Pregunto a un alto ejecutivo por qué su empresa recurrió a los servicios del comisario Villarejo y la respuesta es rotunda: “Porque era eficiente”.

Una reflexión similar debieron hacerse distintos ministros del Interior, desde Rubalcaba a Fernández Díaz, para mantener durante años al policía en labores de “agente encubierto” dependiendo directamente de los Directores Adjuntos Operativos (DAO) de la Policía.

Todos los estados tienen sus cloacas, que, en ocasiones, salpican al mismísimo presidente del gobierno. Cuando un agente es descubierto, la estrategia de control de daños de los gobiernos consiste en cerrar compuertas para evitar la inundación, negar toda relación con él, condenarlo públicamente si es necesario, dando por hecho que mantendrá silencio en espera de una recompensa posterior.

Pero José Manuel (Pepe) Villarejo no es un agente de manual. A diferencia de otros policías que se dedican a hacer trabajos delicados, bordeando siempre la legalidad, su actividad era bien conocida dentro y fuera de la Policía. En base a un acuerdo sin precedentes, Interior permitió a Villarejo mantener sus negocios privados cuando se reintegró al servicio público como comisario tras una larga excelencia. Tres DAO (Agustín Linares -que ocupó el máximo nivel operativo de la Policía entre 1986 y 1994-; Pedro Díaz-Pintado -DAO entre 1996 y 2004-y Eugenio Pino -DAO entre 2012 y 2016) han remitido cartas al juez Diego De Egea, que instruye la causa contra Villarejo conocida como Caso Tándem, en las que reiteran que las actividades empresariales del comisario “eran conocidas por los mandos policiales competentes”.

Díaz-Pintado define su trabajo como “eficaz”, un término similar al que usa la fuente antes referida, alto ejecutivo de una empresa del Ibex. Cuando El País publicó la lista de empresas de Villarejo, a principios de 2015, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, encargó al jefe de gabinete de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que redactara un informe sobre el asunto. En él, Fuentes Gago considera “compatible” la actividad de las empresas privadas del comisario y su trabajo como hombre de confianza del DAO.

“Cuando contratábamos a Villarejo -continúa la fuente- sabíamos que trabajaba para el Ministerio del Interior, lo que nos daba garantías de que se ceñiría a la legalidad. Además, él hacía valer su condición de policía en activo para dar marchamo de veracidad a la información que manejaba”.

Ese es justamente uno de los puntos débiles de la defensa de Villarejo: ¿utilizaba información de las bases de datos de la Policía para hacer trabajos privados? Aunque el ex DAO Díaz Pintado asegura en su carta al titular del juzgado número VI de la Audiencia Nacional que el comisario “no tenía acceso a las bases de datos de la Policía”, la investigación de la Fiscalía pone en duda esa afirmación. El comisario ex jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, apodado El Gordo, que estuvo presente en la comida del restaurante Rianxo difundida por el digital Moncloa.com, está encausado en Tándem precisamente por facilitar información de su departamento a Villarejo.

En la comida de Rianxo Delgado sabía quién era Villarejo. Su argumento de que allí estaba toda la cúpula policial demuestra que la cloaca contaba con protección al máximo nivel

Aunque ahora haya caído en desgracia, Villarejo atesoró durante años prestigio profesional. Cobraba mucho dinero, pero los resultados justificaban el extra coste. Sólo por uno de sus servicios facturó al BBVA una “comisión de éxito” de más de 2 millones de euros.

El hecho de que la mayoría de las grandes empresas tengan al frente de sus servicios de seguridad a ex comisarios que en su día ocuparon altos cargos en la Policía (como es el caso de Julio Corrochano en el BBVA) facilitaba la contratación de Villarejo, un hombre que no necesitaba tarjeta de presentación y al que algunos de esos policías debían favores de otras épocas.

Todos salían ganando. La empresa o el gran banco conseguía sus objetivos (desde localizar activos ocultos de un acreedor que quería hacerse pasar por insolvente al conocimiento en profundidad de las debilidades de un competidor), el director de seguridad demostraba que su contacto nunca fallaba y Villarejo cobraba su minuta a la vez que extendía su fama como solucionador de problemas.

Durante décadas el comisario Villarejo actuó como un auténtico Señor Lobo (el personaje representado por Harvey Keitel en Pulp Fiction) tanto para grandes compañías como para el Ministerio del Interior.

En su comparecencia de la semana pasada en el Congreso, la ministra de Justicia, Dolores Delgado dijo la verdad cuando aseguró que Villarejo no era su amigo. De quien sí era amigo Pepe era de Baltasar Garzón, el entonces juez que invitó a la entonces fiscal a acudir a la comida en Rianxo para celebrar que le acababan de conceder una medalla al mérito policial (siendo ministro, por cierto, Pérez Rubalcaba).

Lo que no puede afirmar la ministra sin mentir es que no conocía las actividades de Villarejo. Hasta tal punto sabía lo que hacía, que el comisario se permitió el lujo de presumir de la eficiencia de su empresa de modelos (prostitutas) para conseguir información útil para sus clientes, ante lo que ella exclamó: “Éxito asegurado”. Quizás fuera el calor de las copas el que le llevó a la entonces fiscal a atribuir a jueces y fiscales escarceos con menores en Cartagena de Indias, pero, ni siquiera en ese supuesto, ese comportamiento puede considerarse digno de un servidor público. Delgado, como Garzón, estaban obligados como funcionarios a denunciar los delitos de los que tuvieran conocimiento.

Garzón, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por supuestas transferencia desde cuentas de Villarejo en el caso de la extradición a Guatemala de un empresario español, tenía ya en el punto de mira al PP, en el que se conocería como caso Gürtel ¿Intervino el comisario en la investigación de ese caso, aun sin estar habilitado para ello, como reconoció la ministra en el Congreso al afirmar que “no era operativo” en la Audiencia Nacional?

Cuando Delgado denunció el “chantaje al Estado” sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque ella mejor que muchos sabe del material del que dispone Villarejo

El ex juez, que ha interpuesto demandas por la difusión de la cinta del almuerzo en Rianxo, fue expulsado de la carrera judicial por grabar conversaciones entre clientes y abogados, cuyo contenido utilizó durante la instrucción de Gürtel.

La ministra utilizó en su comparecencia un argumento tramposo. Dijo que ella no había tenido relación con las “cloacas del Estado” porque cuando se reunió con Villarejo estaba allí toda la cúpula policial, empezando por el entonces DAO Miguel Ángel Fernández Chico -ya fallecido-. Lo preocupante era justamente eso: que las cloacas llegaban a la cúpula policial. Villarejo podía presumir de sus andanzas porque tenía el visto bueno de “los mandos policiales competentes”. Ella, como Garzón, sabía quién era Pepe y por qué tenía vara alta en el Ministerio del Interior. Lo que ocurre es que entonces todavía no había perdido su protección.

El comisario Villarejo no ha caído por una denuncia anónima, sino porque se ganó demasiados enemigos, tanto dentro de la Policía (Marcelino Martín Blas, ex comisario de Asuntos Internos), como fuera (Félix Sanz Roldán, director del CNI).

Cuando Delgado denunció el “chantaje al Estado” sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque ella mejor que muchos sabe del material del que dispone Villarejo. Nadie puede chantajear si lo que tiene a mano es falso o irrelevante. El chantaje sólo surte efecto si el material que maneja el presunto chantajista es valioso, veraz.

Los grandes casos de corrupción que se han conocido en España siempre han sido consecuencia de una venganza o de un chantaje que no ha tenido éxito. Aunque la ministra de Justicia salió airosa de su comparecencia (fundamentalmente por la sospechosa actuación de la representante del PP en la comisión) no puede dar por cerrado el caso. El baúl de Villarejo está lleno de sorpresas.