La dinámica de pactos entre PP y Vox se extiende como la pólvora a nivel local en las principales capitales españolas donde se han producido vuelcos a la derecha; más allá de la Comunidad Valenciana. También, pese a las diferencias entre Fernando López Miras y José Ángel Antelo en la Región de Murcia. Los últimos en conocerse han sido los de Toledo, condicionado por la candidata y ya exdiputada de Vox Inés Cañizares; así como los de Burgos o Vox. En todos ellos habrá coaliciones destinadas a garantizar las investiduras de más de un centenar de candidatos populares este sábado. Habrá excepciones como el de las tres capitales valencianas: Valencia, Castellón y Alicante. En ellas, los candidatos del PP, por ser la lista más votada, pasarán el filtro en la constitución de los nuevos consistorios mañana, pero deberán pilotar una complicada legislatura en solitario con pactos periódicos y de temáticas plurales con Vox. Ejemplo es la próxima alcaldesa valenciana María José Catalá.
Esta dependencia local con los de Santiago Abascal enturbia en parte la estrategia rescatada por el PP de Alberto Núñez Feijóo con la intención de preservar la estética moderada que se fomenta desde Génova con perfiles como el de Borja Semper, tercero en las listas por Madrid para las generales. No es otra que el proyecto de 'geometría variable' territorial. Es decir, apertura a pactos con formaciones plurales que rebajen acuerdos importantes pero concretos con Vox a nivel autonómico como el de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Los dos primeros ejemplos que se han puesto sobre la mesa son los del acuerdo tejido con el PRC de Revilla en Cantabria [que voluntariamente ha accedido a no obstaculizar] o el de Coalición Canaria en las islas, los dos más fáciles, en definitiva de tejer y donde los de Abascal son más débiles. No hay margen, sin embargo, en las cuatro autonomías cuyos gobiernos restan por renovar. Que se añaden a la cifra unos 135 acuerdos municipales con los de Abascal, algo que cuenta con la total permisividad de Génova.
El núcleo duro de Feijóo limita esa 'geometría variable' al contexto regional, donde sale ligeramente aventajado. De los gobiernos actuales y con garantías certeras de conformarse, están Galicia, Andalucía, Madrid, La Rioja, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. Todos en solitario, con la excepción cántabra en minoría y la coalición con los nacionalistas en el archipiélago. Ello, supone un 57,14% de los catorce feudos que aspira a gobernar el PP una vez se cierre este ciclo de negociaciones, incluido Ceuta y Melilla. El casi tercio que escapa son los ya amarrados territorios de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, así como los restantes y en proceso de Baleares, Extremadura, Murcia y Aragón, donde la máxima es librarse de Vox. Pero aún consiguiéndolo, la dependencia será similar, como la de Isabel Díaz Ayuso en la pasada legislatura, con requerimiento de acuerdos con Rocío Monasterio para legislar los asuntos más ideológicos y de programa. Por su supervisión pasa la gestión.
La variedad de pactos del PP se limita a gobiernos en mayoría absoluta, en coalición con Vox, simples con dependencia indirecta de Abascal y terceros grupos de centroderecha como el PRC o CC"
En todo caso, las limitaciones del plan popular quedan patentes, dado que el concepto 'variable' escapa al atender a su origen y por la política de acuerdos ejercida. El PRC y Coalición Canaria son partidos conservadores y nacionalistas. No hay posibilidad de ampliar el horizonte de alianzas en Murcia o Extremadura, y solo Jorge Azcón tiene opciones de integrar a terceros actores en un pacto que, de por sí depende en exclusiva de Vox. El PAR puede ubicarse en el centroderecha, y Aragón Existe, en el centro [en la comunidad se apunta a que moviliza más voto progresista que conservador], dada su intencionalidad de rehuir etiquetas.
Requiere romper el eje derecha-izquierda
El término de 'geometría variable' se acuñó en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el socialista requirió de una abstención nutrida de partidos a su izquierda y a su derecha para la reelección. Se hizo en los pasillos del Congreso de los Diputados. Estas fuerzas fueron CiU, IU, PNV, Iniciativa per Catalunya Verde (ICV), Coalición Canaria y Navarra Sí (NaBai). La crisis y el descalabro del PSOE posterior, impidió que se extendiera de manera autonómica salvo en País Vasco, donde el PP facilitó el nombramiento como lehendakari de Patxi López. Aunque la intencionalidad fue conseguir que por primera vez el PNV quedase fuera. "Ahora se llama 'geometría variable' a lo que toda la vida ha sido un gobierno en minoría", reprochó Mariano Rajoy posteriormente.
Hasta la ruptura del bipartidismo, la derecha solo había tenido que pactar con CiU, PNV y CC para gestionar. Todos partidos de lo que hoy se definiría como 'del mismo bloque'. Pero con la moción de censura a Rajoy, primero; y la investidura de hace casi cuatro años, Pedro Sánchez volvió a 'rescatar' esa fórmula política definida por entonces 'Gobierno Frankenstein', otra vuelta a las minorías simples. A nivel autonómico, en cambio, no se ha dado aún ningún caso de ruptura del eje ideológico clásico. En esta nueva geometría aún vigente hasta nueva orden, incluso se ha roto otro segundo eje: el constitucionalista-nacionalista. Es el caso de haber conformado una investidura con partidos de izquierda como Unidas Podemos y Más País; nacionalistas de derecha como el PNV o Coalición Canaria; e independentistas de izquierda como ERC o EH Bildu. A ello se incluyen pactos puntuales con actores como el BNG, Junts o el propio PP, quien ha salvado proposiciones de ley como la de reforma del solo sí es sí con su apoyo.
Criterios plurales entre Génova y los barones
Otra de las diferencias que pueden aludirse entre el proyecto de 'geometría variable' del PSOE en sus últimas dos legislaturas desde el Gobierno y el PP, es la ausencia de un criterio fijo establecido. Zapatero pactó una batería de medidas con los socios de investidura indiscriminadamente. Lo ha hecho Sánchez en los últimos años: utilizando a ERC o EH Bildu para sacar desde medidas socioeconómicas como la ley de Vivienda hasta ideológicas como la ley de Memoria Democrática, entre otras. Y esa coherencia de pactos se ha repetido, de no poderse evitar, a nivel regional. País Vasco y la reedición en 2020 de la coalición entre PNV y el PSE es un ejemplo.
Vox, sin embargo, no termina de consolidarse como socio estructural. Mientras que en Valencia el pacto se ha fraguado en la primera conversación entre Carlos Mazón y Carlos Flores Juberías, con reparto de carteras y 50 puntos programáticos, así como un propósito de confianza mutua y de estabilidad, en Murcia la tensión es máxima por la ausencia de deseo a compartir gestión y dar entrada en el Gobierno a Vox. Igual ocurre en Extremadura, en diferencia de Castilla y León.
El modelo de negociación de los territorios iba a ser el de exigir en conjunto gobiernos en solitario con Vox desde fuera, algo que se ha roto con la primera oportunidad de cambio y que puede empezarse a justificar comparando a Vox con socios como EH Bildu si se opta por demonizarlo. Feijóo tendrá problemas para lidiar con ello en campaña, más cuando dependiendo de los resultados, su gobierno, lejos de esa variabilidad, puede acabar condicionado por Abascal quedando empañada esa máxima de moderación frente al populismo.
La idea de Génova es superar ligeramente los 150 escaños, y lograr alianzas con el PNV o Coalición Canaria, que lo sumo puede elevar a 158 [han contado hasta la fecha con seis y dos representantes parlamentarios] esa mayoría simple como forma de presión a Vox. El problema es que las fuerzas nacionalistas, rechazadas por los de Abascal, añaden un extra de dificultad para un pacto de aceptarse no entrar en el Ejecutivo. Y si la dependencia es de consistente, con el precedente de Podemos en el Gobierno con 33 escaños, Vox reclamará entrar.
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