El difícil oficio de ser expresidente

Hubo un tiempo en que América Latina producía presidentes que parecían personajes de novela decimonónica. El ecuatoriano José María Velasco Ibarra fue elegido cinco veces y derrocado cuatro: una biografía que, en cualquier otro lugar, parecería una parodia institucional y que, sin embargo, en nuestra región resulta perfectamente verosímil. Cultivó la imagen del asceta republicano: despreciaba los bienes materiales y vivía de dar clases o escribir cuando no ocupaba el poder. Incluso circula la leyenda de que enviaba su sueldo presidencial, de forma anónima, a un convento de monjas. Cuando regresó definitivamente a Ecuador en 1979, tras la muerte de su esposa, Corina del Parral, en Buenos Aires al caer de un autobús de línea —detalle que reforzó la imagen de que el viejo caudillo no había acumulado fortuna—, sentenció: "He venido a meditar y a morir". Y eso hizo.

El paisaje es tan distinto en estos tiempos que cuesta imaginar a un expresidente latinoamericano viajando en un autobús de línea o regresando a su país con la austeridad monacal con la que Velasco Ibarra cerró su vida pública. Tampoco es probable una despedida similar a la suya entre quienes parecen convencidos de que abandonar el poder no implica convertirse en "ex" o, simplemente, morir sin fortuna. Y no es porque nuestros exmandatarios hayan perdido el gusto por la solemnidad, sino porque el paso por el poder suele dejar algo más tangible que discursos, memorias y fotografías oficiales. Algunos ya llegan con patrimonio; otros lo consolidan después mediante conferencias, consultorías, fundaciones, consejos de administración o actividades de intermediación cuya naturaleza exacta no siempre resulta suficientemente transparente. Sobre casi todos planea la misma sospecha: que el verdadero rendimiento del cargo no está en el salario oficial, sino en el capital relacional acumulado, en la agenda de contactos y en la capacidad de abrir puertas, acercar intereses o influir sobre quienes aún gobiernan.

La apertura judicial que afecta al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a poner sobre la mesa este viejo debate sobre la vida privada de los exgobernantes. No tanto porque su caso sea idéntico al latinoamericano, sino porque encarna bien una mutación: la del expresidente convertido en operador político internacional. Zapatero encontró una segunda vida pública en América Latina, donde varios líderes del ciclo progresista le ofrecieron espacio, interlocución y protagonismo. Allí dejó de ser simplemente un ex jefe de Gobierno español para convertirse en un activo político del ecosistema llamado Grupo de Puebla, esa internacional informal de expresidentes, dirigentes e intelectuales de izquierda donde las fronteras entre solidaridad ideológica, diplomacia paralela e influencia política no siempre están claras.

Fue precisamente su aproximación al universo político de la izquierda latinoamericana lo que convirtió a José Luis Rodríguez Zapatero en una figura particularmente influyente en Venezuela. Él siempre defendió que su interlocución con el chavismo respondía a una lógica de mediación: mantener canales abiertos con el régimen para favorecer salidas negociadas y evitar que el país derivara hacia un aislamiento internacional aún mayor. Sus detractores —entre ellos, la casi totalidad de la oposición venezolana— sostuvieron exactamente lo contrario: que aquella cercanía, lejos de democratizar al régimen, blanqueaba a un gobierno autoritario, mientras el expresidente consolidaba una posición privilegiada como intermediario político en un espacio donde la diferencia entre diplomacia informal, afinidad ideológica e intereses privados puede resultar demasiado difusa. Ahora, con el proceso judicial abierto en España, esas sospechas han dejado de ser mera munición del debate político para adquirir otra dimensión, y corresponderá a la justicia determinar si esa intermediación derivó también en beneficio económico personal.

El problema de los expresidentes no es nuevo. Felipe González los definió alguna vez como "jarrones chinos", por ser objetos valiosos, decorativos y difíciles de tirar, pero tan grandes que nadie sabe dónde colocarlos sin que estorben. La metáfora funciona especialmente bien en América Latina, donde el presidencialismo produce figuras sobredimensionadas, acostumbradas no solo al ejercicio del mando, sino también a la adrenalina del poder y la vanidad. Algunos entienden que hay un momento para retirarse con elegancia y, en consecuencia, aceptan el relevo y pasan discretamente a un segundo plano, mientras otros padecen una suerte de síndrome de abstinencia. Siguen conservando liderazgo, influencia, capacidad de movilización y una indudable presencia pública, pero ya no son ellos quienes firman los decretos ni deciden los nombramientos. Y pocas posiciones políticas resultan tan incómodas como la de seguir sintiéndose imprescindible cuando otro ocupa el sillón.

El problema comienza cuando confunden su prestigio público con una patente para defender intereses privados

Un ejemplo de presidente presente en la ausencia es Andrés Manuel López Obrador. Aunque formalmente se retiró a La Chingada —así bautizó su rancho, emulando al dirigente zapatista Genovevo de la O—, pocos creen que de verdad haya dejado la política, sino que más bien sigue "chingando". De hecho, continúa siendo el gran referente de MORENA, el partido que fundó y cuya identidad política se confunde con su figura. Además, la buena sintonía con Claudia Sheinbaum ha evitado, hasta ahora, el tipo de conflictos que suelen producirse cuando un expresidente conserva demasiado poder simbólico y político, como ha pasado en muchas ocasiones en América Latina.

Ahí están Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, quienes han pretendido ejercer el poder vicariamente a través de sus sucesores. Porque una cosa es retirarse y otra muy distinta dejar de mandar. De manera que, durante años, han provocado la impresión de que el centro de gravedad política estaba fuera de la presidencia formal, y aquí empiezan los problemas: los sucesores necesitan autonomía para gobernar, los partidos terminan convertidos en campos de batalla entre leales y herejes, y la renovación interna se vuelve casi imposible. A largo plazo, esos liderazgos, que en su momento fueron activos electorales formidables, acaban resultando tóxicos para sus propios proyectos políticos. Más aún cuando, como ocurre en esos tres casos, las causas judiciales añaden un incentivo extra para mantenerse políticamente vivos, porque retirarse no solo implicaría perder influencia, sino también protección.

Resulta paradójico que, en buena parte de América Latina, el problema de qué hacer con los expresidentes se haya resuelto de la peor manera posible: enviándolos a los tribunales. La región ha normalizado hasta tal punto la judicialización de sus exmandatarios que parecería integrar el propio ciclo presidencial. Corrupción, abuso de poder, financiamiento irregular, vínculos con el narcotráfico o investigaciones patrimoniales han convertido a no pocos antiguos jefes de Estado en habituales de los juzgados.

Si pensamos en presidentes democráticos contemporáneos, cuesta encontrar países que hayan escapado del todo a este fenómeno; probablemente Uruguay sea la gran excepción regional y, de alguna manera, también Chile que, con matices, ha logrado mantenerse relativamente al margen. En el extremo opuesto está Perú, donde la relación entre presidencia y justicia parece especialmente intensa. Así, resulta llamativa la sucesión de presidentes procesados, encarcelados, investigados o perseguidos judicialmente: Alberto Fujimori acabó condenado y preso; Alejandro Toledo, extraditado y procesado; Ollanta Humala, atrapado en el circuito judicial; Pedro Castillo, detenido; Pedro Pablo Kuczynski, investigado. Y Alan García, el caso más trágico y simbólico de todos, prefirió suicidarse antes que afrontar su detención.

También hay quien ha sabido retirarse y encontrar una segunda vida pública compatible con su responsabilidad institucional. En este mismo espacio conté el caso de Rodrigo Borja, quien optó por escribir una enciclopedia de política en lugar de dedicarse a intrigar. Otros han canalizado su experiencia en organismos internacionales o espacios multilaterales, como Michelle Bachelet o César Gaviria.

En realidad, el problema no es que un expresidente siga trabajando, gane dinero o capitalice legítimamente su experiencia; bastante absurdo sería exigirles una jubilación monástica. El problema comienza cuando confunden su prestigio público con una patente para defender intereses privados —propios o ajenos— aprovechando un capital político que no les pertenece del todo, porque fue construido desde el Estado. No espero que todos terminen como Velasco Ibarra, regresando casi sin equipaje para meditar y morir; pero sí convendría recordar —y recordarles— que quien ha presidido un país ha dejado de ser una persona exclusivamente privada para formar parte de su memoria colectiva y, por ello, debe actuar en consecuencia.