La entrada de agentes de la UCO en la sede del PSOE ha supuesto un salto cualitativo en la percepción ciudadana sobre la corrupción que atenaza al principal partido del Gobierno. Si las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte del despacho de Zapatero significaron la concreción grosera de un trasiego de fondos difícilmente justificable, la entrada en Ferraz es la plasmación de que la podredumbre no es sólo cuestión de unos cuantos, sino que afecta al corazón y al cerebro mismo del partido.
La imagen de Zapatero como símbolo de la honestidad socialista se cae a pedazos la misma semana en la que los guardias civiles de la UCO irrumpen en Ferraz para recabar información sobre graves delitos.
Merece la pena leer el auto del juez Santiago Pedraz en el que se autoriza la entrada en Ferraz. No sólo porque describe con precisión los hechos, sino porque esta bien escrito, lo que no suele ser habitual en este tipo de documentos.
Un juez con larga experiencia me resumía así el auto de Pedraz: "Es uno de los documentos judiciales más graves que ha producido la democracia española. No se trata de una investigación sobre corrupción económica ordinaria, sino de algo cualitativamente distinto: la presunta instrumentalización de la estructura orgánica de un partido de Gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la justicia en causas que afectan directamente al presidente del gobierno, a su esposa y a su hermano".
Voy a intentar resumir en pocas líneas lo que dice Pedraz en su auto: en pleno proceso de reflexión del presidente del Gobierno (del 24 al 29 de abril de 2024) se creó una organización liderada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, con la participación activa de Leire Díez –la conocida como fontanera de Ferraz– y de Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI), entre otros, para desmontar los procedimientos que afectan al presidente y a su entorno. El partido financió generosamente esa operación. Los implicados recurrieron a la extorsión, las amenazas y a todo tipo de maniobras para provocar la nulidad de las actuaciones y para desprestigiar a los agentes al frente de las investigaciones.
Se trata de comportamientos propios de una mafia. Alrededor de ese núcleo delictivo se mueven otros actores, como Gaspar Zarrías, los empresarios Pérez Dolset o Antxón Alonso, y abogados como Jacobo Teijelo. Se intenta comprar a fiscales de Anticorrupción o directamente destruir al jefe de la Fiscalía, Alejandro Luzón. La obsesión por quitar de en medio al teniente coronel Balas (al frente de muchas de las investigaciones abiertas) o al coronel Sánchez Corbí (ex jefe de la UCO) es casi enfermiza. Todo ello con la autorización del número tres del PSOE y con conocimiento de Moncloa, o directamente del presidente Sánchez, como revela la propia Leire Díez en alguna de sus conversaciones.
El auto de Pedraz es uno de los documentos judiciales más graves que ha producido la democracia española. Describe el comportamiento de una mafia
Aunque la entrada en la sede socialista eclipsó todo lo que ocurrió a partir del auto de Pedraz, la irrupción de la UCO (con Antonio Balas al frente) en la dirección general de la Guardia Civil supone un hecho sin precedentes (tal vez con la excepción de la investigación sobre la Ucifa en 1992). El instructor está convencido de que desde la dirección general de la Benemérita, y con la participación del DAO, se intentó amedrentar al ex jefe de la UCO, Rafael Yuste, al que se le abrieron tres informaciones reservadas. A Yuste se le pidió desde la cúpula del cuerpo que revelara información secreta de las investigaciones que estaba llevando a cabo la UCO por orden judicial. ¿Les recuerda esto a lo que paso con Diego Pérez de los Cobos? Pues bien, esa investigación judicial está abierta y no conocemos toda su profundidad porque la pieza está declarada secreta. El ministro Grande Marlaska sale achicharrado con este sumario.
El PSOE y el Gobierno han agitado hasta la nausea el caso Kitchen como la demostración de que el PP utilizó a la Policía para borrar pruebas que podrían incriminar al entonces presidente del Gobierno. El caso se está juzgando precisamente ahora.
La narración de hechos que hace el juez Pedraz desvela toda una trama para actuar sobre fiscales (Grinda, Stampa), jueces (por ejemplo, Peinado o Biedma) y para denigrar a oficiales y mandos de la Guardia Civil (Yuste, Corbí, Balas) con el objetivo de (cito el auto de Pedraz) "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno... (en especial) miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno".
Los hechos que describe el auto son gravísimos y evidencian el intento de apropiación del Estado por parte de un partido que no sólo quiere protegerse contra las investigaciones de corrupción que le afectan (sobre todo a la familia del presidente), sino que pretende poner a esas instituciones del Estado a su servicio... a cualquier precio.
El auto de Pedraz evidencia el intento de apropiación del Estado por parte de un partido dispuesto a poner las instituciones a su servicio a cualquier precio
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