El de ayer fue el enésimo episodio de agitación de las calles promovido por los líderes independentistas que en cada ocasión promueven un agravio diferente y van pasando de uno a otro con la agilidad de un saltimbanqui. En su día fue el eslogan de «España nos roba» con todas sus derivaciones adherentes como los seminarios auspiciados por la Generalitat bajo títulos tan ecuánimes como «Espanya contra Catalunya». Después, o antes, da lo mismo, fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatut que había votado en referéndum un raquítico 37% de la población catalana y que fue vendida por los líderes secesionistas con el impagable apoyo de notables miembros del Partido Socialista como un maltrato insoportable al poble català y una humillación inadmisible, causa a su vez de un sentimiento de dignidad ofendida que persiste en nuestros días. Luego fue el rechazo del poble al Rey Felipe VI por haber salido el 3 de octubre del año pasado a defender la Constitución y a poner a los secesionistas en su sitio. Y así sucesivamente, asistimos desde hace demasiados años ya a una retahíla de lamentos, reproches y amenazas que tienen una razón de ser y un propósito muy preciso porque lo que necesitan estos líderes es mantener a la gente encendida, ofendida, dolida, arrebatada y dispuesta a seguirles hacia donde ellos le indiquen.

No quieren gobernar y para lo que pretenden, que es incendiar las calles, no necesitan hacerlo. Por eso no tienen ningún problema en cerrar el Parlamento y salir a gritar sus consignas a cielo abierto que es lo que hicieron ayer, no solamente Quim Torra sino también los líderes de la ANC y de Omnium encarcelados preventivamente y que no tuvieron empacho en afirmar públicamente que volverían a hacer lo que hicieron -motivo por el cual están en prisión- con lo que dan la razón al juez del Supremo Pablo Llarena cuando ha decidido no levantarles esa medida cautelar que se aplica cuando hay riesgo de reiteración delictiva, riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Ellos mismo han dicho que siguen fieles a su compromiso.

Evidentemente las intervenciones de ayer de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart no favorecen a su defensa pero es que la estrategia ahora es otra: la de deslegitimar al Alto Tribunal que va a juzgar a todos los encarcelados y sostener a los cuatro vientos que no han cometido ningún delito: «Los jueces y fiscales lo saben, pero mienten», han dicho. Éste es el programa, convocar a las masas, que ya reclaman a Torra que abra las cárceles en las que están recluidos, y ejercer una presión insoportable sobre el Tribunal para que no condene a los acusados no solo a un delito de rebelión sino ni siquiera a uno de sedición. La pretensión de que sus líderes sean absueltos ya es una demasía hasta para Torra pero es una licencia que se permite el racista y xenófobo presidente de la Generalitat porque forma parte del montaje de sobreactuación que tienen todos ellos programado.

Todas estas efemérides de los episodios vividos hace ahora un año tienen como objetivo intentar amedrentar a los magistrados y a los fiscales del Supremo

Por lo tanto, todas estas efemérides de los lamentabilísimos episodios vividos hace ahora un año tienen como objetivo intentar amedrentar a los magistrados y a los fiscales del Supremo, intento completamente inútil, y también acoquinar al Gobierno para tenerlo listo, ablandado y bien dispuesto a conceder el indulto a los eventualmente condenados. En esa línea hay que interpretar las declaraciones de un siempre sobrado Ernest Maragall, flamante candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, a la emisora Onda Cero según las cuales la ministra Meritxell Batet le había dicho que iba a dar instrucciones a la Fiscalía en favor de los presos. Naturalmente, se ha visto obligado a desmentirse a sí mismo porque Batet lo negó de plano pero esa es la estrategia detrás de la que están: forzar a los fiscales y a los jueces a plegarse a sus exigencias y, una vez que no lo consigan, cosa que saben perfectamente que ocurrirá, acudir de nuevo a la calle para seguir manteniéndose a lomos de la masa enardecida. Que esto sea la constatación del fracaso del procés es algo discutible pero lo que no lo es en absoluto es que el desgarro que está padeciendo la sociedad catalana tardará varias generaciones en cicatrizar cuando todo, a decir de los optimistas, haya acabado.

Mientras tanto, el resto de catalanes y los demás españoles observan la secuencia que se está desarrollando en Cataluña y juzgan con severidad la política que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Socialista. Porque lo que ven no les gusta nada. De acuerdo con los  datos publicados por DYM Politics para El Independiente, hay una clara mayoría de entrevistados que no aprueba la estrategia de apaciguamiento seguida por el equipo de Pedro Sánchez.  Un 60,6% de opiniones negativas es un porcentaje muy alto porque incluso entre los votantes del PSOE y de Unidos Podemos aparece una porción muy elevada (40,8 y 37,8 respectivamente) que rechaza esa política.

Si el presidente del Gobierno tiene problemas con la aprobación de sus Presupuestos Generales, su fracaso en ése aspecto no se podría comparar con el precio que tendría que pagar si su política catalana no solo no da frutos tangibles sino que se demuestra al final que los que quieren desgajar de España una parte de su territorio han logrado ni siquiera aproximadamente vencer en el pulso que están manteniendo con el Estado. Ése sería el final no solo de Pedro Sánchez sino de las esperanzas electorales del Partido Socialista por muchos años. Y ése riesgo existe ahora mismo para él en términos dramáticos.