Europa urge a España a no prorrogar su modelo de 'escudo social' energético

El pasado día 1 decayeron las ayudas a la luz y el gas. El próximo 30 de este mes lo harán –si no se prorrogan antes– las medidas para paliar los precios de los combustibles. Y si por Europa fuera, España no debería extender este ‘escudo social’ energético durante más tiempo, no al menos tal y como lo ha hecho ahora. Es la conclusión del informe de evaluación publicado por el Consejo Fiscal Europeo (CFE) sobre la zona euro, que considera que de cara al próximo año las políticas de ayudas sociales “amplias e indiscriminadas” para paliar los sobreprecios energéticos deberían reconsiderarse.

El Consejo considera que durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania en 2022, la política de ayudas sociales para rebajar el impacto energético demostró ser perjudicial en algunos aspectos. Cita ámbitos como la reducción del déficit público de los países o el freno que provocaron de modo indirecto en la contención del consumo de energías fósiles y la apuesta por las energías renovables. "La crisis energética es real, pero exige transformación, no estímulo", ha asegurado Pieter Hasekamp, presidente del Consejo Fiscal Europeo: "La credibilidad fiscal construida mediante el cumplimiento de los planes de gasto acordados es nuestra mejor protección contra el aumento de los costes de endeudamiento".

El impacto fiscal de las rebajas en la luz y los carburantes

Estas medidas se aplicaron en la mayoría de los casos a través de rebajas fiscales en las tarifas de la luz, la electricidad o los combustibles. Este tipo de políticas provocaron una notable reducción en los ingresos fiscales de los países. Ahora, el CFE concluye que, cuando los sucesivos gobiernos vayan completando los periodos previstos en sus planes de ayudas, la recuperación de esos ingresos fiscales debería destinarse a reducir el endeudamiento público y a la aplicación de medidas que contribuyan a rebajar la dependencia fósil.

Desde este mes en España, tanto la luz como el gas han recuperado los niveles de carga fiscal que tenían antes de marzo. El escudo energético aprobado por el Gobierno incluyó una rebaja del 21% al 10% del IVA en la luz, gas y combustibles, además de recortar del 5,11% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Ahora todo ha retornado al punto fiscal anterior.

La duda sobrevuela sobre qué sucederá con el precio de la gasolina y el gasóleo a partir del 30 de junio, último día que el Gobierno incluyó en su plan de ayudas. El sector de las estaciones de servicio lleva días reclamando al Ejecutivo que prolongue el recorte fiscal sobre el gasóleo y la gasolina durante todo el verano. Apunta que, de no hacerlo, el 1 de julio el precio por litro de los combustibles podría dispararse hasta 28 céntimos de un día para otro en pleno inicio de la 'operación salida'.

Ayudas selectivas para los colectivos más vulnerables

En su informe, el CFE recuerda que las medidas que se planteen de modo generalizado para el conjunto de la población son injustas, ya que benefician también a los niveles sociales con mayor capacidad adquisitiva y con un consumo energético más elevado. Por ello, insta a que este tipo de ‘escudos sociales’ se concentren fundamentalmente en los colectivos energéticamente más vulnerables.

El CFE defiende que este tipo de medidas fiscales deben ser "temporales, con fechas de finalización claras" y que no distorsionen el mercado: "Dichas medidas deben financiarse mediante reducciones compensatorias del gasto o aumentos de los ingresos para que los países mantengan el rumbo acordado en su proceso de consolidación fiscal", apunta el informe.

Señala también que extender estos planes cuando la crisis energética comienza a reconducirse iría en contra de la política monetaria del BCE (Banco Central Europeo). Subraya que le "obligaría" a mantener los tipos de interés altos por más tiempo a causa de la inflación subyacente que se debería contener, lo que encarecería mucho la deuda pública de algunos países. Además, el organismo no oculta su inquietud ante la decisión de la Comisión Europea de excluir del cómputo del límite de déficit el gasto destinado a la transición y seguridad energética.

Transición energética y reducción de la deuda pública

Entre los países afectados, el informe cita a los que ya arrastran un índice de endeudamiento público elevado, como España, Francia o Italia. A estos Estados es a los que el CFE urge a replantearse sus políticas de ayuda ante la crisis energética. Les recuerda que prolongar durante más tiempo estas medidas y seguir financiando la contención de los precios de la energía a costa de los ingresos fiscales provocaría un retraso en el saneamiento de su ya abultada deuda.

Asegura también que una política de subvenciones para rebajar de modo "artificial" el precio de los combustibles fósiles desincentiva la inversión en energías limpias y no favorece la contención en el consumo de energías contaminantes. Considera que tampoco contribuye a mejorar las inversiones en aspectos clave de la descarbonización, como la mejora de las redes eléctricas, los sistemas de almacenamiento energético y la apuesta por el desarrollo de las energías renovables.