La sombra del juez Manuel García Castellón, además de a los acusados por el ‘proces’, también sobrevuela a la izquierda abertzale y su entorno. El juez tiene abierta una causa que salpica a presos de ETA, a miembros de la izquierda abertzale y a algunas de sus organizaciones afines. Ayer Arnaldo Otegi situó la causa dentro del "pulso" que se libra desde instancias como la judicatura contra el independentismo y sus aspiraciones soberanistas: "Ahora quieren abrir el frente vasco", dijo.

El pasado 29 de enero el magistrado decidió ampliar el periodo de instrucción, que inicialmente había dado por terminado, hasta el 29 de julio. Lo hizo a instancia de Dignidad y Justicia en un procedimiento al que se ha adherido el PP y la AVT, tras conocerse nuevos mensajes telefónicos cruzados entre quienes fueran miembros de ETA, Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio. Comunicaciones que se habría realizado a través de canales de Telegram asociados a Sortu y a la plataforma de apoyo a los presos, Sare, y que ahora se insta a identificar a sus administradores.

Ambos presos ya han sido investigados en la causa, junto con José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, en la que se investiga la organización de los ‘ongi etorri’ o actos de bienvenida a los presos de la banda terrorista. Ahora la acusación que ejerce la asociación que lidera Daniel Portero ha solicitado a García Castellón que cite como investigados al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Julen Arzuaga, al abogado de la izquierda abertzale, Txema Matanzas y al portavoz y líder de Sare, Joseba Azkarraga. En caso de que la petición sea respaldada por el juez, la causa contaría con cerca de una decena de investigados que abarcan a prácticamente todo el entorno de EH Bildu relacionado con la asistencia y apoyo a los presos de ETA.         

Desde Dignidad y Justicia consideran que podrían enfrentarse a una acusación de pertenencia a organización criminal no terrorista para fomentar actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. En el auto remitido el pasado 18 de enero al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se subraya que se han podido recabar “indicios racionales de criminalidad” en los casos de Azkarraga, Arzuaga y Matanzas, por lo que se solicita que sean citados a declarar en calidad de investigados.

A lo largo del escrito se relata cómo diversos informes policiales han permitido conocer el contenido del cruce de mensajes de todos los presuntamente implicados en los planes para acelerar la salida de prisión de los etarras y la posterior organización de ‘ongi etorris’ a su salida de prisión. La investigación, que se prolongó durante casi dos años, abarca de diciembre de 2016 a octubre de 2019. En los mensajes conocidos aflora la interlocución que Azkarraga y Arzuaga mantuvieron con un representante de Instituciones Penitenciarias. Con ella se buscaría mejorar las condiciones de los presos en la cárcel.

Coordinados por Sortu

En el auto se apunta a que Azkarraga, en calidad de responsable de Sare, junto con Jorge García Sertutxa, expreso de ETA que actuaría como responsable de Etxerat –la organización de familiares de presos de ETA-, Julen Arzuaga, abogado y portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, y Txema Matanzas, como abogado de los presos, trabajaron de manera coordinada al servicio de la Comisión de Presos de Sortu. En el auto se señala que Arzuaga, Azkarraga y Matanzas presuntamente habrían diseñado la estrategia de apoyo a los presos que se iba a poner en marcha desde las distintas organizaciones. El resto de acusados actuarían fundamentalmente como ejecutores de la misma.

Así, a lo largo del largo auto se relata que Azkarraga era junto a Sertutxa, -ambos a través de Sare y Etxerat- quienes organizaban, planificaban los homenajes y actos de bienvenida. También la movilización y manifestaciones a favor de los presos, siempre de acuerdo a las directrices acordadas en el seno de la Comisión de Presos de Sortu. A Azkarraga se le asigna además la función de hacer de “correa de transmisión entre la Comisión de la formación de la izquierda abertzale y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Una interlocución  “para conseguir los traslados, las progresiones de grado, permisos” y aplicaciones de beneficios penitenciarios dirigidos a “conseguir la salida de los etarras”. Se añade que posteriormente organizaban las “loas, homenajes, actos de bienvenida, movilizaciones y demás actos en favor de estos presos”.

A Arzuaga y Matanzas se les acusa de valerse de su condición de abogados de presos de ETA para actuar “en clara subordinación a los dirigentes de la Comisión de Presos de Sortu” con el cometido de mantener informados al resto de personas implicadas, como es el caso de ‘Kubati’, sobre “la situación penitenciaria de los presos”. Dignidad y Justicia concluye que de este modo se materializó la estrategia de “instrumentalizar varias organizaciones” relacionadas con los presos de la banda terrorista “de forma que estas son empleadas según la conveniencia del momento o del acto concreto a desarrollar”.

Esta causa arrancó hace cuatro años. El 22 de enero de 2020 la Guardia Civil detuvo a ‘Kubati’, Oihana San Vicente y Haimar Altuna, -ambos vinculados a Sortu-, y a Ohiana Garmendia, a la que se relacionaba con la organización ‘Kalera, Kalera’, según aseguró la Guardia Civil. Todos ellos fueron puestos en libertad tras tomarles declaración. Fueron acusados de organizar 95 ‘ongi etorris’ a presos de ETA entre diciembre de 2016 y octubre de 2019.

Un acto de "alegría" para familiares y amigos

A ‘Kubati’ se le sitúa en grado de dirigente en la estructura de organización de estos actos de apoyo a los presos de ETA y al que se relaciona con la organización de encuentros y entrevistas con presos de ETA a su salida de la cárcel o bien durante permisos carcelarios. Incluso en el auto se afirma que mantenían conversaciones con “huidos de la banda terrorista, demostrando estar directamente implicado en la gestión diaria de su situación. Una actividad que realizaría en condición de miembros destacado de la Comisión a favor de los presos.

A raíz de la detención de todos ellos y del análisis de sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil, se recabaron conversaciones mantenidas entre ellos y quienes ahora se reclama que sean citados en calidad de investigados. Una estructura diseñada básicamente para acelerar la salida de prisión de los presos y que posteriormente se encargaría de “organizar y dinamizar los homenajes” de bienvenida.

Entre los muchos mensajes que se incorporan al auto figuran varios relativos a la organización de los ‘ongi etorri’. Entre ellos aparece un mensaje que Azkarraga envía a ‘Kubati’ y en el que le asegura que el entonces Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, le ha enviado una fotografía del ‘ongi Etorri’ brindado al expreso de ETA, Xabier Ugarte el 28 de julio de 2019 en Oñati: “Aprovecho para comentarte que me envía ‘el de Madrid’ un wasap con la foto del ‘ongi etorri’ de ayer y me dice que esto no ayuda mucho”.

En otro mensaje cruzado entre el portavoz de Sare y ‘Kubati’, Azkarraga le informa de la celebración de una manifestación y de la intención de “no decir nada” si les preguntan por los ‘Ongi etorri’.

El 3 de agosto de 2019 ‘Kubati’ le insta a Azkarraga a “buscar acomodo en la dialéctica de la sociedad vasca” a la justificación de los ‘ongi etorri’. Incluso le apunta que los actos de bienvenida deben ser justificados como “un acto lleno de sentimiento y de alegría para la familia y amigos”. Añade que deben ser defendidos como actos para facilitar la integración de la persona “que sale de la cárcel” y en un espacio “para contribuir a la paz, la convivencia, las vías democráticas y el diálogo”.