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OPINIÓN

EL 18 brumario de Daniel Noboa

Una mujer sostiene un cartel contra Noboa en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Quito.
Una mujer sostiene un cartel contra Noboa en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Quito. | Efe
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En Quito había una librería que vendía los libros de la soviética Editorial Progreso. Gracias a Wikipedia, acabo de enterarme de que esta empresa se fundó en 1931 con el nombre de "Editorial de los Trabajadores Extranjeros en la URSS", que luego se llamó Ediciones en Lenguas Extranjeras y que finalmente, en 1963, fue bautizada con el nombre que yo conocí. Los libros eran baratos, las ediciones de calidad y el catálogo bastante limitado: casi todo era Marx, Engels y Lenin y, si se buscaba con esmero, se podía encontrar algo de Stalin, que para esa época ya se había caído del Olimpo comunista. Guardo con cariño un tomo de obras escogidas de Marx y Engels editado en un fino papel biblia y pastas duras. Uno de los primeros libros que ahí adquirí fue un ejemplar de El 18 brumario de Luis Bonaparte. Reconozco que no tenía la más mínima idea sobre lo que trataba y que lo compré simplemente por la musicalidad del título. La palabra brumario me fascinó e intrigó. Al buscar su significado, me enteré de que hubo un calendario republicano francés y de que el 18 brumario era una fecha trascendente porque hacía referencia al golpe de Estado de Napoleón del 9 de noviembre del año 1799 (si seguimos la forma de contar el tiempo originada en la Universidad de Salamanca y adoptada por el Papa Gregorio XIII).

Este libro es conocido porque inicia con una máxima que se ha vuelto recurrente: "Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío. ¡Y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario". Aunque se trata de un recurso retórico, parece que la realidad se empeña en ocasiones en dar la razón al viejo Marx. También ahí se desarrolla la idea del bonapartismo que también serviría para explicar lo que abajo cuento, pero lo dejo para otra ocasión.

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Así, al observar lo que está pasando en Ecuador, vemos que el ciclo tragedia/farsa se refleja en cómo el presidente Daniel Noboa se parece cada vez más a Rafael Correa, aunque no tengo claro cuál estaría del lado de la farsa y cuál del de la tragedia. La repetición de la historia resulta evidente si se observa que los dos han erosionado las instituciones y atacado a los actores políticos. Y, aunque en términos de corrupción lo de Correa sigue siendo insuperable, Noboa y su gobierno han demostrado que son capaces de poner sus intereses por delante de los del país sin importarles los límites de las leyes y/o la ética.

Durante años, una parte importante de la sociedad ecuatoriana construyó un relato crítico sobre el gobierno de Rafael Correa que giraba en torno a la concentración de poder, ataques a los actores sociales, presión sobre la prensa y captura institucional. Un diagnóstico que junto a las acusaciones de corrupción han servido como marco que da forma a lo que se conoce como anticorreísmo. Como alternativa, el gobierno de Daniel Noboa se presentó como moderno, técnico y desideologizado; pero, ha desplegado prácticas que encajan con lo que la literatura sobre erosión democrática identifica como señales de alerta, repitiendo dinámicas que los ecuatorianos ya conocen. No se trata de una ruptura abrupta, sino de un desgaste progresivo de los mecanismos que sostienen la competencia democrática y los sistemas de control.

La politóloga Susan Stokes ha trabajado estos procesos, señalando cómo los gobiernos pueden debilitar la democracia desde dentro incidiendo en distintas dimensiones. Entre ellas destacan cuatro: ataques a la prensa, captura del poder judicial, cooptación del legislativo y presiones sobre la sociedad civil. Si miramos el caso ecuatoriano reciente, el encaje resulta inquietante.

No hace falta cerrar periódicos, amenazar periodistas o romper ejemplares en público como hacía Rafael Correa para alterar el ecosistema mediático. A veces basta con reconfigurarlo. En el Ecuador reciente han ocurrido movimientos difíciles de ignorar, como la adquisición de medios tradicionalmente críticos por actores vinculados —directa o indirectamente— al oficialismo, en operaciones sobre las que existen interrogantes respecto a su financiación. Estos cambios han venido acompañados, en algunos casos, de modificaciones en las líneas editoriales. Sin necesidad de intervención directa, este tipo de dinámicas puede incidir en la diversidad informativa, afectando la pluralidad de voces.

A ello se suman acciones judiciales dirigidas contra empresas editoras –es el caso del grupo vinculado al periódico Expreso–, interpretadas por distintos sectores como una posible forma de presión sobre medios críticos. Más allá de su fundamento jurídico, su impacto no es menor, ya que pueden generar un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y configurar un clima de mayor cautela a la hora de informar sobre las acciones del gobierno de Daniel Noboa.

Finalmente, la compra de uno de los principales diarios del país, El Universo, por parte de un empresario extranjero, el ex ministro peronista José Luis Manzano, ha coincidido con cambios en su estructura y orientación editorial. La salida de autores críticos, junto con una percepción creciente de cercanía al gobierno, ha alimentado el debate sobre los verdaderos propósitos de los nuevos editores. Ninguno de estos elementos constituye por sí solo una vulneración directa de la libertad de prensa; sin embargo, en conjunto sugieren una reconfiguración del espacio mediático que afecta a los flujos de información y opinión tan necesarios para la salud de un sistema democrático.

El estado del sistema judicial ecuatoriano refleja un desgaste institucional difícil de ignorar. La gestión del Consejo de la Judicatura ha estado marcada por cuestionamientos, intentos de juicio político y una rotación constante de autoridades que proyecta inestabilidad. Además, se agrega la renuncia de figuras clave, que evidencia tensiones internas. Estos episodios no solo afectan el funcionamiento de la justicia, sino que erosionan la confianza en su independencia.

En paralelo, los procesos de designación de altas autoridades han estado rodeados de controversias que alimentan la percepción de politización. Cuestionamientos a fallos, dudas sobre la idoneidad de quienes asumen cargos y denuncias sobre posibles infiltraciones del crimen organizado configuran un escenario preocupante. El fallido proceso de elección de la Fiscalía General refuerza la idea de un sistema que no logra garantizar reglas claras ni consensos básicos.

Las democracias no solo se rompen de golpe; más bien se desgastan cuando las reglas dejan de importar y pasan a depender de quien gobierna"

Hay, sin embargo, un terreno en el que la erosión democrática es más evidente: la competencia electoral. Ya no se trata de manipular urnas, sino de inclinar el campo de juego y, para ello, se han tomado decisiones en esa dirección; desde la eliminación del registro de organizaciones políticas —incluyendo la del expresidente Correa— hasta el cambio de la fecha de las elecciones bajo el argumento de que el fenómeno de El Niño podría generar condiciones adversas. ¡Una justificación descabellada por donde se mire! Se crea así un escenario en el que las reglas formales parecen mantenerse, pero su aplicación se vuelve desigual. El resultado no es una ruptura abrupta, sino algo más difícil de detectar: una competencia progresivamente asimétrica. En ese escenario, votar sigue siendo posible, pero elegir deja de ser plenamente libre.

El problema no es únicamente lo que hace el gobierno de Daniel Noboa, sino aquello que se normaliza mientras lo hace. Las democracias no solo se rompen de golpe; más bien se desgastan cuando las reglas dejan de importar y pasan a depender de quien gobierna. Hoy se justifican ciertas prácticas en nombre de la estabilidad o del rechazo al pasado. Ese es el verdadero riesgo: no un gobierno en particular, sino la erosión de los límites que hacen posible la competencia democrática. Cuando esos límites se diluyen, recuperar la normalidad institucional no es automático y, a veces, ni siquiera es posible. Se repite entonces como farsa una historia que fue trágica.


Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.

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