Ya sucedió el año pasado. El PSOE encadenó, desde el apagón del 28 de abril, semana tras semana de malas noticias, de tensiones, de acogotamiento. Y todo explotó el 12 de junio, cuando se conoció el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. El partido y el Gobierno, que le habían defendido ciegamente, que habían puesto la mano en el fuego por él, se quemaron. Pedro Sánchez forzó su salida. El 30 de junio, el ya exsecretario de Organización, el número tres de la nomenclatura socialista, ingresó en prisión provisional y allí estuvo casi cinco meses. El presidente, que barajó dimitir durante aquellos cinco días de reflexión en abril de 2024 por la imputación de su mujer, sopesó también marcharse tras la traición de Cerdán. Pero decidió seguir y, tras la pausa veraniega, logró recuperar la iniciativa política y sacar del foco —temporalmente— la agenda judicial que asfixiaba a su partido. Luego llegó el juicio y la condena al fiscal general del Estado, la vista a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama —la sentencia se prevé para este junio—, los descalabros electorales en Extremadura, Aragón y Andalucía y el tibio respiro en Castilla y León.
Pero el 19 de mayo todo cambió. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero. El golpe emocional al partido y al Gobierno era inmenso. Brutal. Y cuando todos intentaban asumir que el calvario se alargará porque el expresidente no declarará ante el magistrado el 2 de junio, como estaba previsto, sino dos semanas más tarde, el 17 y 18, sobrevino otro tsunami. Otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, ordenaba el requerimiento de documentación a Ferraz y varios registros domiciliarios y destapaba, en un auto también demoledor, una supuesta red organizada desde el corazón del partido, con Cerdán a la cabeza y con la exmilitante Leire Díez de ejecutora, para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento
judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los
intereses del PSOE o del Gobierno". 16 horas permanecieron en la sede federal los agentes de la UCO recabando información.
Aún no ha habido explicaciones —las habrá cuando se levante el secreto del sumario, promete la dirección—, pero lo que sí que ha intentado Pedro Sánchez es tejer un mínimo relato. Una mínima línea de defensa para armar a los suyos. A través de dos de sus hombres de confianza, los ministros Óscar López y Óscar Puente, calentó la teoría de la conspiración. La tesis de que los movimientos judiciales, las "filtraciones", los "calendarios", las "coincidencias" y la consecuente "utilización política" por parte del PP, no son casuales ni arbitrarios. Lo que entrevén Gobierno y partido es una operación de "derribo" por "métodos no democráticos", según expresó el titular de Transportes este jueves en el Congreso. Eso sí, no identificó quién está detrás. Nadie pone nombres y apellidos, ni señala colectivos, ni pone el foco en los jueces, ni saca del cajón la palabra lawfare.
Puente no iba en absoluto por libre, como tampoco había ido López 24 horas antes, cuando aseguró que "sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias". De hecho, la Moncloa quiso que quedara claro que las palabras de Puente contaban con su aval. Estaba hablando no un ministro, sino el Gobierno en su conjunto. El propio Sánchez. El presidente comparecerá en un pleno monográfico en el Congreso a finales de junio, pero ayer ya trasladó su visión de lo ocurrido a través de su responsable de Transportes. Y esa perspectiva no era nada diplomática.
Sánchez subió un escalón más en su pulso contra parte de la judicatura, contra la derecha mediática y política. Pasó a la ofensiva con el propósito, reconocían en la Moncloa, de arengar a sus bases y alinear a sus cuadros. De paso, el presidente alimentaba a sus votantes progresistas, en probable depresión por la acumulación de casos que golpean severamente al PSOE. Sánchez, a un año vista de las generales —él reiteró desde Roma el miércoles, con la UCO recabando archivos en Ferraz—, necesita galvanizar a los suyos, activarlos, proporcionarles un relato y un incentivo para luchar. Ya ocurrió cuando el Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos: aquel fallo, conocido un 20 de noviembre —la sentencia se hizo pública 19 días después—, fue combatido por el propio Ejecutivo, que defendió hasta el final, y aun después, la "inocencia" del ya ex fiscal general del Estado. Entonces los socialistas creyeron que esa "auténtica vergüenza" de resolución del TS les reforzaría ante sus electores, que visualizaba la conjura de la derecha contra el Ejecutivo.
Puente, además, recogía este jueves un sentimiento muy arraigado en buena parte de los cuadros y la militancia, como ya contaba este diario. Una "indignación" que recorre un partido que se siente perseguido, víctima, cree, de una cacería. Cuando Zapatero fue imputado, Ferraz deslizó en un primer comunicado la sospecha de lawfare, pero luego abandonó ese territorio tras conocer la textualidad del auto de Calama, que calificó de "serio", "sólido". Sí que la dirección federal y el Ejecutivo, pero también muchos dirigentes consultados —igual que los exministros del propio Zapatero—, han sostenido estos días que aunque la resolución del magistrado, los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y los detalles del sumario dibujan "feos" indicios, no hay todavía "pruebas" concluyentes que incriminen al expresidente. Así que no hay "motivo suficiente" para cambiar de opinión, según esgrimió Sánchez el miércoles en Roma.
Con el caso Leire, la sensación de ahogo injusto ha ido a más. "En las casualidades no creo, y no me chupo el dedo, no se chupan el dedo en la mayoría de los militantes del PSOE y de las personas de izquierdas de este país", señaló Puente ante los medios. El auto de registro de Ferraz trascendió en pleno huracán Zapatero y la víspera de que arrancase el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez. Y por delante quedan la comparecencia, en audiencia previa al juicio, de Begoña Gómez, la esposa del líder socialista, y la declaración del propio expresidente el 17 y 18 de junio. "Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones para derribar al Gobierno", sostuvo el titular de Transportes.
El ministro no entró en los pormenores del auto de Pedraz, pero sí remarcó que dos intentos de soborno descritos por él —al fiscal José Grinda y a la empresaria Carmen Pano— fueron "desmentidos categóricamente". Y denunció que la operación policial había sido filtrada a un medio —El Confidencial— previamente, que informó poco antes de la nueve de la mañana de que se debía a la presunta financiación irregular del PSOE (y no era así). Datos, insistió, que fueron usados primero por Alberto Núñez Feijóo y, ya en la sesión de control, a partir de las nueve.
La queja de los socialistas es que, aunque luego vinieron las rectificaciones y matizaciones, el marco ya se había fijado cara a la opinión pública. "Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno —clamó Puente—. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas. Y, desde luego, el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar". El titular de Transportes apuntó al "acompasamiento" de los tiempos de la política y la Justicia, cómo ahora se solapaban un juicio de algo que ocurrió "hace la pila de años" —la operación Kitchen, el presunto uso espurio de recursos y efectivos del Estado para hurtar material sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas— con el comienzo de la vista contra David Sánchez. "Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento, es innegable", remachó.
No fue ayer el único ministro que tomó la palabra. A primera hora también lo hizo el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Estamos asistiendo en directo a un show", sostuvo el ministro en un desayuno organizado por Europa Press en Madrid. Es decir, que se está primando "entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera", por encima de la preservación del proceso judicial.
"No es normal que en la víspera de una intervención supuestamente sigilosa, que se tiene que preservar para el mejor resultado de la investigación, aparezca lo que se va a hacer en los medios de comunicación", porque eso, dijo, "va en contra de la propia investigación". Agregó Torres que una instrucción "seria" requiere "discreción", por lo que no encaja que si hay secreto de sumario, "todo el mundo sepa lo que lo que supuestamente es secreto". Y desde Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, un dirigente muy próximo a Sánchez, se movía en la misma órbita. "Respeta" a la Justicia, apuntó, aunque no es "ingenuo": "Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es".
Desde la dirección del partido explican que este jueves era el momento de salir en tromba, porque la víspera, con el auto recién conocido y los agentes en Ferraz era prematuro. "No tenemos nada que esconder, pero el miércoles era un día para situarnos, para saber qué estaba pasando", indica una integrante de la cúpula. "Por supuesto que queremos apretar las filas, que la gente se anime pese a todo, que defiendan al Gobierno", confirman en la Moncloa. En ese sentido, la elección de Puente tampoco era casual, precisamente por su tirón y predicamento entre las bases socialistas. Y es que "a la militancia le encabrona mucho que los agentes filtren o lo hagan los jueces o quien sea y a los x minutos estén los digitales y los gráficos contándolo en tiempo real".
La reacción de Sánchez también cristalizó en otros dos pasos. De un lado, el PSOE lanzó un comunicado a mediodía. Hasta entonces, no había abierto la boca sobre el caso Leire que ha supuesto la imputación de la actual gerente, Ana Fuentes Pacheco, y del señalamiento —habrá que ver cómo evolucione la causa, expuso el juez— de Juanma Serrano, primer jefe de Gabinete de Sánchez (antes de su llegada al Ejecutivo), y de Juanfran Serrano, diputado por Jaén y miembro de la dirección federal. Ferraz se desvincula de su pasado, de lo que pudiera hacer Cerdán: "Este partido no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer". Y adelantó que dará las "explicaciones pertinentes" cuando se levante el secreto del sumario y analice los detalles del caso. Ni una palabra sobre la gerente en esa nota, aunque Puente, como la víspera había hecho Sánchez, defendió su trabajo.
Segundo paso: el presidente pidió su comparecencia en el Congreso para responder a las últimas investigaciones judiciales por presunta corrupción en un pleno en el que también dará cuenta de las decisiones adoptadas en el próximo Consejo Europeo. Como la cumbre de los Veintisiete se celebra el 18 y 19 de junio en Bruselas, es seguro que la sesión en la Cámara baja llegará después, probablemente hacia el 24 de junio. Después, también, de la declaración de Zapatero ante el juez, programada el 17 y 18. Sánchez pretende también así allanarse el camino de cara al comité federal del 27 de junio, en el que, si nada cambia, el partido pondrá rumbo hacia las municipales y autonómicas de mayo de 2027.
Por tanto, Sánchez despliega una estrategia de resistencia, de espoleo a su gente, de reactivación de sus deprimidas bases electorales, de ánimo a una militancia y una dirigente todavía en shock, primero por la imputación de Zapatero y luego por el caso Leire. También él mismo necesita el calor de su grey. Y lo tendrá este domingo, en la clausura en la capital, en la sede regional de UGT, del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas de España, del que saldrá aupada la madrileña Aránzazu Figueroa como nueva secretaria general.
Esa estrategia de reactivación de las bases socialistas la explica un responsable que conoce bien al presidente: "Cabeza alta... pese a todo. En un momento de ataque sistémico y global, alguien tiene que arengar a las defensas. Si te quedas callado o compungido o sacas la bandera blanca, la gente acaba asumiendo el relato masivo del exterior, la derrota irreversible, y sale corriendo. Los trumpistas del mundo perdonan si hace falta hasta la pederastia de sus líderes [el caso Epstein]. Necesitamos que nuestra gente no salga corriendo por más que hayamos fallado o descuidado el fondo de armario. No es nuestro ideal, por supuesto, pero si la asimetría de armas es de este calibre, necesitamos que, pese a todo, no nos castiguen (tanto). Y eso solo es posible si la izquierda aguanta a sus líderes como la derecha aguanta a los suyos". El peligro, contrapone una dirigente más alejada de la cúpula, es que el Gobierno, con su discurso de validación de una teoría de la conspiración, "se instala en el desprestigio de las instituciones, cuando ni Pedraz ni Calama son sospechosos".
En Ferraz, pese a las formidables turbulencias de las últimas dos semanas, subrayan que las bases piden a sus dirigentes y al propio Sánchez que aguanten, que resistan. "Yo no había visto a los militantes con tantas fuerzas en los últimos meses —confiesan desde el aparato federal—. Los mensajes de apoyo de ellos y de los cargos nos están abrumando. Ellos pretenden que desde las andaluzas no tengamos un día bueno, pero ya se debería empezar a saber la fortaleza que tenemos".
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