¿"Dos cafés" o indicios de dos delitos? Las claves de la imputación de la directora de la Guardia Civil

"Está imputada por hacer unos cafés". Así resumió este jueves la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, la investigación abierta contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el 'caso Leire'. Sin embargo, el escrito con el que la Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación va mucho más allá de esos encuentros con la supuesta 'fontanera' Leire Díez. Las reuniones son solo uno de los indicios que recoge el Ministerio Público, junto al borrado de mensajes, la apertura de expedientes contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y su presunta como "mecanismo de presión" sobre los investigadores a cargo de causas que afectaban al entorno del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó el jueves citar a Mercedes González para declarar como investigada el próximo 16 de julio, junto al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por un presunto delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. Todo ello en el marco de la la causa que analiza la presunta trama encabezada por Díez para "desestabilizar" las investigaciones que afectasen al PSOE influyendo en jueces y fiscales y desacreditando a la UCO.

Las tres reuniones que acredita la UCO

Anticorrupción sustenta su escrito —al que tuvo acceso El Independiente— en los informes que la propia Guardia Civil remitió al juez Pedraz. En ellos, los investigadores sitúan a Mercedes González y a Leire en al menos tres reuniones: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025.

No se trata únicamente de que existieran esos contactos. Para la Fiscalía, lo relevante es el uso que Leire habría hecho de esa relación. El escrito recuerda las declaraciones de varios testigos que aseguraron que la exmilitante socialista decía tener "muy buena relación personal con la Directora General de la Guardia Civil" y que incluso "despachaba con la misma". Según la Fiscalía, la relación entre ambas habría servido "para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO pudiera estar llevando".

De hecho, según las conversaciones intervenidas a la supuesta 'fontanera' por los agentes de la UCO, después del último encuentro que ambas habrían mantenido en abril de 2025, Díez escribió al abogado Jacobo Teijelo —también investigado—: "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía".

La propia González reconoció en el Senado dos encuentros con Díez, aunque aseguró que uno de ellos obedecía únicamente a su intención de "tenerla en la agenda como periodista". Sin embargo, la Fiscalía destaca que esos contactos no fueron comunicados a los mandos de la UCO que investigaban la trama cuando estos fueron convocados por la directora y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras estallar el caso.

Los expedientes como "mecanismo de presión"

Uno de los indicios que destaca Anticorrupción es la coincidencia temporal entre las comunicaciones de Mercedes González con Leire Díez y el inicio de las actuaciones internas contra miembros de la UCO. Según recoge uno de los informes policiales, la directora activó en su conversación con Díez el borrado automático de mensajes cada 24 horas. Al mismo tiempo, en una de las agendas intervenidas a Leire figuraba la anotación "Investigación interna G. C. para filtraciones". Poco después comenzaron a incoarse las tres informaciones reservadas que ahora analiza el juez, tal y como informó este periódico.

Es precisamente en esos expedientes donde la Fiscalía sitúa el núcleo de la imputación. A su juicio, la apertura de expedientes se utilizó como un "mecanismo de presión" sobre los agentes que investigaban procedimientos sensibles. Según el escrito de las fiscales, estas informaciones reservadas —el paso previo a un expediente disciplinario— se habrían incoado de forma "reiterada" y coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales "especialmente sensibles", sin una justificación disciplinaria objetiva que las respaldara.

El episodio subrayado por la propia UCO que refuerza esta teis es el de la información reservada abierta el 11 de mayo de 2025, horas después de que se publicaran los mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Los dispositivos de Ábalos ni siquiera habían sido intervenidos judicialmente en ese momento, por lo que la UCO no podía haber sido la fuente de la filtración; aun así, la investigación interna se dirigió contra los agentes que instruían la causa. El procedimiento se archivó solo después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtiera de que no autorizaba una investigación paralela y de que, de continuar, podría abrir diligencias contra el instructor e incluso contra quien había ordenado su apertura.

Anticorrupción encuadra esta conducta en un posible delito de obstrucción a la Justicia, que sanciona a quien intente influir "con violencia o intimidación" sobre quienes intervienen en un procedimiento para que modifiquen su actuación procesal. Las fiscales invocan la doctrina del Supremo sobre la denominada "intimidación ambiental", es decir, aquella que no requiere amenazas explícitas, sino actuaciones objetivamente capaces de condicionar la actuación de quienes participan en un procedimiento judicial.

En este caso, los expedientes disciplinarios habrían generado lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) denomina "efecto desaliento". Aunque no impidan directamente el ejercicio de las funciones de investigación, serían objetivamente aptos para crear un "clima de incertidumbre profesional" que induzca a la autocensura o a la moderación en el desarrollo de líneas de investigación sensibles. Y esa presión proyecta un mensaje hacia el conjunto de la UCO: investigar determinadas líneas "puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen", explica la Fiscalía.

Para sostener esa intencionalidad, Anticorrupción señala varios indicios: la reiteración de los expedientes siempre contra los mismos investigadores, la coincidencia temporal con momentos procesales clave —'caso Kolo', 'caso Begoña' o la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en Badajoz—, la ausencia de fundamento disciplinario suficiente, el archivo sistemático de esas actuaciones y la inexistencia de expedientes equivalentes contra otros agentes con funciones similares.

Prevaricación administrativa continuada

El segundo delito por el que Mercedes González y el teniente general Llamas han sido imputados es el de prevaricación administrativa continuada, que sanciona a la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La Fiscalía aprecia indicios de que las informaciones reservadas incoadas contra los agentes de la UCO podrían encuadrar en ese tipo, al tratarse, presuntamente, de resoluciones administrativas dictadas sin fundamento real y con una finalidad ajena a la depuración de responsabilidades disciplinarias.