La Audiencia Nacional plantea ampliar sus competencias para luchar contra el narco: "Se necesita una respuesta penal más eficaz"

La Audiencia Nacional ha abierto la puerta a una reforma de calado para reforzar su papel dentro del sistema. En un documento de trabajo impulsado por su Sala de Gobierno, el tribunal plantea ampliar sus competencias para adaptarlas a lo que describen como una nueva realidad criminal "cada vez más compleja, transnacional y tecnificada".

La propuesta llega a las puertas del 50º aniversario de la Audiencia, y se presenta como una base para el debate institucional. Así, a iniciativa de la presidencia del tribunal y con aportaciones de fiscales, magistrados y unidades especializadas, la Sala propone elevar al Consejo General del Poder Judicial la conveniencia de revisar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que delimita actualmente sus competencias penales.

"La evolución del crimen organizado, su carácter transnacional y el liderazgo de la Audiencia Nacional en estos ámbitos son factores que aconsejan una ampliación del actual haz competencial", recoge el documento, que insiste en la necesidad de adaptar la estructura judicial a la nueva realidad delictiva. "El paso del tiempo ha producido importantes cambios en la actividad criminal y por ello se hace necesaria una respuesta penal más eficaz, rápida y especializada", añade.

Asumir delitos narco "sin multiprovincialidad"

Sobre esa premisa, la propuesta articula una serie de reformas que afectan a varios de los grandes ámbitos del crimen organizado actual. Uno de las más relevantes afecta a los delitos de tráfico de drogas. La Audiencia plantea poder asumir estos casos incluso sin el requisito de que la actividad sea multiprovincial, siempre que concurran circunstancias "de especial gravedad o complejidad". Es decir, que el criterio no dependa únicamente del territorio, sino también de la sofisticación de las redes criminales o del impacto de la actividad.

En esa misma línea se sitúa el blanqueo de capitales. El documento propone que este delito pase a ser competencia directa del tribunal cuando sea cometido por organizaciones criminales transnacionales. La justificación es estructural: "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas, como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas. La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", argumenta el texto.

La trata de seres humanos es otro de los ejes centrales del planteamiento. La propuesta pasa por atribuir a la Audiencia Nacional los casos en los que este delito sea cometido por organizaciones criminales con dimensión transnacional o con actividad "que exceda el ámbito de una comunidad autónoma". La idea, según el texto, es reforzar la respuesta judicial ante un fenómeno que combina explotación, movilidad internacional y estructuras criminales altamente organizadas.

Asimismo, en el ámbito de la seguridad nacional, la reforma incorpora otro bloque enfocado en la ciberseguridad. Así, la Sala plantea atribuir a la Audiencia Nacional los delitos que afecten a infraestructuras críticas —como redes eléctricas, sistemas de transporte o entidades financieras— cuando puedan comprometer la seguridad del Estado. El argumento conecta directamente con la experiencia del tribunal en causas de terrorismo y criminalidad compleja, que se presenta como el "órgano idóneo" para asumir este tipo de amenazas emergentes.

El documento también incluye una dimensión menos conocida del debate: la protección del patrimonio cultural. Se propone que los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales con dimensión transnacional o de especial relevancia pasen a ser competencia de la Audiencia Nacional. La lógica es la misma: la necesidad de centralizar investigaciones que, por su alcance internacional, desbordan los marcos territoriales tradicionales.

Convertirla en "órgano de referencia"

Más allá de la ampliación competencial, el texto plantea una transformación más profunda de su propio modelo. La Audiencia Nacional se proyecta como un posible "órgano judicial de referencia" para la cooperación penal europea en investigaciones penales transnacionales complejas. "No por monopolio, sino por especialización funcional", precisa la Sala.

En el trasfondo de toda la propuesta hay una lectura más amplia, y es que la criminalidad organizada ya no es una suma de delitos aislados, sino redes que operan con estructuras globales, capacidad tecnológica avanzada y una notable flexibilidad territorial. Frente a ello, el tribunal defiende que la respuesta judicial debe ser igualmente "coordinada, especializada y adaptable".

La propia Sala de Gobierno lo resume en que el objetivo es "reforzar la capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de criminalidad" y garantizar la eficacia del Estado de Derecho en un escenario en constante transformación.

Es por ello que la iniciativa también abre la puerta a resolver los conflictos de jurisdicción. Según el documento, la dispersión de criterios entre órganos territoriales y la Audiencia Nacional genera retrasos, aumenta la carga del Tribunal Supremo y "ralentiza la tramitación de los procedimientos".

Frente a ello, la propuesta sostiene que una clarificación del marco competencial reduciría estos conflictos. "La clarificación de los criterios de competencia evitará conflictos y garantizará una aplicación uniforme de la ley", explica la Sala.