Sólo había que ver a Margarita Robles en su escaño del Congreso para comprobar que la portavoz del PSOE era consciente de que su partido estaba metiendo la pata. En la discusión sobre la prisión permanente revisable se pueden mantener distintas posiciones doctrinales, pero cuando los padres de las víctimas que están sufriendo un dolor inconmensurable, que han movilizado a millones de ciudadanos y que cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, te dicen a la cara que no entienden lo que haces, parece evidente que te has equivocado. Y si a eso le sumas que la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, afirma públicamente que se siente "avergonzada como socialista" por la posición de su partido en esta cuestión, entonces a ningún dirigente socialista debería quedarle dudas de que esta iniciativa, que ha supuesto una pírrica victoria parlamentaria, les ha infligido una derrota política que dejará huella.

Me he referido a Robles porque ella sabe que la pelea por la derogación de la ley aprobada en 2015 no tiene recorrido. Así se lo hizo saber en privado a Juan Carlos Quer en un encuentro que mantuvo con el padre de Diana hace unos días. Incluso se comprometió a que si el portavoz del PP, Rafael Hernando, estaba de acuerdo, el pleno podía retrasarse para un futuro indeterminado. Pero esto es política y el PP no podía desaprovechar la ocasión de afear la postura del PSOE y la inconsistencia de Ciudadanos.

Los padres de las víctimas (Juan Carlos Quer, Juan José Cortés, Antonio del Castillo, Francisco Palo y María del Mar Bermúdez), presentes en el hemiciclo, no acaban de comprender por qué un partido de gobierno y con sentido de Estado quiere echar abajo una norma que garantiza que los asesinos que no pueden ser reinsertados sigan en prisión. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que establece la prisión permanente revisable, pero, en lugar de esperar a la sentencia del TC, ha preferido llevar la batalla al parlamento para regocijo de Podemos. ¿Cómo puede explicar el PSOE que está a favor del cumplimiento íntegro de unas penas de 40 años para delitos de terrorismo y que, a la vez, está en contra de una prisión que puede ser revisable a los 25 años para delitos especialmente deleznables?

La portavoz socialista Margarita Robles le reconoció al padre de Diana Quer que la derogación de la prisión permanente revisable no tiene recorrido

Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal de Derechos Humanos se han manifestado a favor de la constitucionalidad de la ley. En todos los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido...) hay leyes parecidas, que garantizan la permanencia en prisión de los delincuentes que, con criterios objetivos y técnicos, se sabe que si recuperan la libertad se convierten de facto en un peligro para la sociedad. Plantear el debate como un retroceso democrático, como intenta el PSOE, carece de sentido.

Los socialistas afrontaban la jornada con la convicción del que sabe que va a sufrir una seria derrota frente a la opinión pública. Pero, en lugar de acudir al debate con un poco de humildad, el portavoz Juan Carlos Campo tuvo una intervención agresiva e insultante. Llegó a decir que sin la presión permanente revisable "ganamos a ETA y con ella perdimos a Gabriel". Al margen de la falta de tacto al referirse al niño asesinado en Almería, Campo comete un error de bulto al atribuir a las penas una capacidad que no tienen: evitar los delitos. Las condenas, como él bien sabe, tienen un fin punitivo, de castigo, además de que deben servir para proteger al ciudadano contra el delincuente. La reinserción es un aspecto de la pena pero no el único. Los padres de las víctimas no están pidiendo venganza, como el portavoz socialista insinuó, sino Justicia.

La prisión permanente revisable no hubiera evitado, por ejemplo, que Antonio Ortiz Martínez (conocido como el pederasta de Ciudad Lineal) cometiera un delito grave de abuso sexual, pero sí hubiera evitado que, tras salir de prisión con un pronóstico desfavorable de reinserción, volviera a ser detenido seis años después por abusar sexualmente de menores.

Lo mejor que puede hacer el PSOE es enfriar el asunto y meterlo en un cajón para no recuperarlo nunca. Es una batalla perdida, jurídica y, sobre todo, políticamente. Cuando un partido se distancia tanto de la sociedad que hasta sus propios votantes no se reconocen en sus propuestas, ese partido tiene un problema.