El acuerdo del PSOE con Junts para investir a Pedro Sánchez se acerca. Lo cree el propio presidente del Gobierno en funciones, pero también lo confirman desde el entorno de Carles Puigdemont. No solo porque las dos partes mantienen la absoluta discreción de sus conversaciones, señal de que no quieren que las negociaciones descarrilen, sino porque en ambos hay una "inmensa, enorme voluntad" para sellar un pacto. Y por eso los dos actores, y por tanto también la formación del expresident, están dispuestos a "flexibilizar líneas rojas para llegar al objetivo" de firmar un acuerdo que permita la reelección de Sánchez.

Los actores principales de la negociación han extremado el celo en los últimos días, al tiempo que cada uno de los partidos inmersos en las conversaciones sobre la investidura escenifica en público sus reivindicaciones. Pero desde JxCat parece que se impone la voluntad de Puigdemont de llegar a un acuerdo, pese al rechazo expresado por los sectores más duros. De ahí que fuentes cercanas al expresident de la Generalitat apunten a esa posibilidad de "flexibilizar" algunas líneas rojas. Y es que, como señalan en su círculo, a los posconvergentes y a los socialistas les une no solo su "voluntad" de alcanzar un acuerdo, sino también la "necesidad". La de Sánchez, de lograr repetir en el Gobierno para una legislatura de "estabilidad, progreso y convivencia", como él incide, y la de Puigdemont, de volver al ruedo político (y a Cataluña) con sus delitos borrados por la futura ley de amnistía.

Puigdemont ya exigió la figura del mediador en su comparecencia del 5 de octubre, pero esa demanda ya es vieja. En 2019, el PSOE sí admitió la opción del relator, pero luego se echó atrás

Ahora, cuando ya queda apenas un mes para que venza el plazo constitucional para que el Congreso pueda elegir a un jefe del Ejecutivo, el análisis que hace el entorno del expresident es que las dos partes "adaptarán los relatos", "cambiarán palabras", moverán líneas rojas y hasta "se comerán algunos sapos" con tal de llegar a la meta, el acuerdo.

No renuncia por ahora Puigdemont, sin embargo, a la exigencia de un mediador internacional. El expresident ya puso esa condición en su comparecencia del pasado 5 de septiembre en Bruselas, y no se ha apeado de ella. Es una figura vieja. Junts ya la reclamó con la formalización de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, originalmente —febrero de 2020— liderada por Quim Torra desde la parte catalana. Un año antes, el PSOE llegó a admitir la posibilidad de un relator, pero la figura no llegó a concretarse porque el Gobierno, ante el incendio en el partido, acabó echándose atrás. Los Presupuestos de 2019 decayeron, tumbados por ERC y Junts, y Sánchez adelantó los comicios al 28 de abril.

Ahora, apuntan las mismas fuentes próximas al expresident, la negociación que reclama Junts no pivotará sobre Gobierno y Generalitat, puesto que los de Puigdemont abandonaron el Govern hace un año, sino entre partidos. Por tanto, la mediación que reclama Puigdemont no adquiriría el mismo peso que los referentes con los que gusta de compararse el independentismo catalán. El último, el de Irlanda del Norte y los Acuerdos de Viernes Santo, que contaron con la mediación fundamental de Estados Unidos.

No al verificador internacional

Puigdemont ha exigido la mediación internacional de forma casi obsesiva desde que huyó a Bélgica. En primer lugar, por su manifiesta desconfianza hacia las promesas del PSOE. En segundo, y no menos importante, porque la "internacionalización del conflicto" es el gran argumento que ha validado su huida a a Waterloo. Una internacionalización que pivota sobre dos ejes: los recursos ante la Justicia europea y el eco de actores internacionales a las pretensiones del independentismo catalán. Los socialistas se han negado por esa razón a la figura del verificador internacional: supondría elevar de rango el conflicto, asemejarlo a una disputa entre Estados. La alternativa que ellos creen asumible es la de una comisión de seguimiento de los acuerdos, como la que mantuvieron con Unidas Podemos en la pasada legislatura.

La gran dificultad para el 'expresident' estriba en cómo encajar un acuerdo, que conllevará alguna cesión, en un discurso público que no ha renunciado a la unilateralidad

Desde Junts admiten a este diario, eso sí, la posibilidad ahora de aceptar dos mediadores, cada uno de ellos propuesto por cada fuerza, para facilitar la digestión de esta figura al Partido Socialista. En Ferraz y en el equipo de confianza de Sánchez guardan silencio y prefieren no comentar esta opción algo más liviana.

La gran dificultad, para el partido de Puigdemont, estriba en cómo encajar un acuerdo, que irremisiblemente implicará alguna cesión, en un discurso público basado hasta ahora en la reivindicación de la unilateralidad y el derecho a decidir. Ha sido su marca distintiva respecto a Esquerra desde que los republicanos optaron por los pactos con el PSOE. Y el empuje de los sectores más radicales del independentismo no facilita esa descompresión, como se ha acreditado esta semana con la votación del Consell de la República, en la que un 74,9% de los participantes ha abogado por bloquear la investidura de Sánchez.

La otra cuestión que Puigdemont ha puesto sobre la mesa, según adelantaron El Periódico y La Vanguardia, es el reconocimiento de Cataluña como nación. Si se situara en el preámbulo de la ley de amnistía, a priori no tendría por qué haber tacha, como admiten a este diario fuentes del Tribunal Supremo. Ya el Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, en 2010, validó el uso de nación en el preámbulo del texto. Este señalaba (y sigue señalando, porque el TC no lo anuló) que "el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación".

El pacto político y la ley

El Alto Tribunal apuntó en su fallo que la "autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural" tiene "plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima". "Los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña, utilizados en el preámbulo, carecen de eficacia jurídica interpretativa", precisó la sentencia de 2010. De esta forma, el concepto de nación cabe siempre que no sea en un contexto jurídico-constitucional, dado que "la Constitución no conoce otra que la nación española". "De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa", pero no en ese sentido jurídico-constitucional, delimitó el TC.

El TC sí avaló el uso del concepto 'nación' en el preámbulo del Estatut porque carecía de eficacia jurídica. 'Nación' cabe "siempre que no sea en un contexto jurídico-constitucional"

Queda por ver si ese reconocimiento del estatus nacional de Cataluña se lleva al preámbulo de la ley de amnistía o aparece en un texto paralelo, el que recoja el acuerdo político entre el PSOE y Junts. En enero de 2020, por ejemplo, los socialistas y ERC firmaron su pacto, de dos páginas, en el que las dos fuerzas reconocían que "existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña", conflicto que "solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo". Un pacto político, no obstante, no tiene obviamente validez jurídica.

El PSOE sí está lanzando señales de que quiere cerrar la investidura de Sánchez cuanto antes. Este martes pasado, cuando el presidente y la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, rubricaron su programa de gobierno en Madrid, sus respectivos equipos ya trasladaron que consideraban que ese paso podía empujar al resto de grupos, también a ERC y Junts, a firmar "en cascada" los acuerdos con el PSOE.

El jefe del Ejecutivo lo dio a entender este miércoles desde Bruselas, a su llegada a la Cumbre Social Tripartita: "Lo importante es que tenemos la investidura cada vez más cerca, vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española". Sánchez no dio detalle alguno de las negociaciones con los independentistas y de la ley de amnistía con el argumento de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Sí prometió dar "la cara" y fajarse en la explicación de lo que se pacte una vez que los consensos se amarren. Pero no antes.

En el PSOE no ocultan que el deseo del presidente es acudir a la investidura en la semana que arranca el 6 de noviembre, tras la jura de la Princesa ante las Cortes —el próximo martes 31 de octubre— y el puente de Todos los Santos, con el fin de llegar ya reelegido al Congreso del Partido de los Socialistas Europeos, que se celebrará el 10 y 11 de noviembre en Málaga.

Page refrenda el acuerdo con Sumar pero vuelve a mostrarse contrario a las cesiones a Puigdemont: "Sé lo que pide y sé que es intolerable". Sánchez busca exhibir apoyo orgánico antes del tirón final de los contactos

Según indican fuentes próximas a Puigdemont, la línea tope real que se marca Sánchez es la semana del 13 de noviembre, "pero también para tener margen de adaptación si al final se va a elecciones". El plazo constitucional finaliza el lunes 27, y si ese día el Congreso no ha elegido nuevo jefe del Ejecutivo, España irá de nuevo a las urnas 47 días después, el domingo 14 de enero. Pero esa opción no es la que quiere el PSOE. Ni, a priori, es la primera alternativa por la que se inclina Puigdemont.

Sánchez pretende, en cualquier caso, robustecerse de cara al tirón final de las negociaciones. Este sábado reúne al comité federal del partido para convocar formalmente la consulta a la militancia sobre la coalición de gobierno con Sumar, exhibir apoyo orgánico y demandar la confianza de los suyos, y la tendrá. La voz crítica más audible con poder orgánico e institucional es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que sí tiene previsto acudir a la reunión, recién llegado de Toulouse (Francia), donde tiene agenda este jueves y viernes como presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas.

El barón socialista bendijo este miércoles el pacto con Sumar —no afecta a la igualdad de los españoles, apuntó— pero volvió a mostrarse contrario a las cesiones a Junts: "Sé lo que pide Puigdemont y sé que es intolerable", dijo. "No quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos", reprobó. Puigdemont le respondió desde Bélgica: "Que sepa Emiliano que si elige el estilo ampurdanés en lugar del de la Selva [su comarca de nacimiento] no se lo tendré en cuenta". Ironía antes de los días decisivos para la investidura de Sánchez.