No es la primera vez que el Partido Popular especula con la hipótesis de que la justicia alcance al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "nexo político corruptor" de todos los casos vinculados con su entorno familiar, con el PSOE y el Ejecutivo. Así le calificó ayer Alberto Núñez Feijóo durante una bronca sesión parlamentaria en la que los socios gubernamentales tampoco ahorraron en críticas hacia el inquilino de la Moncloa. Para los populares, la duda no reside tanto en el hecho de que el Tribunal Supremo acabe elevando un suplicatorio a las Cortes para poder imputar a Sánchez, como que la Cámara Baja se lo conceda. En caso negativo, sería una de las poquísimas veces que ocurre eso en democracia, aunque hay algún antecedente. Según Génova "no sería extraño que el PSOE y sus cómplices parlamentarios pudieran llegar a rechazarlo".

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Es tal el cúmulo de casos y de piezas en los tribunales de justicia que los populares llevan mucho tiempo especulando con la petición de imputación de Sánchez. Una sospecha acrecentada una vez se conoció el contenido de las agendas de la fontanera socialista, Leire Díez, que no se cansa de hablar de "P.S.", del "one" y del "jefe". Tampoco ayuda que las correrías cloaqueras de Díez fueran financiadas por Ferraz, con apoyo y conocimiento del entonces "número dos" socialista, Santos Cerdán. Tampoco que en algunas reuniones participara el que fuera director adjunto de gabinete, actual secretario de Estado, Antonio Hernando, o que Juanma Serrano, una persona de la estrecha confianza de Sánchez, mantuviera un contacto contínuo con la autoprocalamada 'periodista de investigación'.

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Los populares creen que Leire Díez, Santos Cerdán y 'Julito' Martínez pueden ser "los próximos Víctor de Aldama"

Y llegado este punto, tras la sentencia del Supremo conocida este lunes, los populares acrecientan su tesis en que tanto Díez como Cerdán, además de 'Julito' Martínez Martínez, puedan ser "los próximos Víctor de Aldama y decidan tirar de la manta. Los dos primeros para que aclaren el grado de conocimiento que podía tener Sánchez de las cloacas de Ferraz, entre otros temas, y el tercero sobre las actividades de Zapatero, ya imputado en la Audiencia Nacional.

Del mismo modo que la sentencia benevolente del Supremo con De Aldama puede ser un acicate para esa colaboración, "lo son los 24 años para José Luis Ábalos y los 19 para Koldo. Ya se sabe qué puede pasar si no colaboran", destacan las fuentes de la dirección del PP respecto a la condena del TS al que fuera todopoderosa mano derecha de Sánchez y a su compinche. Díez ya ha dejado asomar la patita en un par de ocasiones. En una reciente entrevista en el Diario Montañés dijo valer más por lo que calla que por lo que cuenta y ayer mismo, en conversación con El Independiente, advirtió a la directora de la Guardia Civil, Mercedes Fernández: "Tengo información ahí. Allá ella".

El suplicatorio se puede torpedear si no se tramita en un plazo de sesenta días naturales

Los populares recuerdan además, otra vía para torpedear ese suplicatorio, si es que alguna vez llega al palacio de la Carrera de San Jerónimo, sin que los diputados se tuvieran que retratar con su voto. Está incluida en el artículo 14.2 del Reglamento del Congreso. Viene a ser una suerte de silencio administrativo, aunque, a efectos prácticos es una forma de dar portazo a esa hipotética petición de los tribunales. Dicho apartado establece que "el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo" del mismo. Sólo hacen falta un par de meses de demora, nada para una Mesa del Congreso que ha prorogado por años los plazos de enmiendas de aquellas leyes que no le gustaban a Moncloa hasta convertirlas en papel mojado.

Un suplicatorio solicitado por el Supremo debe tramitarse por la Mesa, presidida por Francina Armengol, para remitirlo a la comisión del Estatuto del diputado en un plazo de cinco días. La comisión tiene otros treinta para tomar una decisión previa audiencia al parlamentario y, concluido su trabajo, se vota en el primer pleno ordinario de la Cámara, salvo se decida no tramitarlo.

El último suplicatorio que rechazó el Congreso fue en 1988 para enjuiciar a Barrionuevo

Son escasos, escasísimos los antecedentes de rechazo de un suplicatorio. De hecho hay que retrotraerse varias décadas atrás. En 1988 el Congreso rechazó conceder el suplicatorio para enjuiciar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo. Y en el Senado el último denegado fue en 1999 del parlamentario socialista Manuel Goya Burgués. En enero de este año Feijóo propuso modificar la concesión del suplicatorio porque la actual regulación "no está preparada para tener un presidente que incumple la ley". Ya hace seis meses que los populares manejaban la sospecha de una posible petición de imputación que el Parlamento podría denegar.

Feijóo esgrimió ayer de nuevo este argumento. "¿A qué espera, a que le llegue el suplicatorio? ¿O es que está entre sus planes que esta Cámara lo rechace? ¿El listón actual también permite tragar con esto?", le soltó Feijóo a Sánchez tras recordar el listado de causas abiertas y el número de imputados. Los populares defienden que "todos y cada uno de los casos que se dirimen en los tribunales no hubieran sido posibles sin el concurso de Sánchez", aunque lo cierto es que, de momento, la única vez que ha tenido que declarar fue ante el juez Peinado en Moncloa.