La Corte Internacional de Justicia ha evitado este viernes llamar a un alto el fuego en Gaza como medida cautelar pero ha instado a Israel a que tome medidas para evitar el genocidio en la Franja mientras dirime la denuncia de fondo presentada por Sudáfrica contra Israel por "genocidio", cuando la ofensiva militar israelí a gran escala supera las 26.000 víctimas mortales palestinas.

Así lo ha anunciado a primera hora de este viernes el tribunal de la ONU encargada de dirimir disputas entre Estados desde su sede en La Haya, con la presencia de 16 de los 17 jueces participantes en las deliberaciones. En la demanda, presentada a finales de diciembre, Sudáfrica reclamaba a la corta "medidas provisionales" en favor de un cese de las hostilidades. El Tribunal reclama a Israel que adopte medidas para evitar y castigar los intentos de genocidio y que permita el acceso de ayuda humanitaria, en línea con lo que la mayoría de los expertos en derecho internacional habían previsto.

A su juicio, los hechos y circunstancias citados resultan suficientes para concluir que al menos algunos de los derechos solicitados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles. La corte insiste en el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio.

En su presentación, la presidenta del Tribunal Joan Donoghue ha asegurado que la corte es "plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está produciendo en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano". Ha asegurado, además, que "existen suficientes pruebas de controversia para el caso de genocidio" y que la corte tiene jurisdicción para dirimir la disputa.

La corte aclara, además, que en esta fase del caso no está obligado a determinar "si se han producido violaciones de las obligaciones de Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio", afirma. También insiste en el derecho de Sudáfrica a presentar esta denuncia pese a no ser parte implicada en la guerra en Gaza.

Las resoluciones de la Corte Internacional de justicia son jurídicamente vinculantes, pero el tribunal carece de medios para hacerlas cumplir. Sólo una resolución del Consejo de Seguridad podría obligar efectivamente a un Estado a aplicarlas. Estados Unidos ha vetado en varias ocasiones la llamada a una tregua humanitaria en la Franja. La resolución adoptada el 13 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de un alto el fuego "inmediato" por una amplia mayoría de 153 votos -10 en contra y 23 abstenciones- no es vinculante.

La orden íntegra del Tribunal

El Tribunal considera que, con respecto a la situación descrita anteriormente, Israel debe, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, en relación con los palestinos de Gaza, tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de esta Convención, en particular:

(a) matar a miembros del grupo
(b) causar lesiones corporales o mentales graves a los miembros del grupo
(c) someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; e
(d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

El Tribunal considera además que Israel debe garantizar con efecto inmediato que sus fuerzas militares no cometan ninguno de los actos descritos anteriormente.

El Tribunal opina también que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para:
(a) prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio;
(b) tomar medidas inmediatas y eficaces para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las condiciones de vida adversas.
(c ) adoptar medidas eficaces para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las acusaciones de actos comprendidos en el ámbito del artículo II y el artículo III de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza.
(d) Israel debe presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a esta Orden en el plazo de un mes, a partir de la fecha de esta Orden.

"Un paso importante"

Las reacciones no han tardado en producirse. Benjamin Netanyahu censuró al decisión de la corte de entrar en el fondo del asunto pero aplaudió que no se incluya como medida cautelar el alto el fuego. Para el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, Israel no necesita "recibir lecciones de moralidad". El ministerio de Exteriores palestino ha asegurado que los jueces "fallaron a favor de la humanidad y del derecho internacional". "Pedimos a todos los Estados que garanticen la aplicación de todas las medidas provisionales ordenadas por el tribunal, incluido Israel, la potencia ocupante". Países como Egipto se unieron a la demanda pero mostraron su malestar porque el Tribunal no haya ordenado un cese de las hostilidades.

Para Amnistía Internacional, se trata de "un paso importante que podría ayudar a proteger al pueblo palestino en la ocupada Franja de Gaza de mayores sufrimientos y daños irreparables". "Esta decisión es un recordatorio autorizado del papel crucial del derecho internacional en la prevención del genocidio y la protección de todas las víctimas de crímenes atroces", señala la organización, que recuerda -sin embargo- que "la decisión de la CIJ por sí sola no puede poner fin a las atrocidades y la devastación que están presenciando los habitantes de Gaza".

"Las señales alarmantes de genocidio en Gaza y el flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional resaltan la necesidad urgente de ejercer una presión efectiva y unificada sobre Israel para que detenga su ataque contra los palestinos. Un alto el fuego inmediato por parte de todas las partes sigue siendo esencial y, aunque no lo haya ordenado la Corte, es la condición más eficaz para implementar las medidas provisionales y poner fin al sufrimiento civil sin precedentes", agrega Amnistía.

Petición de Sudáfrica

La denuncia está respaldada por unos sesenta Estados, entre ellos, Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania, las Maldivas, Namibia, Colombia, Bolivia o Brasil. El 11 de enero Sudáfrica presentó sus argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio, según la definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Sudáfrica sostiene que Tel Aviv está cometiendo genocidio contra los palestinos de Gaza al asesinarlos, causarles graves daños físicos y psicológicos y crear condiciones de vida "calculadas para provocar su destrucción física".“Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino: la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”, recalca el documento.

Defensa de Israel

En su presentación, el abogado sudafricano Tembeka Ngcukaitobi insistió en la "retórica genocida" de Israel y presentó vídeos de soldados israelíes danzando y cantando "conocemos nuestro lema: no hay civil que no participe", así como un vídeo del bombardeo de 30 edificios, descrito por un soldado de las IDF como "magnífico".

Por su parte, Israel alegó su derecho a defenderse como Estado tras los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás. "Israel está librando una guerra de defensa contra Hamás, no contra el pueblo palestino", declaró Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, que reconoció el "trágico sufrimiento de los civiles en esta guerra, como en todas las guerras". "Bajo el pretexto de una acusación de genocidio contra Israel, se pide a este tribunal que ponga fin a los continuos ataques de una organización que persigue una auténtica agenda genocida", deslizó.

Tras el ataque de Hamás, en el que fueron asesinadas cerca de 1.200 personas, el Ejército israelí inició una ofensiva militar a gran escala en Gaza que suma casi 26.000 palestinos muertos, más de 63.700 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.