El Gobierno ultima la vía para intentar acortar a la mitad y de forma retroactiva los plazos para devolver a los migrantes

"Todo está aún en estudio". En el Gobierno trabajan a contrarreloj para intentar tener lista para el próximo martes una reforma legislativa que permita recortar "al máximo" los tiempos de tramitación de los expedientes de los migrantes que están ahora mismo en Ceuta. Porque aunque la modificación la apruebe el siguiente Consejo de Ministros —y deba ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes—, la idea es que se aplique de manera retroactiva. Es decir, que opere ya en esta crisis migratoria para descongestionar una ciudad que se siente agotada lo antes posible.

Fue el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, designado mando único —técnicamente, autoridad funcional— en Ceuta hasta final de año, quien ya avanzó el pasado martes, tras la reunión del Gabinete, que el Ejecutivo está estudiando cómo acortar los plazos "al máximo". No dio más precisiones porque el Gobierno estaba en ese momento dándole vueltas al procedimiento, y aunque ha avanzado en el análisis no tiene la fórmula lista.

Ahora mismo, son doce las semanas que están tasadas para los retornos de inmigrantes, seis para los trámites administrativos y seis para los judiciales, según explicaba también el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado lunes en Ceuta. Esas 12 semanas cumplen el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), porque ese es el plazo máximo, aunque lo que busca el Gobierno es agilizar el proceso, pasar incluso "a la mitad", si es posible, dado que la inmensa mayoría de las personas que entraron irregularmente por la frontera el 30 y 31 de julio proceden de Marruecos, considerado un país seguro por la UE.

Esto quiere decir que se trata, prácticamente en su totalidad, de migrantes por motivos económicos, por lo que acabarán siendo expulsados de España si antes no deciden regresar voluntariamente. Dicho de otro modo, serán pocos aquellos que puedan acogerse a protección internacional —y con derecho a asilarse en nuestro país—, a los que se reconozca que son perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, género, edad o pertenencia a un determinado grupo o por huir de un país en guerra.

El Ministerio de Política Territorial, junto con la Moncloa, Interior y los servicios jurídicos del Estado están analizando cómo estrechar los tiempos sin que se vean lesionados los derechos fundamentales. Sí se tiene más claro que la fórmula jurídica será, probablemente, la del real decreto ley, por ser la más operativa: se publicaría en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente del Consejo de Ministros y entraría en vigor, y el Congreso tendría alrededor de un mes para convalidarlo o tumbarlo. Esta vía impide, precisamente, que se toquen asuntos más sensibles, dado que la Constitución no permite legislar a través del decreto ley derechos, deberes y libertades especialmente protegidos, y que exigen ser aprobados con una mayoría absoluta de la Cámara baja.

¿Cuánto se puede reducir el procedimiento? "Estamos intentando acortar los plazos y seguro que lo conseguimos. Incluso llegando a la mitad. Pero todo ello con mucho esfuerzo de los funcionarios", apuntan a este diario fuentes de Interior. La tarea no es desde luego nada sencilla. Cuando un migrante entra en un recurso de acogida, el primer trámite es el triaje —ya son 2.742 los filiados en las distintas infraestructuras habilitadas en la ciudad, según la última actualización, ofrecida este jueves por Torres—. Así, el migrante, acompañado de un traductor, responde a la Policía y expone sus circunstancias personales. El triaje culmina cuando se le pregunta si desea acogerse a la protección internacional. La mayoría responde que sí, aunque sabe que al final acabarán siendo devueltos. A los que contestan directamente que no, se les advierte de que se les abre expediente de devolución, y en ese momento muchos deciden regresar por su propio pie porque si se esperan al final del procedimiento cargan con una orden de expulsión que les impide regresar a España hasta por cinco años.

Si el migrante sí pide el asilo, arranca un trámite que puede durar hasta 12 semanas actualmente. Primero, una entrevista personal con la Policía o con la Oficina de Atención al Refugiado, tras el que se abre un expediente que tiene una duración media de dos semanas. Después, su caso pasa a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que es el organismo que concede o rechaza la protección. Si la CIAR deniega el asilo, se publica en el BOE y el afectado dispone de 10 días hábiles (o sea, dos semanas) para presentar recurso judicial. Es la Audiencia Nacional la competente para estudiar las impugnaciones.

La intención del Ejecutivo es estrechar los tiempos en las dos fases, en el trámite administrativo (seis semanas) y el judicial (otras seis), y llegar incluso a "la mitad", aunque es consciente de la complejidad. En el Gobierno temen, de hecho, que la avalancha de recursos llegue a saturar a la Audiencia Nacional, que es la que deberá motivar las expulsiones.

La esperanza del Ejecutivo es que el avance en los triajes y la constatación, para los migrantes, de que la mayoría de los expedientes acaban en devolución, haga incrementar las cifras de retorno voluntario, de tal manera que se vaya liberando el embudo en la ciudad. Lo reiteraba este jueves el ministro Torres en Ceuta después de presidir una nueva reunión del Comité de Situación. Los triajes, dijo, ha provocado un aumento en el número de regresos voluntarios, "a un ritmo de 150 o 200 al día", cuando hasta ahora eran de unas pocas decenas, porque "saben que no tienen esperanzas de quedarse" en España. El titular de Política Territorial relató lo que ocurrió esta semana: de 100 triajes, 74 pidieron protección internacional, pero 26 no y "muchos de ellos" decidieron cruzar el camino de vuelta.

De este modo, son ya 7.099 los retornos voluntarios desde el 10 de agosto y 364 el número de personas expulsadas por la comisión de delitos —no por el trámite de devolución— y que habían entrado antes de la avalancha del 30 de julio. El número total de los que han vuelto a Marruecos es de "7.553 personas en total, por lo que el ritmo se ha incrementado porque los triajes hacen que muchos regresen", informa EFE. Torres subrayó que se sigue trabajando en ese adelgazamiento de los plazos: "El Gobierno está estudiando otros mecanismos para ver dónde podemos recortar este tiempo, ya que sabemos que la mayoría de los que están en la playa del Trampolín y en los recursos van a ser devueltos".

Ahora mismo, hay unos 6.000 migrantes acogidos en las instalaciones habilitadas por el Ejecutivo. Pero se crearán más plazas, hasta en torno a 10.000, como ya adelantó el presidente, Pedro Sánchez. "Necesitamos lugares", señaló Torres este jueves, "para que Ceuta no sea un CETI hay que habilitar espacios". En Política Territorial confían en que con los nuevos recursos que se consensúen con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y con los que ya estaban pactados y quedan por acondicionar, se llegue a la cifra prevista. De hecho, se ha conseguido liberar entre 50 y 80 plazas de algunas de las infraestructuras por las vacantes que dejaban personas que decidieron regresar a Marruecos de manera voluntaria "al saber que no se iban a quedar en España".

Fuentes próximas a Torres esperan que para noviembre la situación quede encarrilada y que no haya que prolongar la situación de interés para la seguridad nacional y el mando único más allá de lo ya aprobado, que es el 31 de diciembre de 2026. La expectativa está puesta en los retornos voluntarios y en el acortamiento de los plazos, que se aplicaría de manera "retroactiva", para que afectase a los migrantes que están ahora en Ceuta y que están siendo triados. Ese efecto llamada de las expulsiones también cree el Gobierno que impactará en el ánimo de los migrantes, ya que comprobarán con sus ojos que sus compatriotas son retornados y no cumplen su sueño de saltar a la Península y, de ahí, al resto de Europa.

Los menores sí son un mundo aparte porque la reagrupación familiar, que es el escenario prioritario, será muy excepcional, de tal manera que aquellos chavales que no vuelvan con sus familias deberán permanecer en Ceuta o ser derivados al resto de comunidades autónomas. El Ejecutivo presiona a Vivas para que permita la reubicación para así desahogar la carga asistencial que soporta la ciudad, pero eso supondría que el barón popular desarbola la línea argumental de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, que exige que los críos sean también devueltos. Ya se ha registrado a 2.283 niños y adolescentes y "cada día se filian más", según Torres. Marlaska avanzó que desde el pasado martes los triajes a menores son unos 50 diarios.

Este jueves, se reunieron en Nueva York el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, más de 50 días después de la entrada masiva. El jefe de la diplomacia del reino alauí reiteró la disposición de Rabat a facilitar el retorno de los migrantes que cruzaron a Ceuta, también los niños y adolescentes. "Si los inmigrantes no se han regresado, si los menores no se han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", sostuvo Bourita ante los medios, informa EFE. Es más, el ministro adujo que la cuestión de los retornos está ligada a "polémicas, consideraciones, obstáculos, guiones y dificultades españolas". "No está relacionado con la voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes", añadió. El Gobierno de Sánchez alega que la devolución supone unos trámites y unas garantías que hay que cumplir. Y respecto a los chavales, se remite a la pasada crisis migratoria, la de 2021: como ha denunciado en repetidas ocasiones la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hay 600 expedientes que Marruecos ni contestó.