Guardias civiles cargan contra el PSOE ante la muerte de dos agentes en plena campaña electoral: "Era una tragedia anunciada"

La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución el pasado viernes a una narcolancha ha reabierto la crisis entre las asociaciones del instituto armado y el Gobierno en plena campaña electoral andaluza. La ausencia del ministro del Interior, Fernando Marlaska, en el funeral de los agentes, unida a la polémica por las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero calificando lo ocurrido de “accidente laboral”, ha disparado el malestar entre los agentes destinados en el litoral sur, donde denuncian sentirse “abandonados” frente al avance del narcotráfico.

“Lo de Huelva era una tragedia anunciada”, señalan los agentes desde hace días y las asociaciones profesionales tras la muerte de los dos agentes, fallecidos cuando perseguían una narcolancha frente a la costa de Huelva. El juzgado ya investiga las circunstancias del siniestro, ocurrido durante un operativo contra el narcotráfico en una de las zonas más tensionadas por la presión de las mafias dedicadas al hachís y la cocaína.

El narcotráfico avanza por el litoral

Fuentes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han explicado a El Independiente que el impacto emocional dentro del cuerpo es enorme, especialmente entre los agentes desplegados en Andalucía. “Nuestros compañeros de Huelva están tremendamente afectados por partida doble: por el dolor de la pérdida de dos compañeros excepcionales y por la sensación de abandono institucional ante la lacra del narcotráfico y la desigual lucha que nuestros agentes enfrentan ya en todo el litoral andaluz”, señala Antonio, portavoz de la asociación.

La organización sostiene que el problema ya no se limita al Campo de Gibraltar, sino que se ha extendido progresivamente “de Huelva a Almería”, obligando a los agentes a enfrentarse a redes criminales cada vez más violentas y mejor equipadas. “Antes estaba reducido a Cádiz y al Campo de Gibraltar, ahora la presión del narco se ha expandido por toda la costa andaluza”, advierten.

El presidente de AEGC, Francisco Benito Molina, endureció aún más el tono este fin de semana. “Desde AEGC lamentamos profundamente este fatal desenlace, que es la crónica de una muerte tristemente anunciada”, afirmó. En su opinión, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate hace más de un año, “no se han adoptado las medidas necesarias para acabar con la presencia del narco en el litoral andaluz, donde estos campan a sus anchas”.

Un aumento de medios materiales y personales

Las asociaciones reclaman desde hace tiempo un refuerzo urgente de medios materiales, personal y cambios legales para afrontar una situación que consideran desbordada. Según los datos que manejan, la Guardia Civil arrastra un déficit estructural cercano a los 20.000 agentes. De estos, unos 12.000 corresponderían a unidades de seguridad ciudadana. Solo en Cádiz y Huelva, explican las fuentes consultadas, faltarían entre 200 y 300 efectivos para cubrir la demanda ordinaria de servicio.

“Pero el narcotráfico requiere medidas extraordinarias”, sostienen desde AEGC, que reclama un despliegue permanente de unidades especializadas como el GAR y el GRS, además de recuperar OCON-SUR, la unidad de élite contra el narcotráfico desmantelada hace años y cuya desaparición sigue siendo muy criticada dentro del cuerpo, "nadie lo entiende, ahora son más fuertes los narcos y nosotros trabajamos con menos medios", señalan agentes del Instituto Armado.

Embarcaciones frente a narcolanchas

Las críticas también se centran en los medios marítimos. “Los compañeros del Servicio Marítimo requieren actualizar sus embarcaciones de forma urgente. Muchas están envejecidas e incluso resultan inoperativas”, denuncian. Las asociaciones piden además nuevos protocolos de actuación que permitan interceptar narcolanchas “sin poner en riesgo la vida de los agentes”.

La tragedia ha reactivado igualmente el debate sobre la consideración de profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles. Apenas unas horas antes del operativo mortal en Huelva, Marlaska reconocía públicamente el “riesgo evidente” que asumen los agentes en la lucha contra el narcotráfico, aunque el Gobierno sigue sin dar el paso de reconocer oficialmente esa condición, una reclamación histórica de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil y militares.

Para los agentes, el reconocimiento tendría consecuencias tanto simbólicas como laborales y económicas, especialmente en materia de jubilación, protección y cobertura profesional. Las asociaciones consideran contradictorio que el Ejecutivo admita públicamente la peligrosidad creciente del trabajo policial frente al narco mientras rechaza elevar ese riesgo al plano legal.

"Encabronados es poco"

En paralelo, el malestar interno se ha agravado por la ausencia de Marlaska en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos, una decisión que provocó indignación en buena parte del cuerpo. A ello se sumaron las palabras de María Jesús Montero durante un debate elecotral al referirse inicialmente a lo ocurrido como un “accidente laboral”, unas declaraciones que obligaron posteriormente a Moncloa a trasladar mensajes de “empatía” y “compromiso” con la Guardia Civil.

Dentro del instituto armado, sin embargo, el enfado sigue creciendo. “Encabronados es muy poco”, resume gráficamente un agente consultado por este periódico. En plena campaña andaluza, la crisis amenaza además con convertirse en un problema político para el PSOE en una comunidad donde el avance del narcotráfico y la seguridad en el litoral se han convertido en asuntos de enorme sensibilidad social.

El malestar también ha llegado a la Policía Nacional. El Sindicato CEP ha mostrado su rechazo a las declaraciones de la candidata socialista en Andalucía que calificó la muerte de los dos agentes como “accidente laboral”. “Los policías nacionales nos sentimos asqueados porque cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega alguien que se permite el lujo de faltar al respeto a nuestros compañeros, a esos dos héroes de la Guardia Civil caídos en acto de servicio”, denuncia el sindicato.

En su comunicado, el CEP considera esas palabras “un acto repulsivo, bochornoso y miserablemente cruel”. Además añade que “no lo podemos consentir”, en un mensaje que refleja la indignación también en el resto de las fuerzas de seguridad.