la Junta de Castilla y León para que no adopte ni aplique ninguna actuación que vulnere o menoscabe la ley de plazos del aborto de 2010 (ley orgánica 2/2010). El Gobierno de Mañueco ha de contestar en un mes y si lo rechaza, entonces el Ejecutivo central podrá interponer ante el TC un conflicto positivo de competencia, y en ese momento el protocolo quedaría suspendido durante al menos cinco meses de manera automática.

El Gobierno activa el paso previo al TC porque «la duda persiste», dadas las explicaciones «insuficientes» y «contradictorias» de Mañueco y Gallardo

Sánchez, desde Davos —donde participaba en el Foro Económico Mundial—, y la portavoz del Ejecutivo, en Madrid, explicaron a los periodistas que si el Gobierno da este paso es porque las explicaciones dadas por Mañueco son «insuficientes» —dijo el lunes que no se toca el protocolo para embarazadas, pero que sí habrá medidas para fomentar la natalidad, sin especificar cuáles— y «contradictorias» con las de su vicepresidente, de Vox. Así que el Ejecutivo se siente compelido a actuar ante la «inacción, confusión y aberración» en Castilla y León. Es decir, «la duda» por la aplicación de las medidas antiaborto «persiste aún».

Aunque Vox ha insistido —y sigue haciéndolo— en que el plan está consensuado con sus socios del PP, no ha trascendido aún la supuesta disposición, si es que se ha aprobado, cosa que sigue sin estar clara. Rodríguez señaló que el Ejecutivo sí puede actuar aunque no exista un hecho administrativo, porque el TC reconoce «la vía de hecho«, que también respalda su jurisprudencia. Fuentes del Ejecutivo explicaron posteriormente que el alto tribunal permite impugnar un anuncio o una instrucción verbal que contravenga el ordenamiento jurídico. Anuncio que sí se produjo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León del pasado 12 de enero, en la que comparecieron García-Gallardo y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP). La fórmula de la vía de hecho, apuntaban desde Política Territorial, ya se utilizó en alguna ocasión durante el procés, pero apenas se ha hecho uso de ella.

Queja de Mañueco

Rodríguez indicó que el Gabinete se mueve porque tiene que evitar la «ruptura» de la legislación básica del Estado, ya que el TC reconoció que la regulación del aborto es competencia estatal, y también para proteger los «derechos y libertades» fundamentales de las mujeres, que no tienen por qué sentir «miedo» a interrumpir su embarazo al acudir a su médico en Castilla y León.

«Esperemos que no tengamos que llegar al TC, esperemos que reconduzcan», apuntan desde la Moncloa. El Ejecutivo confía en que el líder regional frene antes del choque total

«Podríamos formalizar un conflicto positivo de competencia directamente si tuviéramos una base, una norma, pero como anómalamente no tenemos un documento, abrimos este paso previo, el requerimiento de incompetencia». Pasado el mes, el Gobierno podría acudir ya al TC con esa respuesta en la mano o bien «seguir explorando la vía de hecho», más complicada. «Esperemos que no tengamos que llegar al TC, esperemos que reconduzcan», apuntan desde la Moncloa. El Ejecutivo confía, por tanto, en que Mañueco frene antes del choque total, como frenaron sus compañeros de la Región de Murcia cuando el objeto de la disputa era el llamado pin parental.

El presidente regional envió una carta este martes a Sánchez, quejándose por sus «ataques» y adelantando que la Junta formalizará su respuesta, aunque insistiendo en que se le ha enviado un requerimiento sobre un asunto «inexistente», ya que «no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico». En la Moncloa creen que Mañueco intenta ganar tiempo, buscando aplacar los ánimos con Vox y al tiempo cerrar una crisis muy inconveniente para Génova.

Pero en la sala de máquinas del Gobierno y en el partido asumen, sobre todo, que ocurra lo que ocurra ya han ganado. «Es un win-win«, una victoria sí o sí, indican fuentes del Ejecutivo. Si no hay finalmente papel, significará que la Moncloa ha logrado «parar» los planes de la Junta, y si lo hay, subrayan, habrá quedado en evidencia que Mañueco no decía toda la verdad. «El presidente regional sí dijo que había medidas. Si no las ha publicado aún es porque hay acuerdo», «es muy raro que se anuncie algo que no ha sucedido», convienen en el equipo del líder.

En ese sentido, Rodríguez recordaba que la comunidad autónoma ni siquiera puede instar a los médicos a que hagan «sugerencias» a las embarazadas, porque atentaría contra la libertad de las mujeres que protege la ley de 2010 y en la que ahonda la modificación de la norma aún en trámite en el Senado ahora mismo.

La percepción es la misma en la dirección de Castilla y León: «Es un ‘win-win’ para nosotros. Desde aquí estamos haciendo casi una labor social, al país y al PSOE»

En la dirección del PSOE de Castilla y León, la percepción es la misma. «Idéntica. Es un win-win para nosotros. Desde aquí estamos haciendo casi una labor social, al país y al PSOE», advierten fuentes muy próximas al secretario regional, Luis Tudanca.

Lo cierto es que los socialistas han logrado voltear el debate público, y eso que en las últimas semanas soplaba muy a la contra por la suma del desgaste por la reforma de la sedición y la malversación y la polémica de la ley del sí es sí, cuyo último coletazo fueron las chanzas de la secretaria de Estado de Igualdad sobre las «oleadas» de agresores sexuales que estaban saliendo a la calle.

Doble comparecencia de Sánchez

Ahora, la duda política es qué hará Mañueco y si apretará uno de los dos botones nucleares que tiene a su disposición: cesar a su vicepresidente, García-Gallardo, con lo que rompería su Ejecutivo, o bien convocar elecciones anticipadas. En la cúpula del PSOE de Castilla y León siempre barruntaron que el líder regional de los conservadores podría llamar a las urnas antes de tiempo.

«Yo creo que de generales no pasamos», indican en el círculo de Tudanca, en el que precisan que ahora «ya nada es descartable

Y ahora, tras esta crisis entre PP y Vox, lo siguen pensando. Pero ese anticipo no tendría por qué celebrarse el 28 de mayo, cuando habrá autonómicas en 12 comunidades. «Yo creo que de generales no pasamos«, indican en el círculo de Tudanca. Es decir, que Mañueco podría optar por acompasar sus comicios a unas legislativas, previstas para diciembre, en las que podría subirse a la teórica ola de Feijóo. «Pero ya nada es descartable —continúan las mismas fuentes—. El problema lo tiene Génova. Para ellos, Mañueco es una bomba de relojería».

Ocurra lo que ocurra, los socialistas creen que ya han ganado esta primera batalla del año y que han obligado a Feijóo a «salir de la ambigüedad». Por eso mismo no sorprende que la Moncloa pidiera este martes la doble comparecencia de Sánchez: el martes 24 de enero en el Congreso, el martes 31 en el Senado, para confrontar directamente con el líder del PP. Es año electoral, y el Ejecutivo no quiere dejar una pelota sin jugar. Y ahora prefiere exprimir la contienda con Castilla y León.

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