Lo que ha aprobado el gobierno en Consejo de Ministros ha sido la intervención de hecho de las cuentas de la Generalitat si en las próximas 48 horas el vicepresidente catalán Oriol Junqueras no rectifica y remite a Hacienda la información detallada sobre los pagos que su realiza su gobierno.

Esta es, sin duda, la medida más importante adoptada por Mariano Rajoy desde que los independentistas decidieron actuar al margen de la ley. ¿Qué es un gobierno si no tiene capacidad para manejar sus pagos? Nada. Pues bien, la Generalitat, si no da marcha atrás, habrá perdido una de sus principales competencias.

El gobierno llevaba algún tiempo desconfiando de los justificantes de gastos que semanalmente le remite la consellería que dirige el líder de ERC. Pero, en los últimos días, la situación se convirtió en insostenible.

Repasemos:

  • El día 12 de septiembre la Intervención de la Generalitat informó a Cristóbal Montoro, en respuesta a un apercibimiento remitido por Hacienda el día 9, que no conocía el origen de los fondos destinados a financiar la web y el vídeo propagandístico del referéndum.
  • El día 14 de septiembre el vicepresidente Junqueras remitió una carta al ministro de Hacienda en la que le comunicaba que, a partir de ahora, la Generalitat no enviará los informes semanales sobre sus gastos y sólo cumplimentará el documento que le remite mensualmente. Es decir, que no dará ninguna información sobre sus gastos al gobierno central hasta después del 1-O.

Si la Generalitat no rectifica, sus cuentas quedarán intervenidas por Hacienda. Ni un sólo euro de los impuestos de los catalanes se podrá destinar a financiar el referéndum del 1-O.

Era un reto en toda regla, una insumisión de la Generalitat no sólo respecto a su deber de no financiar actividades ilegales, sino en su responsabilidad en el cumplimiento del plan de Estabilidad que establece Bruselas.

El ultimátum del gobierno pretende retrotraer la situación a lo que ocurría hace unas semanas, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que la Generalitat no dará su brazo a torcer y, por lo tanto, no le quedará más remedio que aplicar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

A partir de la próxima semana (si no hay rectificación), el gobierno controlará el destino de los 1.400 millones que se adelantan a la Generalitat del sistema de financiación. Además, pagará las nóminas a los funcionarios que las cobran a través de las distintas consellerías del gobierno de Cataluña.

En principio, no habrá ninguna alteración en el dinero que recibe Cataluña del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y que este año se elevará a unos 3.000 millones de euros. Es difícil que se produzcan desviaciones en el gasto que llega por esa vía, ya que el ICO lo paga si tiene facturas que correspondan a la financiación de proveedores para la actividad normal de la administración catalana.

Además del control sobre el gasto, el gobierno ha instado a las entidades financieras a que comuniquen a Hacienda cualquier transacción sospechosa de financiar el referéndum del 1-O. Es un mecanismo similar al que se utiliza con el blanqueo de dinero y afectará fundamentalmente a las tres grandes entidades por implantación en Cataluña: Caixabank, BBVA y Banco de Sabadell.

Es la primera vez, desde que existe el estado de las autonomías, que el Gobierno adopta unas medidas de este calado. Aunque los funcionarios seguirán recibiendo la retribución de sus nóminas, los proveedores de servicios seguirán cobrando y los colegios y el sistema sanitario funcionarán con normalidad, la Generalitat habrá perdido, de hecho, su capacidad para determinar en qué gasta el dinero. Es decir, que Cataluña será la menos autónoma de todas las autonomías.

Las medidas se producen en plena escalada de tensión entre la Generalitat y el gobierno de Rajoy (respaldado por el PSOE y Ciudadanos). Ninguna de las partes está dispuesta a ceder.  El presidente del gobierno, en un mitin en Barcelona, se mostró decidido a no aflojar en su empeño: “El Estado va a seguir actuando“.