El PNV sabía que no tenía ni una opción, que sus enmiendas no saldrían adelante. El malestar llegó ayer por la tarde cuando vio cómo ni siquiera eran admitidas a trámite. La Mesa del Congreso, que hoy votará la modificación del artículo 49 de la Constitución –para modificar el término “disminuido” por el de “persona con discapacidad”-, frenó la tramitación de las once enmiendas que, aprovechando la pactada por PSOE y PP, los nacionalistas vascos querían poner sobre la mesa. Una decena de modificaciones que resume bien el modelo de Constitución deseada por el PNV y a la que pretende incorporar un profundo carácter soberanista y descentralizado.

La Carta Magna que los nacionalistas plantean en sus enmiendas plantea cambios profundos respecto a los principios centrales de su articulado y sobre los que se construyen el modelo y organización actual del Estado. Así, la formación que lidera Andoni Ortuzar quiere que la Carta Magna incluya en su articulado el derecho a decidir, ponga fin a la idea de una España “indivisible”, elimine el papel del Ejército como garante de su unidad y suprima el artículo 155.

Son sólo algunas de las demandas de modificación constitucional que había planteado en sus enmiendas y que finalmente han sido inadmitidas. La justificación de la Mesa es que esos cambios no se ajustan a la reforma del artículo “concreto” -el número 49- que se somete hoy a debate. Los nacionalistas consideran que en ningún caso plantear otros cambios del articulado constitucional supone ”vulnerar el principio de congruencia”, ya que señala que lo que está planteando son cambios sobre “la misma disposición que se reforma”. Para el PNV lo que esconde ese rechazo a admitir sus enmiendas es una “nula intención” de PSOE y PP a debatir sobre los temas que plantea.

El repaso a las enmiendas permite vislumbrar qué Constitución desearían los nacionalistas vascos. Sin duda la reclamación más contundente es la de incorporar una disposición adicional en la que, basándose en la “plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco”, se reconozca el ejercicio del “derecho a a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente representada”. Un derecho que, apunta, se debería ejercer de modo “pactado con el estado”.

Un nuevo 'encaje' al Pueblo Vasco

El PNV justifica su petición en que el “encaje del pueblo vasco en el sistema constitucional” continúa siendo “una cuestión pendiente”. Recuerda que pese a la baja aprobación que tuvo la Constitución en 1978 o incluso la aceptación del régimen autonómico que se incluye en el Estatuto de Gernika “no implicó renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran correspondido en virtud de su historia”.

El PNV también quiere que en la Constitución se elimine la consideración de España como una nación unida de modo “indisoluble”, tal y como refleja en su artículo 2. También que deje de ser considerada como “patria común e indivisible de todos los españoles”. Recuerda que el encaje del pueblo vasco “sigue siendo una cuestión pendiente” y que el marco constitucional no puede ser concebido “en pleno siglo XXI” como un “cercado jurídico que limita la expresión democrática” que anula voluntades libremente expresadas. También plantea que se elimine la consideración de "nacionalidades" que se brinda al País Vasco o Cataluña para que se las considere "naciones".

En su pulido de la Constitución modifica además el papel de las Fuerzas Armadas que a día de hoy recoge el artículo 8. Los nacionalistas vascos plantean que se suprima la encomienda al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire de “defender su integridad territorial”. Recuerdan que en una democracia son los tribunales de Justicia los que deben garantizar el ordenamiento constitucional.

Aprovechando la modificación constitucional que hoy se resolverá, el PNV había planteado que se suprimiera el artículo 155. Para la formación nacionalista el citado articulo, que permite al Gobierno hacer cumplir de modo forzoso a una Comunidad Autónoma sus obligaciones constitucionales en caso de atentar gravemente al interés general de España, carece de sentido. Señala que ya son suficientes los “mecanismos ordinarios de respuesta contemplados” en la propia Constitucional.  

'Inviolabilidad' del Rey

Entre las enmiendas también había incluido una referida a una vieja reclamación del PNV, la referida a la inviolabilidad del Rey. La formación considera que ésta sólo debe afectar a los actos que cometa en representación de la monarquía, pero no a sus actos de carácter privado.

Por último, el PNV plantea que la Constitución española proponga otro modelo de organización judicial en España. Rechaza la consideración de “unidad jurisdiccional” en el que se basa la Justicia española y apela a una descentralización del modelo de acuerdo al modelo autonómico. Otro de los cambios hace referencia al artículo 149 de la Constitución, en el que se determinan las competencias exclusivas del Estado. El PNV aspira a que en ellas sean las Comunidades Autónomas las que tengan potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, de acuerdo a lo recogido en los estatutos de autonomía.  

Finalmente, los nacionalistas pretenden eliminar de la Constitución el procedimiento recogido en el artículo 161 según el cual en los casos en los que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional disposiciones y resoluciones autonómicas estas no queden la suspensión autonómica de las mismas hasta su resolución en un plazo de cinco meses, tal y cómo ahora se establece.