Vox no se resigna a quedar relegado en el campo judicial frente al PP pese a no tener la capacidad, por ejemplo, de presentar recursos de inconstitucionalidad por sí solo ante el Alto Tribunal. El tema del momento es la Operación Delorme, coloquialmente designada como trama Koldo, y frente a ellos, Génova ha jugado mejor sus cartas. Pese a que, internamente, en el partido creen que los de Alberto Núñez Feijóo se centran en pequeñas peleas mientras es Vox quien "va a la batalla". Por un lado, los populares se adelantaron en la materia, presentándose como acusación popular en primera instancia tres días antes que Bambú. Por otro, buscan capitalizar la atención de oposición haciendo uso de su mayoría absoluta al Senado, como contrapeso a la presidencia de Francina Armengol, el PSOE y la mayoría que tiene con sus socios en el Congreso.
Ante ello, y la irrelevancia representativa en el Senado, busca hacer ruido en el Congreso de los Diputados -a sabiendas de que la ausencia de mayorías les deja inoperativos-, con baterías de preguntas y peticiones de comparecencia para todos los cargos públicos a los que, al menos mediáticamente de momento, ha salpicado esta trama de presunto cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas y material sanitario. El último movimiento que baraja la formación de Santiago Abascal va, nuevamente, en el horizonte judicial: se quiere conseguir que la querella archivada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "delitos de imprudencia grave con resultado de muerte" al comienzo de la pandemia de la covid sea reactivada. Así lo indican fuentes nacionales de Bambú, que también aluden a la relativa a la compra de material sanitario.
Desde el partido aseguran que, a diferencia del momento en el que las presentaron, que fue a mediados de 2020, los indicios de entonces quedan ahora fundamentados por la investigación de la Audiencia Nacional, así como el conocimiento, entre otros, de que "no había comité de expertos" al margen del equipo de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Por lo que volver a ponerlas en marcha puede conllevar que ahora terminen en buen puerto y no archivadas.
La justificación que hacen en Bambú es que estas dos vertientes son exactamente "el caso mascarillas", algo que "empezamos nosotros" a poner en el foco. "Vamos a ver hasta dónde llegamos", aseguran, adelantándose al sumario y a los informes a disposición del juez Ismael Moreno en qué, al margen de "los gobiernos regionales" con los que contaba el PSOE en pandemia, "están implicados" Interior, Transportes, Hacienda y Sanidad en su conjunto. De momento, solo se aluden en la causa a contratos con Canarias y Baleares, así como a Puertos del Estado, Adif o Interior -con el número 'dos'-.
La querella contra la gestión de Sánchez
De las dos querellas mencionadas, primero -y personificada- está la presentada contra el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE. El partido la anunció el 20 de abril de 2020, en contra de un Gobierno "liberticida" y "por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad". Una reacción posterior a que los socialistas acudiesen a la Fiscalía General del Estado al considerarse atacados por representantes de Vox bajo posibles delitos de odio, injurias y calumnias a través de Twitter en relación a la pandemia. También fue archivada.
En concreto, el objetivo de la querella de Vox iba en dirección de conocer qué "imprudencias" habría cometido el Gobierno mediante su gestión al inicio de la crisis sanitaria que, de no cometerlas, habría impedido muertes. Se habla de haber permitido concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M la semana previa, y que faltasen los equipos de protección adecuados para personal sanitario o policial. Terminó archivada, al entender el juez encargado que se actuó de acuerdo al contexto internacional de incertidumbre. Y que, pese a haber podido haber actuaciones "erróneas" y "de grave consecuencias sociales", éstas no tienen "relevancia penal".
Vox, sin base judicial pública, dice que Sánchez estaba al tanto de una operación conjunta de sobreprecio en los contratos de mascarillas con intermediarios"
¿Cómo hila Vox esto con el caso Koldo? Se apunta que, a los dos días siguientes de declarar Sánchez el estado de alarma, el 16 de marzo de 2020, "ya se estaban dando órdenes de compra de mascarillas" a Soluciones de Gestión y de Ayuda a Empresas SL, la empresa 'fantasma' investigada como centro de negocios de la trama. Según la Unidad Central de Operaciones (UCO), lo que hubo esa jornada fue un acuerdo de prestación de servicios entre Soluciones, Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL. Ahí ya vendría haciéndose alusión al primer acuerdo con el Ministerio de Transportes, para el suministro de mascarillas a Puertos del Estado.
Fuentes nacionales de Vox recuerdan que "nosotros justificábamos en la querella que el Gobierno tenía conocimiento de la pandemia al menos desde el 30 de enero, cuando la OMS cambia la calificación de incidente en China a pandemia mundial. Entre febrero y marzo hay una serie de cosas que tenían que hacer pero no hicieron". Y mientras no dotaron, según Vox, del equipamiento adecuado para evitar el incremento de la incidencia cuando sabían que el impacto de los contagios crecería, si fueron asentando las operaciones de mascarillas -esto es deducción propia del partido-. "Un decreto, por ejemplo, de sequía se puede sacar de un día para otro, pero una orden ministerial por 20 millones de euros" para las compras no. "Para eso ha habido un procedimiento administrativo previo e informes, y eso lo estaban haciendo sin haber declarado el estado de alarma". "Sabían perfectamente que iban a declararlo y que ahí había negocio", y eso "es lo que vamos a sostener hasta el final".
Además, cargan contra Sánchez del que dicen que estaba al tanto de "una operación conjunta de sobreprecio en los contratos de mascarillas con intermediarios". "Con su férreo control del partido, ¿alguien cree que se le ha escapado durante seis años?", afirman desde Vox.
Querella archivada sobre las compras de la covid
Después de varias peticiones de la Fiscalía entre 2020 y 2022, este pasado 14 de febrero terminó por archivarse otra de las demandas hechas por Vox, en este caso contra los altos cargos del Gobierno por contratos de emergencia durante la pandemia. Por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La misma iba dirigida contra Alfonso Jiménez Palacios, ex directo general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa); Patricia Lacruz, la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia; y Paloma Rosado, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda.
Desde Vox comentan que la querella estuvo motivada por el análisis de hasta 43 contratos de suministro colgados en la web del Ministerio de Sanidad que "luego desaparecieron". "Ya dijimos que Sanidad estaba implicado entonces", indican refiriéndose directamente al exministro Salvador Illa. Anticorrupción remitió el pasado 8 de junio de 2023 a la Fiscalía Europea una parte del megacontrato de 2.500 millones que efectuó Sanidad para la compra de material, porque afectaba a los fondos de recuperación europeos FEDER. En concreto, una adjudicación desde Ingesa a Soluciones. Illa, no obstante, recientemente ha negado que saliera un solo euro del Ministerio hacia la trama. Con la investigación abierta a la trama una semana después de que se archivara la querella, Vox cree que su "indicio sólido" ahora sí podría volver a valorarse.
"De lo que tenemos constancia es que la información que tenían no la usaron para hacer acopio. Lo utilizaron para hacer negocio adjudicando a amigos y a empresas que no pasan los filtros. Con domicilio fiscal desconocido, sin ingresos, ni actividad solvente o ajenas al sector sanitario". "Ahora los indicios sólidos están reforzándose y es lo que nos faltaba a nosotros. Tenemos que impulsar a Fiscalía la investigación, y no pueden negárnoslo diciendo que eran meras suposiciones". Para Vox, esto es "una imprudencia grave por la que el Gobierno tendría que estar sentado en el banquillo", porque "incluso en las situaciones de excepcionalidad no vale todo".
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