Habló Pedro Sánchez este domingo ante las Juventudes Socialistas de la "oposición marrullera" que quiere "derribar al Gobierno" por métodos anti democráticos. Lo decía el jefe de un partido en cuya sede de Ferraz los agentes de la UCO entraron hace apenas cuatro días en busca de pruebas de graves delitos de corrupción.
Nadie levantó la voz. Nadie cuestionó que desde el Gobierno se deslegitime a los jueces, a los fiscales o a la Guardia Civil. Eso debe de parecerles normal. El acto se amenizó con el Bella Chiao. Al final, todos cantaron La Internacional.
Sánchez quiere resistir. No sólo pretende prolongar la legislatura hasta el verano de 2027, sino que aspira a ir más allá, rompiendo todos los récords de permanencia al frente del Gobierno de la democracia, superando incluso a Felipe González. Quiere implantar un nuevo régimen.
A Sánchez no sólo le apoya su círculo íntimo, en el que destacan los dos Óscar (López y Puente), sino también la cúpula de su partido, las Juventudes Socialistas, Sumar, Bildu, el PNV y Junts (aunque sea haciendo mohines), Comisiones Obreras y, por supuesto, la UGT. La genialidad del presidente ha consistido en agrupar a toda una serie de organizaciones bajo el mantra de que la alternativa es peor (la derecha y la ultraderecha), y, sobre todo, de que nunca estarán mejor que con él en la Moncloa.
La falacia, sin embargo, consiste en dar por hecho que la actual mayoría parlamentaria se corresponde con la mayoría social. Cosa que no se cree ni el propio Sánchez. Por eso se resistirá a adelantar las elecciones, por eso todo lo que queda de legislatura se reducirá a aplicar el "manual de resistencia", en espera de que algo suceda que pueda alterar esa mayoría que hoy votaría en su contra.
En Moncloa confían en que la llegada del papa, el mundial de fútbol y las vacaciones de verano enfríen el caldeado ambiente político. No creo que sean tan ingenuos. Lo que tratan es de ganar tiempo, porque aún no conocen la profundidad de lo que la Justicia ha comenzado a descubrir (Calama por un lado, Pedraz por otro); porque falta por conocer la sentencia del Supremo sobre las golfadas de Ábalos y Koldo; porque quedan los procesos al hermano y a la esposa del presidente por solventar, y porque aún no se ha levantado el secreto sobre la posible financiación irregular del PSOE (causa que instruye Ismael Moreno).
La enfermedad de este Gobierno no es que sea grave, es que es terminal. Pensar que se puede repetir lo que ocurrió en 2023 es confiar en un milagro. Ni siquiera los alcaldes socialistas van a tragarse esa milonga, sabedores de que ellos serán los primeros en sufrir el tsunami electoral en mayo de 2027 si un adelanto no lo remedia.
Lo que se ha conocido en las últimas dos semanas trasciende con mucho lo conocido hasta ahora con las comisiones de las mascarillas, los enchufes en empresas públicas y las putas a gogó. La investigación que sitúa a Zapatero como jefe de una "organización criminal" que ha hecho fortuna a costa de las dictaduras de Venezuela y de China, junto con el retrato que ha hecho Pedraz en su auto de una organización pagada por el PSOE para abortar procesos judiciales que afectan al presidente, difamando a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción, son dos caras de la misma moneda. Lo que ha hecho Zapatero no se puede entender sin un partido que se ha convertido poco menos que una organización mafiosa.
El intento de "encapsular" –término que utilizan las fuentes del Gobierno– el caso de las cloacas en Santos Cerdán es ridículo. La presencia de un hombre clave de Moncloa como es Antonio Hernando en la reunión fundacional de la trama en Ferraz es la pistola humeante que apunta al presidente, que, por cierto, aparece referenciado en más de diez ocasiones en el auto del juez de la Audiencia Nacional. Llamémosle "el one".
Sánchez habló a sus juventudes de la "marrullería" de la oposición, justo cuatro días después del registro de Ferraz por la UCO y a dos semanas de que Zapatero tenga que declarar acusado de ser el jefe de una "organización criminal"
El siguiente paso, no lo descarto, sería una exposición razonada de Santiago Pedraz al Tribunal Supremo pidiendo la imputación de Sánchez.
Llegue o no ese momento, lo que hay en marcha desde el Gobierno es una infame maniobra para desacreditar a todo lo que no se sitúe en el "lado correcto de la historia". El uso para ello de los mamporreros López y Puente es la prueba de que la ingeniería política brilla por su ausencia en la fontanería monclovita. Son, en definitiva, los continuadores legítimos de la era inaugurada por Leire Díez, que quedará para siempre como la socialista que se autodefinió por lo que no era: "Ni fontanera, ni cobarde".
Muchos hay que se ahogan en el pesimismo. Creen que Sánchez tiene en marcha planes maléficos para seguir en el poder y que la democracia no tiene capacidad para resistir a un individuo de su calaña.
Pero yo creo todo lo contrario. Estos últimos días han puesto de manifiesto no la debilidad, sino la fortaleza de nuestro sistema. Los jueces han hecho su trabajo, la Fiscalía Anticorrupción, el suyo; por no hablar de funcionarios como el teniente coronel Balas que creen que es más importante su labor como servidores públicos que un ascenso rápido u otro tipo de prebendas.
Decía la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en entrevista este sábado en El País, que "el sueldo de expresidente tendría que ser suficiente, porque el honor del cargo es inmaterial". Zapatero renunció en julio 2015 a su puesto como miembro permanente del Consejo de Estado, con lo que dejó de ingresar 134.000 al año. Le quedó el sueldo de expresidente (casi 80.000 euros), que no está mal. Tenía en mente otros planes mucho más ambiciosos. Ahora hemos conocido que lo de liberar presos era sólo una tapadera. Su objetivo era mucho más pueril.
No estamos ante la división entre dos bloques ideológicos, sino ante la constatación de la existencia de dos Españas, la que defiende la decencia y el Estado de Derecho, y la que usa todos los medios del Estado, legales o no, para mantenerse en el poder.
Ahora, cantemos todos La Internacional.
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