Investigadas tres personas por hacerse pasar por guardias civiles para obtener información de una víctima de violencia de género

La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas ejecutado de manera instrumental para acceder a información sensible de una víctima de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la víctima, con la que compartía residencia en Barakaldo (Vizcaya).

La investigación comenzó a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer al que acudía la víctima alertó a las autoridades de que una de las mujeres a las que ofrecía apoyo gratuito y confidencial había recibido un SMS en su móvil personal.

Según fuentes policiales, el remitente se identificaba como un guardia civil que había sido destinado a una unidad de la Comandancia de Bizkaia. Al parecer, en el mensaje, le transmitía su interés por su situación personal en el marco del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén). Además, le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja.

El entorno de la víctima

Tras haber puesto en conocimiento de las autoridades lo ocurrido, la Guardia Civil comenzó a investigar los hechos: según parece, la denunciante trató de verificar la autoría de las llamadas y los mensajes, y, aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después recibió una llamada de uno de los interlocutores que volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil. En esta ocasión, el investigado, aportó su nombre y un número profesional ficticio. De nuevo, manifestando que se trataba de uno de los servicios de seguimiento ofrecidos en el marco de la unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

Además, preguntó si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto agresor de la mujer. A raíz de la solicitud de toda esa información, la coordinadora concluyó que esos datos eran de carácter reservado y que difícilmente serían solicitados por un miembro de la Guardia Civil.

Usurpación de funciones públicas

Gracias a la denuncia de la coordinadora y tras las diligencias practicadas se consiguió cerrar el círculo en el que tres personas resultaron estar presuntamente relacionadas con los hechos, una de ellas, entonces pareja de la víctima.

La línea telefónica adquirida presencialmente por uno de los acusados fue concluyente a la hora de acotar una línea de investigación y situar bajo el foco a los tres investigados, quienes, presuntamente, habrían vulnerado los protocolos establecidos y se habrían aprovechado de "la confianza que genera la identidad institucional".

Por el momento la instrucción sigue abierta, aunque todo apunta a que los tres investigados serán acusados de un delito tipificado en el Código Penal como usurpación de funciones públicas destinado a quienes ilegalmente ejercen "actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial" y que conlleva penas de prisión de uno a tres años.