La pandemia de la covid-19 ha agravado las desigualdades que existían en el mundo y ha erosionado los derechos de grupos que ya figuraban entre los más marginados, como minorías étnicas, refugiados y mujeres, alerta Amnistía Internacional (AI) en su último informe anual.

La organización humanitaria subraya que numerosos gobiernos están instrumentalizando la crisis sanitaria para avanzar en sus propias agendas. Han abandonado a los sectores más vulnerables de la población, según su secretaria general, Agnès Callamard.

«A la gente se le ha pedido que se quede en casa, pero ¿cómo te vas a quedar en casa si no tienes una? ¿Cómo te vas a quedar en casa si vives en un suburbio marginal? ¿Cómo te vas a quedar en casa si tienes que alimentar a tu familia y vives al día? No es posible, así que asumes el riesgo y sales fuera», afirma Callamard, en declaraciones a la agencia Efe.

El informe de Amnistía, que repasa la situación en 149 países del mundo, hace hincapié en el golpe económico que ha supuesto la pandemia para los trabajadores informales en todo el mundo. Asegura que las ayudas económicas han sido exiguas y poco eficaces en numerosos países.

Los vulnerables, abandonados

La precaria situación de millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo ha empeorado con la crisis sanitaria, que ha interrumpido suministros vitales, levantado nuevos controles fronterizos y dejado a muchos de ellos atrapados en centros de acogida.

«Los gobiernos han tendido a centrarse en sus propios ciudadanos y han desatendido a esas poblaciones que ya eran extremadamente vulnerables al no tener la nacionalidad de los países en los que viven», ha dicho Callamard. Los refugiados han sido abandonados a su suerte. Más si cabe que en la situación prepandemia.

Amnistía Internacional constata un preocupante aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Las mujeres, junto con las personas LGBTI, afrontan mayores obstáculos para recibir protección en caso de necesidad debido a las restricciones de movilidad para prevenir contagios, lo que les deja en una situación de especial vulnerabilidad.

Las mujeres son mayoría en la economía informal, en servicios, y en el sector dedicado a los cuidados, de modo que han sufrido especialmente los efectos de la pandemia.

Abusos de los gobiernos

Para algunos líderes políticos la pandemia ha sido un instrumento que han aprovechado en su beneficio. «Los gobiernos han usado la covid como un arma para suprimir la disidencia, la crítica y la libertad de expresión», en palabras de Callamard.

Ha sido así en Europa cuando el primer ministro, Viktor Orban, reformaba el Código Penal para introducir penas de hasta cinco años por difundir «información falsa» sobre el nuevo coronavirus. También ha ocurrido en varios países de Oriente Próximo como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, donde se ha reprimido la libertad de expresión.

Aún más extrema ha sido la situación en Filipinas, donde el presidente, Rodrigo Duterte, ordenó «disparar a matar» a quienes causaran «problemas» en el confinamiento.

Amnistía también apunta al presidente Xi Jinping por su persecución contra el pueblo uigur y otras minoráis musulmanas. Asimismo, la organización internacional considera «abusiva» la ley de seguridad nacional que ha impuesto Pekín en Hong Kong.

Mayores y sanitarios, víctimas en España

En el capítulo referido a España, Amnistía Internacional subraya el abandono que ha sufrido el personal sanitario en los primeros meses de la pandemia. También destaca el desproporcionado número de mayores fallecidos en residencias, que califica como «violaciones de derechos humanos».

Al final del año, al menos 93.000 trabajadores de la salud habían contraído la enfermedad, el 5,1% de los casos, y 89 habían muerto por la enfermedad.

Amnistía Internacional recuerda que en noviembre se estimaba que 20.000 personas habían muerto en las residencias de mayores. Es el 50 % de los fallecimientos totales por el coronavirus hasta ese momento. Denuncia los protocolos de derivación a centros hospitalarios que se adoptaron en algunas comunidades, que fueron «discriminatorios» y violaron el derecho a la salud.

En un comunicado, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, critica en concreto la situación vivida en las residencias de Madrid y Cataluña. Beltrán considera que la respuesta del personal sanitario en esta pandemia «ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020».

A su juicio, en el último año el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias, la de la COVID-19 y la de una gestión sanitaria que ha situado este servicio público «entre el abandono y el desmantelamiento» por falta de planificación e inversión.

El informe incluye un capítulo dedicado a la inmigración y aplaude que se hayan vaciado los centros de internamiento de inmigrantes en los primeros meses del estado de alarma, aunque luego se reabrieron.

Las principales críticas se dirigen a las condiciones «inhumanas» que vivieron muchos inmigrantes en las islas Canarias, desbordadas al aumentar las llegadas cerca de un 757 %.

Y una conclusión que sirve en España y en el mundo: sin cooperación no hay avance.