Internacional

Brahim Ghali insta a la ONU a impedir la cesión de Sánchez a Marruecos del espacio aéreo del Sáhara

Brahim Ghali, en una imagen reciente en los campamentos de refugiados saharauis. FRANCISCO CARRIÓN

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, advierte a España de que las negociaciones en curso para la cesión a Marruecos del espacio aéreo del Sáhara Occidental son ilegales y “desestabilizan” el proceso impulsado por la ONU para romper la parálisis que desde hace años vive el conflicto.

En una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Ghali se hace eco de las informaciones de las negociaciones en marcha para la transferencia del espacio aéreo, confirmadas a El Independiente por Exteriores español, y alerta de sus graves consecuencias. “Si se confirma la intención del Gobierno español de transferir la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental al Estado ocupante marroquí, constituiría una violación del estatuto internacional del territorio como un territorio incluido en la lista de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización, así como de las obligaciones internacionales de España como potencia administradora del Sáhara Occidental”, establece la misiva.

Ghali, cuya asistencia sanitaria en España en 2021 provocó una crisis diplomática con Marruecos, apunta que esta medida “desestabilizaría aún más los esfuerzos en curso realizados por el Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para reactivar el estancado proceso de paz” y el fin del alto el fuego de 1991, quebrado en noviembre de 2020.

Según el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional, el cielo del Sáhara Occidental se controla desde las Islas Canarias. Una realidad, a juicio de Ghali, “coherente con la responsabilidad internacional de España como potencia administradora del territorio, de conformidad con las resoluciones y dictámenes jurídicos de las Naciones Unidas”. Desde el Polisario recuerdan que la ONU ha establecido que el acuerdo de Madrid “no transfirió soberanía sobre el territorio, y no concedió a ninguno de los firmantes el estatus de estado administrador”. En 2014, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, presidida entonces por el hoy ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, dictaminó que “España, de jure, si no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio (Sáhara Occidental) , y como tal, y hasta que se complete el proceso de descolonización, asume las obligaciones estipuladas en los Artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Un estatus que también han respaldado la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en una sentencia de 2016 confirmó que el Sáhara Occidental goza de un “estatus separado y distinto” bajo el principio de autodeterminación relativo a cualquier otro país, incluido Marruecos. Una serie de veredictos que, según Ghali, España debe cumplir con el “deber sagrado” de mantener la integridad del territorio saharaui hasta que el pueblo del Sáhara Occidental ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.

España, potencia administradora

“España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, no puede emprender ninguna acción ni celebrar ningún acuerdo de ningún tipo en relación con el Sáhara Occidental con Marruecos, la potencia ocupante de conformidad con las dos resoluciones de la Asamblea General 34/37 del 21 de noviembre de 1979 y 35/19 del 11 de noviembre de 1980, entre otras decisiones. Cualquier acción o acuerdo de este tipo será nulo e ilegal según el derecho internacional”, concluye.

Según Ghali, “todos los miembros de la comunidad internacional, incluida España, tienen la obligación de no emprender ninguna acción o cualquier forma de asistencia que pueda conducir a la consolidación de una situación ilegal resultante de una grave violación de las normas fundamentales del derecho internacional, como la continua ocupación militar ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”.

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